Rebeca Ibarra Ávila
Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Ibarra Ávila
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6827/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 21/2022, promovido; acúsese recibo y comuníquese a las partes que dicha ejecutoria en lo conducente dice: "...PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, y el Juez Noveno de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, derivado del juicio de amparo ******************** del índice del primero de los mencionados. Segundo. La Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es la autoridad legalmente competente para conocer del citado juicio de amparo, promovido por ********************, por las razones contenidas en la presente ejecutoria, por lo que se ordena remitirle los autos respectivos. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, tomando en consideración que el presente cuaderno se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6055/2022, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan y este Juzgado de Distrito y, quedo registrado con el número 21/2022. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, en representación del Delegado Federal y Registradora Integral, ambos del Registro Agrario Nacional en Michoacán, a través del oficio SDR/DJ/1302/2022, pretendió dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos, manifestando que remitirá las constancias de forma física a este órgano jurisdiccional, sin que lo haya hecho por tanto, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, requiéraseles nuevamente a las autoridades responsables en cita, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, remitan las solicitudes 16180019866, 16180019863 y 16180019859, relativas al acto reclamado, o bien, manifiesten su imposibilidad para hacerlo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con quince minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por la parte tercera interesada, ...por conducto de su autorizada en términos amplios, en el juicio de amparo 838/2021, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Carlos Medina Muñoz, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos del incidente de que se trata y da cuenta con el escrito de la parte tercera interesada, por conducto de su autorizada en términos amplios, mediante el cual promovió el incidente de mérito, y con el oficio CJDG/DACL/3157/2022, signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del estado de Michoacán, en representación del Gobernador y Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, 13437 y 13434, a lo cual, el Juez acuerda: Téngase a las autoridades responsables rindiendo el informe requerido con relación al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, en términos del numeral 208, fracción II, de la Ley de Amparo; y, atento a lo anterior, téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio CJDG/DACL/SN/2022, signado electrónicamente por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos, de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación del Gobernador y Secretario de Gobierno, a través del cual, solicita diferir la presente audiencia incidental por las razones que indica; sin embargo, dígase al ocursante que deberá a estarse a lo acordado párrafo precedente, virtud a que se tuvo por rendido el informe a las citadas autoridades. En diferente orden de ideas, el Secretario certifica que la promovente del incidente ofreció las pruebas documentales adjuntas al citado ocurso; y, las autoridades responsables, la instrumental pública de actuaciones; razón por la cual, atento a su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, con lo cual, se cierra la etapa de pruebas. Con lo anterior, virtud a la inasistencia de las partes y, por ende, la imposibilidad de dar oportunidad a que formulen alegatos de forma oral, se da por terminada la presente audiencia, para lo cual se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, los autos que integran el presente juicio de amparo, para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, concedida mediante resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, promovido por la parte tercera interesada, Juanita Noemí Ramírez Bravo, Zayra Yuritzi Olivares Centeno, Luis Javier Medina Valencia, Joel Galileo Herrera Tello, Óscar Rodolfo Rubio García, Verónica García Reyes, Erick López Barriga, Luis Mauricio García Molina, Hannes Abdiel Ortega Anaya y Juan Martínez Oregón, por conducto de su autorizada en términos amplios, dentro del juicio de amparo 838/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, Héctor Padilla Ontiveros, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados en su demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite. Seguidos diversos trámites, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo, y ordenó la apertura del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa; y, en lo relevante, seguidos los trámites conducentes en el incidente de suspensión, por resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, en los siguientes términos: "[.] se CONCEDE a HÉCTOR PADILLA ONTIVEROS, la suspensión definitiva de los actos reclamados, únicamente respecto de la etapa final del procedimiento de designación para la titularidad de alguna de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, para que se continúe con el referido procedimiento, pero las autoridades responsables se abstengan de realizar la declaratoria final y expedición del fíat; medada cautelar que estará vigente hasta en tanto las autoridades responsables queden notificadas de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el cuaderno de amparo principal. [.]" Dicha suspensión definitiva fue notificada a las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante oficios 18124/2021 y 18125/2021, como se advierte de las constancias de notificación correspondientes. Así, la parte de la concesión de la medida cautelar fue para el siguiente efecto: Se continúe con el procedimiento de designación para la titularidad de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el estado de Michoacán de Ocampo, pero las autoridades responsables se abstengan