Rebeca López Ochoa

Expediente 1551/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1551/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Rebeca López Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de abril de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintiocho de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; posteriormente, el uno de marzo del año en curso, causó ejecutoria la aludida resolución y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, cuyos efectos se emitieron para lo siguiente: "Realice las gestiones necesarias, a fin de que sin mayor dilación se lleve a cabo el desahogo de las pruebas en el juicio de origen, preponderantemente las testimoniales ofertadas por la parte actora. En el entendido que, dado la cercanía de la fecha señalada para tal diligencia, en caso de no poder realizarse por causas no imputables a la responsable, fije una nueva fecha dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo." III. Análisis de cumplimiento. En acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se agregó el oficio remitido por la presidente de la Junta Especial número veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que señaló las -nueve horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós-, para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte actora a cargo de José Ramón Merino Mendivil y Fernando Arturo García Félix, dentro del expediente 1137/2019; asimismo, remitió copia certificada de la diligencia de tres de marzo de dos mil veintidós, en la cual se desahogaron las pruebas testimoniales ofertadas por la parte actora en el juicio de origen. IV. Vista cumplimiento. Con el oficio y sus anexos, en ese propio acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara al respecto; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; lo que le fue notificado debidamente, sin que hiciera manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio con anexo, remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, residentes en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: "Realice las gestiones necesarias, a fin de que sin mayor dilación se lleve a cabo el desahogo de las pruebas en el juicio de origen, preponderantemente las testimoniales ofertados por la parte actora. En el entendido que, dado la cercanía de la fecha señalada para tal diligencia, en caso de no poder realizarse por causas no imputables a la responsable, fije una nueva fecha dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, veintiocho de enero de dos mil veintidós el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: Informe justificado de la responsable Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora; Emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, Pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. Asimismo, hago constar que: En el auto de radicación, este juzgado se reservó proveer respecto a la existencia terceros interesados; y, Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de informe y anexos remitidos por la responsable. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Santiago Flores cota Secretario del juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y un minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa en unión de Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 1551/2021; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario realiza una relación de las constancias que obran en autos y da cuenta al secretario encargado del despacho con la lectura de la demanda y las constancias de notificación de la totalidad de las partes ?quejosa, autoridad responsable y fiscal federal adscrito?. Asimismo, se hace se hace relación y cuenta con el proveído de radicación, mediante el cual se determinó que una vez que se recibiera el informe con justificación, se proveería lo relativo a la existencia de terceros interesados; de igual modo, se da cuenta y relación con el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. El secretario encargado del despacho acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. En torno a la existencia o no de terceros interesados, en el particular se considera innecesario el llamamiento de parte tercero interesada, cuenta habida que con la presente determinación se privilegia el principio de pronta y eficaz aplicación de justicia contenido en el artículo 17 Constitucional, de modo que, aún cuando por la naturaleza del reclamo constitucional pudiera llamarse a juicio a la contraparte de la aquí quejosa por actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 5, fracción III, inciso b), a nada práctico conduciría efectuar tal llamamiento, pues el objetivo de la parte quejosa en el presente sumario es evitar la dilación innecesaria en el juicio laboral, lo que, en caso de una sentencia concesoria beneficiaría incluso a la totalidad de las partes del juicio de origen, pues se estaría tutelando en toda su extensión el aludido principio de pronta aplicación de justicia; de ahí, que se considera innecesario el llamamiento de parte tercero interesada en este juicio. En otro aspecto, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan de la totalidad de constancias que obran agregadas en autos; pero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y al respecto se da cuenta con la documental ofrecida por la quejosa y la diversa exhibida por la autoridad responsable. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1551/2021; y, R e s u l t a n d o : Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Rebeca López Ochoa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 2. En diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: C o n s i d e r a n d o s : Competencia 3. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto de reclamo emana de una autoridad jurisdiccional con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el que señaló hora y fecha fuera de los términos legales (13:30 horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós) para la celebración del desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de José Ramón Merino Mendívil y Fernando Arturo García Félix, dentro del juicio laboral de origen 1137/2019. Existencia del acto reclamado 5. