Refugio Elda Valle Reyes
Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Refugio Elda Valle Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, ***********************, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar: que el demandado cuenta con dos acreedoras más, que son Grisel Guadalupe Luna Carrera, y su menor nieta de iniciales Y.R.L; y que la actora cuenta con una fuente de ingresos, por el simple hecho de que vende productos de belleza por catálogo. Luego, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario. En el entendido de que para ello tomó en consideración que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. Asimismo, se pronunció sobre los argumentos formulados por la actora al desahogar la vista concedida en relación con dicha reclamación, y respecto de las pruebas ofrecidas en dicho ocurso, en los términos ahí indicados. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, ***********************, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar: que el demandado cuenta con dos acreedoras más, que son Grisel Guadalupe Luna Carrera, y su menor nieta de iniciales Y.R.L; y que la actora cuenta con una fuente de ingresos, por el simple hecho de que vende productos de belleza por catálogo. Luego, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario. En el entendido de que para ello tomó en consideración que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. Asimismo, se pronunció sobre los argumentos formulados por la actora al desahogar la vista concedida en relación con dicha reclamación, y respecto de las pruebas ofrecidas en dicho ocurso, en los términos ahí indicados. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EL CUAL DICE: Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, ***********************, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar: que el demandado cuenta con dos acreedoras más, que son Grisel Guadalupe Luna Carrera, y su menor nieta de iniciales Y.R.L; y que la actora cuenta con una fuente de ingresos, por el simple hecho de que vende productos de belleza por catálogo. Luego, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario. En el entendido de que para ello tomó en consideración que la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, no así las contraídas personal y voluntariamente. Asimismo, se pronunció sobre los argumentos formulados por la actora al desahogar la vista concedida en relación con dicha reclamación, y respecto de las pruebas ofrecidas en dicho ocurso, en los términos ahí indicados. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Juez y la Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Córdoba, Veracruz, con un anexo, consistente en copia certificada de la resolución dictada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en los autos del expediente*** de su índice; en atención a su contenido, se le tiene al Juez responsable remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por el Juez responsable, dese vista a las partes por el plazo de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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