Raúl Valencia Acosta

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Raúl Valencia Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se dejan sin efecto las medidas adoptadas el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Notifíquese lista de acuerdos a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial con que se da cuenta, mediante la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado, hace constar que no fue posible notificar personalmente al quejoso Raúl Valencia Acosta, el acuerdo de veinticinco de agosto de la presente anualidad, en el domicilio que señaló para tal efecto, por los motivos expuestos en la misma. En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del actuario de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista de acuerdos la notificación ordenada así como la presente y subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto la parte quejosa de que se trata, señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones..........................SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO DE 25/08/2021 QUE DICE:...Córdoba, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Raúl Valencia Acosta no desahogó la prevención que se formuló en proveído de nueve de julio del año en curso, en el sentido de proporcionar el nombre de la autoridad que señala como Juez responsable; y precisar el número del proceso penal que se le instaura y respecto del cual reclama la dilación a darle continuidad a su proceso. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto del acto consistente en la omisión de dar continuidad al proceso penal que se instruye al quejoso; y se continúa el presente asunto únicamente respecto de los actos reclamados al Director de Readaptación Social, con residencia en Xalapa, Veracruz y al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps Oaxaca. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por Raúl Valencia Acosta, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A ese respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese entendido, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis ....de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 dela Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Expuesto lo anterior, en el presente asunto, únicamente se tuvo como acto reclamado el mantener recluido al quejoso Raúl Valencia Acosta en un penal que se encuentra alejado del lugar de su residencia y de su familia, acto que se atribuye al Director de Readaptación Social, con residencia en Xalapa, Veracruz y al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps Oaxaca, con residencia en Oaxaca. En esas circunstancias, en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haber agotado la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, "la petición administrativa" que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad del citado acto. En efecto, de dicha disposición normativa deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado. En ese entendido, cabe destacar que de los artículos 1 y 2, así como primero y tercero transitorios Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se advierte que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social, y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. La referida ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que se encuentra vigente desde el diecisiete de junio de dicha anualidad. Ahora, respecto al medio de defensa que debió tramitar el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, los artículos 107 al 117 de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución o de Control, regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Asimismo, establecen que, en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el Juez de ejecución o control según corresponda, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el Juez de ejecución o de control. Ante tal panorama, si el quejoso reclama el encontrarse interno en un centro de reclusión alejado de su lugar de residencia y de su familia, se concluye que el referido mecanismo de defensa y los preceptos resultan aplicables al caso, pues el citado acto surgió precisamente de la relación de hecho y de derecho que existe entre dichas autoridades y el peticionario del amparo. Luego, el impetrante debió promover, previamente al juicio de amparo, la referida petición administrativa, ante la propia autoridad penitenciaria que ordenó su traslado al centro de reclusión en que se encuentra y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el Juez de control, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto; y al no haberlo hecho así, se configura la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé la referida porción normativa, por el contrario, el citado mecanismo de control (peticiones administrativas), corresponde a un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, sin mayores formalismos para que el interno reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el Juez de control. Tiene aplicación a lo aquí expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." No pasa inadvertido, que el quejoso en su escrito de demanda haya señalado que en el lugar donde se encuentra recluido ha sufrido tortura y que se encuentra enfermo, sin de julio del año en curso, llevado a cabo por el personal del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que el quejoso Raúl Valencia Acosta, no presenta lesiones visibles en el cuerpo, y que si bien manifiesta que el día dieciséis de junio del presente año si tenía lesiones, lo que aduce se corrobora de su expediente clínico; de las constancias remitidas por el Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", se observa de sus notas médicas que no presenta lesiones recientes y que ha recibido atención medica en dicho centro de reclusión; de ahí que no se adviertan los actos de tortura que aduce el quejoso, y se dejan sin efectos las providencias decretadas en el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. Sustenta lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." REGISTRO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se debe estar a lo ordenado en proveído de nueve de julio del año en curso en que se acordó respecto a los mismos. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se requiere a las partes para que proporcionen un correo electrónico y/o número telefónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********* contra el acto reclamado del Director de Readaptación Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otra autoridades.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 221/2020 (orden 1002/2020), derivado del presente juicio de amparo, enviado con motivo de notificara el auto de nueve de julio del año en curso al quejoso ***********, haciéndole entrega de copia autorizada de este proveído; asimismo para que certificara si el agraviado presentaba algún tipo de lesión física y su estado de salud. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0); sin que haya necesidad de ordenar el acuse de recibo, en razón de que el sistema expide dicha constancia al momento del envío

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