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por así declararlo al rendir su informe justificado el presidente de dicha Junta Laboral; certeza que se corrobora con la constancia que remitió en apoyo, de la cual se advierte el acto impugnado. IV. Consideraciones jurídicas 6. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y quien resuelve de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; por tanto, a continuación procede el estudio de la cuestión constitucional de fondo planteada. 7. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional. 8. Dicho concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la junta responsable fijó fecha para el desahogo de la prueba testimonial a que se refiere la parte impetrante en su demanda fuera del término legal, pues dicha data supera el plazo que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. 9. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 10. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". 11. Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 12. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 13. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 14. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 15. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 16. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 880 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 17. Además, prescriben que al concluir el ofrecimiento de pruebas, las partes podrán objetar las de su contrario, y se proveerá inmediatamente sobre las que admita o deseche, o en su caso, se reservará proveer al respecto, por un período que no deberá de exceder cinco días. 18. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas, la junta deberá señalar fecha dentro de los diez días siguientes para la audiencia de desahogo, además proveerá los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo y cuando no sea posible, tendrá que señalar nueva fecha para su celebración; periodo que de ninguna manera podrá exceder de treinta días desde su admisión. 19. Ahora, en el caso, de las manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad y de las documentales exhibidas por la autoridad responsable Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se desprende que: El tres de octubre de dos mil diecinueve, la ahora quejosa presentó demanda laboral ante la Junta responsable, la cual se radicó con el número de expediente 1137/2021. Radicada que fue la demanda, se señaló hora y fecha para la audiencia de ley; y, una vez que la demandada dio contestación, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, la responsable se reservó el derecho para emitir acuerdo en relación con las pruebas ofrecidas y concedió un término de tres días para que se realizaran objeciones a cada una de las pruebas ofertadas por las partes contendientes, lo cual realizó la aquí parte quejosa desde el dieciocho de ese mes y año. Refiere la aquí quejosa, que posteriormente, la junta responsable, ha prolongado en demasía el desahogo de la prueba testimonial ofrecida de su parte, a cargo de José Ramón Merino Mendívil y Fernando Arturo García Félix, exponiendo que en auto de diecisiete de noviembre pasado, señaló como fecha para tal desahogo las 13:30 horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 20. Lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable ha omitido vigilar y dictar las medidas necesarias, a fin de que se desahoguen las pruebas solicitadas dentro de los plazos y términos de ley, en virtud de que, desde la fecha en que se admitió el desahogo de las probanzas de mérito al proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrieron aproximadamente más de cinco meses, sin que se hubiere logrado el desahogo de éstas, y aún más, en ese último acuerdo, fijó como fecha para el desahogo una data muy distante, como es el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, lo cual de ninguna manera es justificable. 21. Por lo antes expuesto, resulta incuestionable que la autoridad responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral en la etapa probatoria -cuyo periodo no debe exceder de treinta días desde su admisión- 22. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 23. Lo anterior, sin que se desconozca que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio Decisión 24. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: Realice las gestiones necesarias, a fin de que sin mayor dilación se lleve a cabo el desahogo de las pruebas en el juicio de origen, preponderantemente las testimoniales ofertadas por la parte actora. En el entendido que, dado la cercanía de la fecha señalada para tal diligencia, en caso de no poder realizarse por causas no imputables a la responsable, fije una nueva fecha dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 25. Para la fijación de los efectos de esta sentencia, se toma en cuenta las condiciones que privan actualmente en esta Entidad, derivadas de la pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov2, que propicia la enfermedad denominada Covid-19, de modo que a nada práctico llevaría indicar a la responsable que señalara una fecha más cercana a la ya fijada para el veinticuatro de febrero entrante, pues es conocimiento de este órgano, por información de las juntas laborales, que en recientes datas pasadas, han determinado por la contingencia sanitaria, suspender la actividad jurisdiccional de manera intermitente. En tal medida no existe certidumbre de las condiciones que pudieran privar en días venideros en relación con las actuaciones de las juntas de Trabajo. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. 26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VI. Resuelve 27. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rebeca López Ochoa, respecto del acto reclamado identificado en el considerando II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. 28. Notifíquese. 29. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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