Regina Crespo Quinzaños
Expediente 1013/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Regina Crespo Quinzaños
- María de la Paz Quinzaños Suarez
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, A DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese la demanda de amparo presentada por *********, contra actos del Presidente de la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1013/2019. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. En efecto, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo en cuestión, es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, para que un Juzgado Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, debe encontrarse dentro de su jurisdicción y que la ley lo faculte para resolverlo, con preferencia a los demás Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Los promoventes de amparo, señalan como actos reclamados los siguientes: "1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 3) La norma general denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio por su sola entrada en vigor porque causa perjuicio a la aquí parte quejosa, consistente en la reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana). 4) El decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil diecinueve) el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana)". Asimismo, de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: El cuerpo de normatividades impugnada, es decir, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fue publicado el día nueve de agosto de dos mil diecinueve y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio del mismo ordenamiento; lo cual constituye un hecho público, notorio y de interés general; porque se trata de un acontecimiento que deriva de fuentes de información que la ley garantiza y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad pueda desconocer su contenido y alcance; asimismo, que dicha ordenanza se publicitó en diferentes medios de comunicación al alcance nacional. En ese contexto y dada la naturaleza de los actos reclamados, los cuales derivan la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano de Control Constitucional determina carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por los impetrantes, en contra de los actos y autoridades que han quedado precisados con antelación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo el cual expone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Ahora bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos segundo y sexto y 100 párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los numerales 68, 81, fracciones II, IV, VI, XVIII y XXIV, y 144, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, emitió el Acuerdo General 57/2009, que reformó el diverso 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana. Dicho Acuerdo General 57/2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil nueve, entrando en vigor el día de su aprobación, en cuyo punto único determinó: "ÚNICO.- Se reforma el punto SEGUNDO del Acuerdo General 21/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de Funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para quedar como sigue: (.) SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los Juzgados de Distrito en toda la República en el dictado de sentencias. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal." En este contexto, se desprende que se otorgó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, la especialización en materia de extinción de dominio, y dicho acuerdo debe interpretarse de manera generalizada, ya que la misma es incluida de carácter meramente enunciativa, más no limitativa, razón por la cual, a dicho órgano compete el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos relativos a la materia de extinción de dominio. Entonces, si en la especie, los actos reclamados derivan de normas generales, consistente en la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que, por razón de materia, quien debe conocer de dicho asunto es el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 57/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por***********. Por lo anterior, remítase al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, el presente expediente a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, así como las copias de la demanda. Solicitándole a la autoridad federal de la manera más respetuosa, el acuse de recibo e informe sobre su determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este cuaderno de amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Acueducto, número 4231, Colonia Pascual Ortiz Ayala, Código Postal 58250, en esta ciudad. Se tiene nombrando como representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo a **********. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, A DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese la demanda de amparo presentada por *********, contra actos del Presidente de la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1013/2019. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. En efecto, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo en cuestión, es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, para que un Juzgado Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, debe encontrarse dentro de su jurisdicción y que la ley lo faculte para resolverlo, con preferencia a los demás Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Los promoventes de amparo, señalan como actos reclamados los siguientes: "1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 3) La norma general denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio por su sola entrada en vigor porque causa perjuicio a la aquí parte quejosa, consistente en la reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto del 2019, el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana). 4) El decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil diecinueve) el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana)". Asimismo, de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: El cuerpo de normatividades impugnada, es decir, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fue publicado el día nueve de agosto de dos mil diecinueve y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio del mismo ordenamiento; lo cual constituye un hecho público, notorio y de interés general; porque se trata de un acontecimiento que deriva de fuentes de información que la ley garantiza y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad pueda desconocer su contenido y alcance; asimismo, que dicha ordenanza se publicitó en diferentes medios de comunicación al alcance nacional. En ese contexto y dada la naturaleza de los actos reclamados, los cuales derivan la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano de Control Constitucional determina carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por los impetrantes, en contra de los actos y autoridades que han quedado precisados con antelación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo el cual expone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Ahora bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos segundo y sexto y 100 párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los numerales 68, 81, fracciones II, IV, VI, XVIII y XXIV, y 144, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, emitió el Acuerdo General 57/2009, que reformó el diverso 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana. Dicho Acuerdo General 57/2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil nueve, entrando en vigor el día de su aprobación, en cuyo punto único determinó: "ÚNICO.- Se reforma el punto SEGUNDO del Acuerdo General 21/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de Funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para quedar como sigue: (.) SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los Juzgados de Distrito en toda la República en el dictado de sentencias. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal." En este contexto, se desprende que se otorgó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, la especialización en materia de extinción de dominio, y dicho acuerdo debe interpretarse de manera generalizada, ya que la misma es incluida de carácter meramente enunciativa, más no limitativa, razón por la cual, a dicho órgano compete el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos relativos a la materia de extinción de dominio. Entonces, si en la especie, los actos reclamados derivan de normas generales, consistente en la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que, por razón de materia, quien debe conocer de dicho asunto es el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 57/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por***********. Por lo anterior, remítase al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, el presente expediente a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, así como las copias de la demanda. Solicitándole a la autoridad federal de la manera más respetuosa, el acuse de recibo e informe sobre su determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este cuaderno de amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Acueducto, número 4231, Colonia Pascual Ortiz Ayala, Código Postal 58250, en esta ciudad. Se tiene nombrando como representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo a **********. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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