Reginalda Vasquez Narvaez

Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
548/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Reginalda Vasquez Narvaez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es DESTRUIBLE, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con terminación 30747/23 del Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, que al requerimiento de treinta de mayo del presente año, con un anexo e informa: a).Que por auto de uno de los corrientes, IMPUSO MULTA de trecientas Unidades de Medidas de Actualización, a la autoridad demandada Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal, Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por la falta de cumplimiento con el requerimiento a la resolución definitiva, firme desde el cinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 104/21-15- 01-8 de su índice; b) Requirió nuevamente a la autoridad enjuiciada, el cumplimiento, formulándole nuevo apercibimiento; y, c) Agregó a los autos el escrito de cuatro de mayo del presente año, por el que solicitó la promovente se impusiera multa a la autoridad demandada. Ahora, de autos se advierte que mediante acuerdo de dos de junio del presente año, se reservó proveer el escrito del promovente REGINALDA VÁSQUEZ NARVÁEZ, hasta que la autoridad responsable cumpliera; por tanto, se provee: QUEJOSA REGINALDA VÁSQUEZ NARVÁEZ, actora en el juicio de nulidad de origen. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTO RECLAMADO POR CUANTO A AUTORIDADES De la Sala Regional del Sureste: La falta de acuerdo al escrito de cuatro de mayo del presente año, en que solicitó la IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO a la demandada, por incumplimiento a la ejecución de la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad 104/21-15-01-8, seguido por la quejosa contra la segunda autoridad. De la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: El incumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad de origen. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, Constitucionales. DESECHAMIENTO. Con fundamento el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Lo anterior es así porque las omisiones reclamadas por el quejoso respecto de su escrito de cuatro de mayo del presente año, en el juicio de nulidad104/21-15-01-8, del índice de la autoridad responsable, han cesado en sus efectos. Es así, porque del contenido del oficio de cuenta y anexo remitido por autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que: Que por auto de uno junio del presente año, la Sala Regional responsable, impuso MULTA de trecientas Unidades de Medidas de Actualización a la autoridad demandada Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal, Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por el incumplimiento al requerimiento de la resolución definitiva dictada en el expediente 104/21-15-01-8 de su índice, requiriéndole nuevamente el cumplimiento y formulándole nuevo apercibimiento. Asimismo hace del conocimiento que únicamente agregó a los autos el escrito de cuatro de mayo del presente año, por el que solicitó la promovente se impusiera multa a la autoridad demandada. Por tanto, se constata que las omisiones reclamadas a la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, HA CESADO EL ACTO RECLAMADO. Por lo que se actualiza de la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, ya que se destruyeron los efectos de la mencionada omisión, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que ya fue subsanada al proveerse por la autoridad responsable respecto de la petición de la actora del juicio administrativo, la IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO por la Sala responsable a la autoridad demandada en el juicio administrativo. Tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que ello se obste por la circunstancia que la peticionaria también pretenda señalar como autoridad responsable a la entidad demandada en el juicio de origen, Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para reclamarle el incumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad de origen, ya que, en principio, el quejoso no formuló alguna petición ante dicha autoridad, y en todo caso, dicha autoridad en su calidad de demandada en el juicio administrativo, está sujeta a los mandamientos de ejecución decretados por la Sala responsable, incluso los posibles medios y sanciones para su cumplimiento conforme a las reglas procedimentales del juicio de origen, sin que pueda considerarse como acto reclamado genérico la omisión de cumplimiento de la sentencia administrativa, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), por identidad de razón, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, registro digital 2000011, del contenido: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Así como en lo conducente, la diversa tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la misma Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, registro digital 2005150, "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". DESECHAMIENTO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo por cesación de los actos reclamados, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la promovente REGINALDA VÁSQUEZ NARVAEZ; atento a su contenido, téngasele desahogando la prevención de treinta de mayo del presente año, que se reserva proveer en cuanto a su contenido, hasta que la autoridad cumpla con lo requerido en ese mismo auto. NOTIFÍQUESE. .

  4. Principal

    MESA II "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número 548/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSA (...), actora en el juicio de nulidad de origen. AUTORIDADES RESPONSABLES Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTO RECLAMADO POR CUANTO A AUTORIDADES De la Sala Regional del Sureste: La falta de acuerdo al escrito de cuatro de mayo del presente año, en que solicitó la imposición de una medida de apremio a la demandada, por incumplimiento a la ejecución de la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad ********************, seguido por la quejosa contra la segunda autoridad. De la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: El incumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad de origen. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, Constitucionales. PREVENCIÓN Ahora, a fin de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, SE PREVIENE a la promovente, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise cuáles son los efectos de la resolución de condena emitida en el juicio de nulidad ********************. Informe cuándo fue notificada la autoridad demandada del auto de inicio del procedimiento de queja en dicho expediente. Informe si la Sala responsable, decretó alguna diversa medida en el referido procedimiento de ejecución. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo de cinco días, se tendrá POR NO PRESENTADA SU DEMANDA, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del precepto 114 de la ley de la materia. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo la quejosa, o quien tenga las facultades para realizarlo a nombre de ella, y no por conducto de autorizado, ya que al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.(...) Deberá presentar su aclaración por escrito y con las copias suficientes, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a las partes. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Al margen de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por mandado expreso del artículo 2° de la ley de la materia, solicítese a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informe el estado procesal en que se encuentra actualmente el PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN en el juicio de nulidad ******************** y las gestiones que está realizando para el cumplimiento del fallo, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, a fin de que cumpla con lo solicitado, atendiendo la trascendencia e importancia que tiene la constancia solicitada para resolver el presente asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, en virtud de que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a las partes que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD REQUERIDA.

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