Rebeca Vega Vitela
Expediente 329/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Vega Vitela
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizado, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del tres al nueve de abril del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias .
- Principal
...Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/168/2019, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se efectúo la compensación de cargas ordenada en el sistema de turno 001625/2019, relativo a la demanda de garantías promovida por Rebeca Vega Vitela, quedando asentada en el sistema de turno y contabilizada a favor de este Juzgado...
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 5502/2019, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 299/2019 de su índice, promovido por REBECA VEGA VITELA, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, que hace consistir en: " IV. Acto Reclamado: IV.1. La resolución del Congreso del Estado, consistente en el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha, mediante el cual se resuelve el proceso de elección de Fiscal General del Estado y mediante el cual se eligió al C. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado. IV.2. El proceso de elección de Fiscal General del Estado, sustanciado por el Congreso del Estado a través de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, derivado del decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y aperturado con la convocatoria pública emitida por el mismo, mediante el acuerdo número 11, publicado en el periódico oficial del Estado el día 10 de enero del año 2019, y resuelto mediante la determinación consistente en la elección del Fiscal General del Estado, dada a conocer mediante el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado con esa data en el periódico oficial de la entidad. IV.3. A las Comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado la integración de la lista que conformara la decena de aspirantes y que fuera turnada al ejecutivo con los nombres de los aspirantes que deberían ser tomados en consideración para proponer la terna de donde saldría electo el Fiscal General. IV.4. al Congreso en pleno a través de su presidente, la votación y elección del aspirante que resultara electo como Fiscal General..". Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 299/2019, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el diverso 275/2019, del índice de este Juzgado, toda vez que todos los actos reclamados tienen su origen del mismo procedimiento administrativo, al considerar que se actualiza la hipótesis de las fracciones II y IV, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo y que este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad del citado asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Ahora bien, del análisis de la citada demanda de garantías, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción VII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente [.]" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso se combate en concreto, de las autoridades responsables el proceso de elección del Fiscal General del Estado, mediante el cual se eligió a Adrián López Solís, como Fiscal General del Estado; así como la convocatoria pública emitida por el mismo, mediante el acuerdo número 11, publicado en el periódico oficial del Estado el día diez de enero de dos mil diecinueve en el cual resultó electo el citado Fiscal que se dio a conocer por decreto número 124, de fecha veinticuatro de febrero del año en curso, así como a las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado, les reclama la integración de la lista que conformara la decena de aspirantes turnada al ejecutivo sin haberla considerado para ocupar el cargo no obstante que estima reunía todos los requisitos. Por tanto, en esencia se reclama la designación de Adrián López Solís, como Fiscal General del Estado de Michoacán, actos que se estima hacen improcedentes el juicio de amparo, porque todos los actos fueron realizados por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de garantías. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Para evidenciar lo anterior conviene transcribir el contenido de los artículos 44, fracción, XXXVI, XXXVII y XXXVIII, 100, 101 y 102, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que en su orden dicen: "De las Facultades del Congreso (REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1960) Artículo 44.- Son facultades del Congreso: [.] REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVI.- Integrar la lista de diez candidatos para enviarla al Ejecutivo, y elegir, de entre la terna que remita éste, al Fiscal General del Estado, en los términos de esta Constitución; (REFORMADA, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVII.- Aprobar la licencia o renuncia del Fiscal General del Estado; (REFORMADA, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVIII.- Remover al Fiscal General del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 100.- El Ministerio Público estará a cargo de un Fiscal General del Estado. La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley. El Fiscal General durará en su encargo nueve años y, no podrá ser reelecto; será designado y removido conforme a lo establecido por esta Constitución; será sujeto de responsabilidad política, penal o administrativa, en términos de la legislación aplicable. El Fiscal Estatal Anticorrupción durará en su encargo siete años y será nombrado por el Congreso del Estado, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto se determine; podrá ser removido en los términos que la Ley establezca. La Ley Orgánica de la institución fijará la adscripción, obligaciones y atribuciones de los funcionarios y empleados que la integren, entre los cuales se incluirá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; asimismo establecerá centros especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y determinará los casos que requieran supervisión judicial. El Fiscal General del Estado, deberá rendir al Congreso del Estado, un informe anual y cuando sea requerido respecto a las acciones y resultados de la institución a su cargo. (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 101.- Para ser Fiscal General del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos; III. Contar con residencia en el Estado de Michoacán al menos de tres años, el día de su designación; IV. Contar al día de su designación con una antigüedad de diez años en el ejercicio de su profesión y tener título profesional de licenciado en derecho expedido por universidad, autoridad o institución legalmente facultada para ello; V. Gozar de buena reputación; y, VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad. (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 102.