de realizar la declaratoria final y expedición del fíat. TERCERO. Escrito por el cual se promueve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Mediante ocurso recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto de dos mil veintidós, la parte tercera interesada, Juanita Noemí Ramírez Bravo, Zayra Yuritzi Olivares Centeno, Luis Javier Medina Valencia, Joel Galileo Herrera Tello, Óscar Rodolfo Rubio García, Verónica García Reyes, Erick López Barriga, Luis Mauricio García Molina, Hannes Abdiel Ortega Anaya y Juan Martínez Oregón, por conducto de su autorizada en términos amplios, promovió el referido incidente, en el cual, en esencia, manifestó: I. Las autoridades responsables transgredieron la suspensión definitiva, virtud a que, se declaró la nulidad de la Convocatoria dirigida a todos aquellos profesionistas del campo jurídico, que el cinco de agosto de dos mil veintidós, el Gobernador Constitucional del estado de Michoacán, junto con el Secretario de Gobierno, emitieron el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODOS AQUELLOS PROFESIONISTAS DEL CAMPO JURÍDICO, QUE ASPIREN A SER NOTARIOS PÚBLICOS TÍTULARES DE LAS NOTARÍAS PÚBLICAS 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, Y 203 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", relacionada con la convocatoria publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO. Trámite del incidente. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el aludido incidente, se ordenó correr traslado a las autoridades responsables y, se les solicitó su informe sobre el exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que se les atribuye, además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 208 de la Ley de Amparo, la cual tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. Análisis de fondo. Es infundado el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovido por la parte tercera interesada, Juanita Noemí Ramírez Bravo, Zayra Yuritzi Olivares Centeno, Luis Javier Medina Valencia, Joel Galileo Herrera Tello, Óscar Rodolfo Rubio García, Verónica García Reyes, Erick López Barriga, Luis Mauricio García Molina, Hannes Abdiel Ortega Anaya y Juan Martínez Oregón, por conducto de su autorizada en términos amplios, de acuerdo a los razonamientos jurídicos que a continuación se expresan. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester establecer lo previsto por los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente; [...]". "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento." "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo". "Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo". "Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución". "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley". Del contenido de los artículos transcritos de la Ley de Amparo, se advierte que el cumplimiento de la resolución de suspensión está regulado mediante dos sistemas diferentes que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente: I) Un sistema que ve directamente al cumplimiento de la resolución de suspensión. II) Otro sistema que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) Su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) No requiere tramitación incidental; c) Es oficioso (orden público), aunque no se excluye la posibilidad de petición de parte; d) Es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) Ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). El segundo sistema es el que establece el capítulo V del Título Tercero, denominado "Cumplimiento y Ejecución" de la Ley de Amparo, en específico, previsto por los numerales 206 al 209, el cual regula el incidente por incumplimiento o por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ya sea de plano o definitiva, y tiene las siguientes características: a) No es de oficio, pues requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) Es represivo, en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) Ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión). Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2389, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión)". Ahora bien, en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo, antes citado, el incidente a que se refiere el Capítulo V, procede en contra de las autoridades responsables, en las siguientes hipótesis: a) Por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva. b) Por exceso en la ejecución de la suspensión, de plano o definitiva. c) Por defecto en la ejecución de la suspensión, de plano o definitiva. d) Por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En el caso concreto, la parte tercera interesada promovió el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, la cual, se considera, se ubica en la hipótesis prevista con el inciso b), virtud a que, aduce, las autoridades responsables incurrieron en exceso al cumplir con la suspensión definitiva otorgada en favor de la parte quejosa, virtud a que, en términos generales, declararon la nulidad del procedimiento relativo a la designación de los titulares de las Notarías reseñadas. La anterior aseveración se estima infundada. Lo anterior es así, pues, como se anticipó, por resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, en lo tocante a la materia del presente incidente, se concedió la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, para el efecto siguiente: Se continúe con el procedimiento de designación para la titularidad de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el estado de Michoacán de Ocampo, pero las autoridades responsables se abstengan de realizar la declaratoria final y expedición del fíat; lo anterior, con motivo de la convocatoria publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, para tales fines. En ese sentido, la demostración de exceso o defecto, incluso el incumplimiento a la suspensión definitiva de que se trata, se encuentra sujeta al análisis que el juzgador debe realizar de las constancias de autos, tomando como referencia la resolución en que decretó la medida cautelar y, los hechos acaecidos con posterioridad a esa medida, para establecer si las autoridades responsables incumplieron