Reginalda Vasquez Narvaez

Expediente 780/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
780/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Reginalda Vasquez Narvaez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VII ".. ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos por autoridades administrativas, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este Órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la omisión de emitir acuerdo respecto del escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, por el que solicitó a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, en el juicio de nulidad ... Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue omisa en rendir su informe justificado, mismo que le fue requerido mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés; no obstante estar debidamente notificado para tal efecto el cuatro de septiembre del mismo año, como se advierte del acuse de recibo del oficio (foja 36); por tanto, ante la omisión de la responsable, se presume cierto el acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta ley." Énfasis añadido. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario narrar algunos aspectos que se estiman relevantes para resolver la cuestión efectivamente planteada. a). El once de julio de dos mil veintitrés presentó escrito ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, solicitando a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, en el juicio de nulidad 104/21-15-01-8. b). A la fecha no ha recibido contestación alguna respecto de dicha solicitud. Omisión aquí reclamada. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, la quejosa señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 8º Constitucional, en virtud de que ella cumplió con los requisitos de dicho numeral, pues de manera escrita, pacífica y respetuosa solicitó la designen como viuda y pueda tener acceso a los beneficios del Instituto. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Dicho concepto de violación, es fundado, puesto que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: 1. Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. 3. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. 4. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 42/2001, Novena Época, con registro digital 189914, Instancia Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página: 126), de rubro y contenido siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En la especie, la promovente del amparo, con el escrito de demanda de amparo, exhibió un acuse de la promoción recibida por la responsable el once de julio de dos mil veintitrés, la cual contiene el sello original de la citada autoridad. Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202, en relación con el 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que no fue objetada por la autoridad responsable, aunado a que no rindió su informe justificado, no negó haber recibido el escrito de referencia, ni que el sello que aparece en el mismo no fuese de esa dependencia, cuando al ser parte en el juicio tuvo oportunidad de hacerlo; por lo que, si nada dijo al respecto, se concluye que aceptó tácitamente haber recibido el referido escrito. Luego, si a la fecha, la autoridad responsable no ha dado respuesta al escrito de la parte quejosa, ni lo ha hecho de su conocimiento, es inconcuso que no cumplió con lo exigido por el artículo 8 constitucional, y al ser así violó en su perjuicio la garantía consagrada en el mismo, lo cual hace PROCEDENTE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a la parte quejosa ******************** en el pleno goce de su derecho humano violentado, los efectos de la concesión son para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes en que cause ejecutoria la presente sentencia (el cual se estima prudente dado el término ocurrido), el Titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente: Inmediatamente de contestación a la petición formulada por la quejosa el once de julio de dos mil veintitrés; y Dentro del mismo término, notifique de manera personal esa respuesta a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto. Resulta ilustrativa la tesis aislada VIII.2o.3 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 175 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I (abril de 1995), con número de registro 205357 que dispone: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTÍA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados". Cabe precisar que esta concesión no prejuzga ni da lineamientos respecto a la respuesta que la responsable en su momento de a la solicitud realizada por la parte quejosa, sino únicamente tiene como finalidad que se le restituya en el goce del derecho fundamental transgredido, dando contestación su petición y se dé a conocer la respuesta de inmediato. NOVENO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege, a la quejosa ********************, para los efectos y contra la autoridad señalada en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme al Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar el diecinueve de este mes y año, se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), rinda su informe justificado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    MESA VII "... R E S U L T A N D O: .... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Informe. La Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), no rindió su informe previo, no obstante de haber quedado legalmente notificada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; por lo que con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume por cierto el acto que se le atribuye. SEGUNDO. ESTUDIO DE MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de las fracciones I y II, del artículo 128, en relación con el 147 ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella, en sus términos; sin que sea necesario atender que los efectos deban ser como lo solicite la parte quejosa, pues en este punto el juez de amparo puede hacer un pronunciamiento distinto. TERCERO. Estudio de Medida Cautelar. POR LO QUE HACE A LA EMISIÓN No hay actos de emisión que deban suspenderse, sino sólo de omisión. CUARTO. POR CUANTO HACE A LA OMISIÓN. Respecto a la EJECUCIÓN del acto reclamado, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITVA solicitada, atento a que la medida cautelar no otorgaría a la parte quejosa un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Ello, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 K (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materia Común, con registro digital 2025912, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO. Hechos: El quejoso solicitó, en el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de contestar su solicitud de pensión o jubilación. Criterio jurídico: Existe un impedimento jurídico para otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, porque la medida cautelar no otorgaría al quejoso un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Justificación: Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la suspensión del acto reclamado debe permitir que la parte quejosa alcance un beneficio transitorio, que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, cuando la violación alegada en el juicio de amparo está relacionada con el derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo". Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1912, materia Común, Décima Época, con registro digital 2004810, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ..., la suspensión definitiva que solicitó del acto y la autoridad precisados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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