- Para la elección del Fiscal General del Estado, se observará el siguiente procedimiento: I. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, noventa días antes del término del encargo; II. De entre los concurrentes a esa convocatoria, que cumplan todos los requisitos, elegirá diez propuestos en una lista que enviará al Gobernador del Estado; III. El Gobernador del Estado contará hasta con diez días a partir de la recepción de las propuestas, para formar una terna, misma que remitirá al Congreso del Estado; IV. El Congreso del Estado deberá, de entre la terna propuesta elegir a quien será Fiscal General del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; V. De no enviarse la terna dentro del plazo de diez días el Congreso del Estado integrará la terna correspondiente; VI. De no lograr la votación requerida para elegir de entre los propuestos integrantes de la terna hasta en dos ocasiones, se solicitará al Gobernador del Estado la integración de una nueva terna, que será integrada por personas de la lista inicial; VII. El Fiscal General del Estado tomará protesta ante el Congreso; y, VIII. Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determina la Ley. Del análisis conjunto de los numerales transcritos se advierte que: El Congreso del Estado de Michoacán, tiene la facultad de emitir la convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, así como de integrar la lista de candidatos y enviarlos al ejecutivo. El Gobernador del Estado, contará hasta con diez días a partir de la recepción de las propuestas, para formar una terna, misma que remitirá al Congreso del Estado. El Congreso del Estado, de entre la terna propuesta debe elegir a quien será Fiscal General del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Expuestas así las cosas, es evidente que el Congreso del Estado de Michoacán, tiene la facultad de emitir la convocatoria respectiva así como de integrar la lista de candidatos y enviarlos al ejecutivo, así como de entre la terna propuesta por este último elegir al Fiscal General del Estado, lo que se traduce en facultades soberanas y discrecionales; entonces, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, no se soslaya que los propios artículos 101 y 102 de la Constitución Política del Estado, prevé la definición de una metodología, plazos, criterios de selección del Fiscal General del Estado, y la consideración de determinadas características, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad supeditada al órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno. Pues estimar lo contrario equivaldría a sostener también, que es violatorio de derechos fundamentales, el hecho de que en la Constitución local, se establezca la posibilidad de que el Congreso del Estado emita actos soberanos o discrecionales, que por contener dichas características, no se encuentren sujetos a control judicial alguno; pues se insiste, se trata en todo caso, de actos revestidos de un mayor grado de representatividad popular, que por lo mismo, se han encomendado exclusivamente al poder legislativo, y que de sujetarse a algún medio de control, se estaría permitiendo la interferencia -aun de forma indirecta del Poder Judicial en su emisión. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la esquina que forman la calle Leona Vicario, número 62, interior 11, Centro, de esta ciudad y autorizando únicamente para imponerse de los autos a EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Sin que haya lugar a realizar la notificación del presente proveído al correo electrónico rebk_v2@yahoo.com.mx, toda vez que la Ley de Amparo no contempla esa forma de notificación. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". ...
- Principal
... Por recibido el oficio número 5502/2019, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 299/2019 de su índice, promovido por REBECA VEGA VITELA, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, que hace consistir en: " IV. Acto Reclamado: IV.1. La resolución del Congreso del Estado, consistente en el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha, mediante el cual se resuelve el proceso de elección de Fiscal General del Estado y mediante el cual se eligió al C. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado. IV.2. El proceso de elección de Fiscal General del Estado, sustanciado por el Congreso del Estado a través de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, derivado del decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y aperturado con la convocatoria pública emitida por el mismo, mediante el acuerdo número 11, publicado en el periódico oficial del Estado el día 10 de enero del año 2019, y resuelto mediante la determinación consistente en la elección del Fiscal General del Estado, dada a conocer mediante el decreto número 124, de fecha 24 de febrero del año 2019, publicado con esa data en el periódico oficial de la entidad. IV.3. A las Comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado la integración de la lista que conformara la decena de aspirantes y que fuera turnada al ejecutivo con los nombres de los aspirantes que deberían ser tomados en consideración para proponer la terna de donde saldría electo el Fiscal General. IV.4. al Congreso en pleno a través de su presidente, la votación y elección del aspirante que resultara electo como Fiscal General..". Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 299/2019, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el diverso 275/2019, del índice de este Juzgado, toda vez que todos los actos reclamados tienen su origen del mismo procedimiento administrativo, al considerar que se actualiza la hipótesis de las fracciones II y IV, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo y que este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad del citado asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Ahora bien, del análisis de la citada demanda de garantías, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción VII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente [.]" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso se combate en concreto, de las autoridades responsables el proceso de elección del Fiscal General del Estado, mediante el cual se eligió a Adrián López Solís, como Fiscal General del Estado; así como la convocatoria pública emitida por el mismo, mediante el acuerdo número 11, publicado en el periódico oficial del Estado el día diez de enero de dos mil diecinueve en el cual resultó electo el citado Fiscal que se dio a conocer por decreto número 124, de fecha veinticuatro de febrero del año en curso, así como a las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado, les reclama la integración de la lista que conformara la decena de aspirantes turnada al ejecutivo sin haberla considerado para ocupar el cargo no obstante que estima reunía todos los requisitos. Por tanto, en esencia se reclama la designación de Adrián López Solís, como Fiscal General del Estado de Michoacán, actos que se estima hacen improcedentes el juicio de amparo, porque todos los actos fueron realizados por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de garantías. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Para evidenciar lo anterior conviene transcribir el contenido de los artículos 44, fracción, XXXVI, XXXVII y XXXVIII, 100, 101 y 102, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que en su orden dicen: "De las Facultades del Congreso (REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1960) Artículo 44.- Son facultades del Congreso: [.] REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVI.- Integrar la lista de diez candidatos para enviarla al Ejecutivo, y elegir, de entre la terna que remita éste, al Fiscal General del Estado, en los términos de esta Constitución; (REFORMADA, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVII.- Aprobar la licencia o renuncia del Fiscal General del Estado; (REFORMADA, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) XXXVIII.- Remover al Fiscal General del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 100.- El Ministerio Público estará a cargo de un Fiscal General del Estado. La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley. El Fiscal General durará en su encargo nueve años y, no podrá ser reelecto; será designado y removido conforme a lo establecido por esta Constitución; será sujeto de responsabilidad política, penal o administrativa, en términos de la legislación aplicable. El Fiscal Estatal Anticorrupción durará en su encargo siete años y será nombrado por el Congreso del Estado, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto se determine; podrá ser removido en los términos que la Ley establezca. La Ley Orgánica de la institución fijará la adscripción, obligaciones y atribuciones de los funcionarios y empleados que la integren, entre los cuales se incluirá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; asimismo establecerá centros especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y determinará los casos que requieran supervisión judicial. El Fiscal General del Estado, deberá rendir al Congreso del Estado, un informe anual y cuando sea requerido respecto a las acciones y resultados de la institución a su cargo. (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 101.- Para ser Fiscal General del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos; III. Contar con residencia en el Estado de Michoacán al menos de tres años, el día de su designación; IV. Contar al día de su designación con una antigüedad de diez años en el ejercicio de su profesión y tener título profesional de licenciado en derecho expedido por universidad, autoridad o institución legalmente facultada para ello; V. Gozar de buena reputación; y, VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad. (REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) Artículo 102.- Para la elección del Fiscal General del Estado, se observará el siguiente procedimiento: I. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, noventa días antes del término del encargo; II. De entre los concurrentes a esa convocatoria, que cumplan todos los requisitos, elegirá diez propuestos en una lista que enviará al Gobernador del Estado; III. El Gobernador del Estado contará hasta con diez días a partir de la recepción de las propuestas, para formar una terna, misma que remitirá al Congreso del Estado; IV. El Congreso del Estado deberá, de entre la terna propuesta elegir a quien será Fiscal General del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; V. De no enviarse la terna dentro del plazo de diez días el Congreso del Estado integrará la terna correspondiente; VI. De no lograr la votación requerida para elegir de entre los propuestos integrantes de la terna hasta en dos ocasiones, se solicitará al Gobernador del Estado la integración de una nueva terna, que será integrada por personas de la lista inicial; VII. El Fiscal General del Estado tomará protesta ante el Congreso; y, VIII. Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determina la Ley. Del análisis conjunto de los numerales transcritos se advierte que: El Congreso del Estado de Michoacán, tiene la facultad de emitir la convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, así como de integrar la lista de candidatos y enviarlos al ejecutivo. El Gobernador del Estado, contará hasta con diez días a partir de la recepción de las propuestas, para formar una terna, misma que remitirá al Congreso del Estado. El Congreso del Estado, de entre la terna propuesta debe elegir a quien será Fiscal General del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Expuestas así las cosas, es evidente que el Congreso del Estado de Michoacán, tiene la facultad de emitir la convocatoria respectiva así como de integrar la lista de candidatos y enviarlos al ejecutivo, así como de entre la terna propuesta por este último elegir al Fiscal General del Estado, lo que se traduce en facultades soberanas y discrecionales; entonces, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, no se soslaya que los propios artículos 101 y 102 de la Constitución Política del Estado, prevé la definición de una metodología, plazos, criterios de selección del Fiscal General del Estado, y la consideración de determinadas características, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad supeditada al órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno. Pues estimar lo contrario equivaldría a sostener también, que es violatorio de derechos fundamentales, el hecho de que en la Constitución local, se establezca la posibilidad de que el Congreso del Estado emita actos soberanos o discrecionales, que por contener dichas características, no se encuentren sujetos a control judicial alguno; pues se insiste, se trata en todo caso, de actos revestidos de un mayor grado de representatividad popular, que por lo mismo, se han encomendado exclusivamente al poder legislativo, y que de sujetarse a algún medio de control, se estaría permitiendo la interferencia -aun de forma indirecta del Poder Judicial en su emisión. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la esquina que forman la calle Leona Vicario, número 62, interior 11, Centro, de esta ciudad y autorizando únicamente para imponerse de los autos a EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS, en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Sin que haya lugar a realizar la notificación del presente proveído al correo electrónico rebk_v2@yahoo.com.mx, toda vez que la Ley de Amparo no contempla esa forma de notificación. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". ...
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