con la misma, así como de las pruebas ofrecidas para tales fines. Establecido lo anterior, es menester indicar la naturaleza del acto que materialmente tenían que realizar las autoridades responsables, verbigracia, podían continuar con el procedimiento administrativo para la designación de la titularidad de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el estado de Michoacán de Ocampo, pero abstenerse de realizar la declaratoria final y expedición del fíat; lo anterior, con motivo de la convocatoria publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán. Ahora bien, las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, al rendir el informe relacionado con el presente incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva, que no es cierto el acto que se les atribuye con relación al defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Ahora bien, de conformidad con las pruebas ofrecidas y desahogas en la audiencia condigna, se colige que, en efecto, como aduce la incidentista, del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 92, Tomo CLXXX, Novena Sección, publicado el cinco de agosto de dos mil veintidós, se advierte que el Gobernador Constitucional del estado de Michoacán, junto con el Secretario de Gobierno, emitieron el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODOS AQUELLOS PROFESIONISTAS DEL CAMPO JURÍDICO, QUE ASPIREN A SER NOTARIOS PÚBLICOS TÍTULARES DE LAS NOTARÍAS PÚBLICAS 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, Y 203 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", a través del que se determinó: "[.] Artículo 1. Por no contar con los elementos de validez, de manera oficiosa se declara la nulidad de la Convocatoria dirigida a todos aquellos profesionistas del campo jurídico, que aspiren a ser Notarios Públicos titulares de la Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada con fecha 19 de julio de 2021, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Tomo CLXXVIII, Sexta Sección, Núm. 18. Artículo 2. Quedan insubsistentes todos los actos derivados de la Convocatoria referida en el artículo que antecede, en el entendido de que la misma no produce ni causa efectos jurídicos, ni será ejecutable, ni podrá subsanarse, produciendo efectos retroactivos. Artículo 3. Se reconoce de oficio la nulidad administrativa absoluta de la lista de aspirantes que reunieron los requisitos exigidos por la Ley, para ser Notarios Públicos titulares de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 16 de agosto de 2021, tomo CLXXVIII, Séptima Sección, Número 38.[.]". Mismo que entró en vigor el seis del mes y año en curso, por así haberse establecido en su artículo primero transitorio; acuerdo que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un ordenamiento emitido en el ámbito de la competencia de las autoridades mencionadas, cuya existencia se corrobora a partir de su publicación en el citado medio de difusión oficial, es decir, el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, constituye un hecho notorio para este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA."; y, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Así, del Acuerdo antes invocado, se pone de manifiesto que de manera oficiosa se declaró la nulidad de la Convocatoria dirigida a todos aquellos profesionistas del campo jurídico, que aspiraban a ser Notarios Públicos titulares de la Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Tomo CLXXVIII, Sexta Sección, Núm. 18, así como que quedaban insubsistentes todos los actos derivados de esa Convocatoria, en el entendido de que la misma no produce ni causa efectos jurídicos, ni será ejecutable, ni podrá subsanarse, produciendo efectos retroactivos y que también se reconoce de oficio la nulidad administrativa absoluta de la lista de aspirantes que reunieron los requisitos exigidos por la Ley, para ser Notarios Públicos titulares de las aludidas Notarías Públicas. No obstante lo anterior, la emisión de dicho Acuerdo por parte del Gobernador y Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, no implica un exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el presente asunto, virtud a que, como se estableció previamente, podían continuar con el procedimiento administrativo para la designación de la titularidad de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el estado de Michoacán de Ocampo, es decir, estaban en aptitud de continuar dicho procedimiento, pero únicamente debían abstenerse de realizar la declaratoria final y expedición del fiat, con motivo de la convocatoria publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán. Y, en ese sentido, el Acuerdo multicitado, a través del cual se declaró la nulidad de dicha convocatoria, se itera, no implica transgresión a la suspensión definitiva, virtud a que declaró la nulidad de la convocatoria correspondiente, pero, por su conducto, no se realizó la declaratoria final y expedición del fiat. Sin que pase inadvertido que, de conformidad con el diverso "ACUERDO POR MEDIO DE LOS CUALES SE DESIGNAN LAS NOTARÍAS PÚBLICAS NO. 192, 193, 195, 196, 199, 200 Y 203, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", se realizara la designación de los titulares de las mismas; sin embargo, dicho acto jurídico es autónomo a la convocatoria publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán, la cual constituye la génesis de los actos reclamados en el presente juicio Constitucional, razón por la cual, dicho aspecto es inocuo para considerar la transgresión de la suspensión definitiva dictada en el presente asunto, atento a que, se itera, ésta se derivó de la multicitada convocatoria, por lo cual, las autoridades responsables únicamente estaban conminadas a abstenerse de realizar la declaratoria final y expedición del fiat, con motivo de la convocatoria publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán. En consecuencia, se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por la parte tercera interesada. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por la parte tercera interesada, en términos del considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe.
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