Reginalda Vasquez Narvaez
Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Reginalda Vasquez Narvaez
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES En términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente asunto no contiene documentos originales. DESTINO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio y anexo firmados por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual cumple oportunamente con el requerimiento formulado en auto inicial (once de abril de dos mil veintitrés). ESTADO DE AUTOS Por tanto, toda vez que en auto de catorce de abril actual, se reservó acordar el escrito de la parte promovente, hasta en tanto la responsable desahogara el requerimiento de mérito, lo cual ya aconteció, procede proveer sobre la admisibilidad de la demanda origen de este expediente. Al respecto, se acuerda: PARTE QUEJOSA ****, por propio derecho y con el carácter de parte actora en el juicio de nulidad ****. ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES Autoridades responsables Actos reclamados 1. SALA REGIONAL DEL SURESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. - La omisión de acordar su escrito presentado el 09 de marzo de 2023, mediante el cual interpuso recurso de queja ante la omisión de la autoridad demandada para cumplir con la sentencia de 05 de abril de 2022, dictada en el juicio de nulidad de origen. 2. SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). - La omisión de cumplir con la sentencia de fecha 05 de abril de 2022, emitida en el juicio de nulidad 104/21-15-01-8. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. En tales condiciones, visto el escrito de demanda, el contenido del escrito aclaratorio de la parte promovente, y el oficio de cuenta, se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, YA QUE EN EL CASO, RESPECTO AL ACTO RECLAMADO A LA SALA RESPONSABLE, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE AMPARO. Y POR LO QUE HACE A LA OMISIÓN RECLAMADA A LA SUBDELEGACIÓN SEÑALADA COMO RESPONSABLE, SE ACTUALIZA LA DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, relativa a que, por el momento, los actos que se le atribuyen NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Lo anterior es así, ya que de los antecedentes de la quejosa narrados bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por la Sala responsable a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos del numeral 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a lo establecido en su ordinal 2°, al haber sido expedidas por autoridad competente en uso de las atribuciones que le fueron conferidas, se advierte que: - Mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad de origen ****, la Sala responsable recibió la ejecutoria emitida por la superioridad en la revisión fiscal ***/2022, que confirmó la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós. - Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa promovió recurso de queja ante la Sala responsable, por la omisión de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto demandado, para dar cumplimiento a la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós -cuya omisión de contestación reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional-. - Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, la Sala responsable inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada, dentro del plazo que se le otorgó, informara y acreditara el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. - Mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, la Sala responsable acordó el escrito de nueve de marzo del actual, presentado por la quejosa, en el sentido de desechar el recurso de queja que interpuso por improcedente, debido a que en acuerdo de diez de abril pasado, se había iniciado de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58 de la citada ley para obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva. De lo anterior, se advierte que la omisión reclamada a la Sala responsable, consistente en acordar su escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, cesó en sus efectos, ya que por acuerdo de doce de abril del actual, la referida autoridad proveyó lo conducente en relación al medio de impugnación, con lo que se destruyeron los efectos de la mencionada omisión, volviendo las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime que precisamente, lo pretendido por la quejosa al interponer el recurso de queja, era iniciar el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, el cual se reitera, fue iniciado de oficio por la Sala en auto de diez de abril pasado. Tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en relación a la omisión de cumplir con la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil veintidós, en el juicio de nulidad, atribuida a la Subdelagación de Prestaciones del Instituto demandado, la cual también se traduce en una dilación, se reitera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada en párrafos que anteceden, ya que por el momento, el acto que se le reclama NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo.107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". De los preceptos transcritos se infiere que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son en el caso, el derecho a una impartición de justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, pues tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora, en el caso, las dilaciones reclamadas a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentran subordinadas al procedimiento de ejecución del juicio de nulidad, iniciado de forma oficiosa por la Sala responsable en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3°, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó de acuerdo con las reglas siguientes: A) Procederá en contra de los siguientes actos: 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.". Por lo que los plazos para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad, se encuentran sujetos a dicho procedimiento, de ahí que la dilación que en su caso realice la autoridad demandada, se encuentra sujeta precisamente al incumplimiento de los plazos establecidos en ese procedimiento. De modo que aún no se contraviene un derecho fundamental de la quejosa pues no existe una dilación en el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que no constituye un acto de imposible reparación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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