Renata Padilla Ortiz

Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
365/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Renata Padilla Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 33388/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 31401/2022 de quince de noviembre de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa data. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, relativas al juicio ordinario civil 547/2021, de su índice; devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que respecto del acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada (...) Para efecto de evidenciarlo, se estima pertinente partir del texto del referido artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La causa de improcedencia que prevé el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón legal de dicho precepto responde, evidentemente, a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Por tanto, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que sustentó, visible en la página 9, Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél; y, c) Que la situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior. En el caso, como se anticipó, este órgano de control constitucional considera que en el asunto que nos ocupa, se actualizan los supuestos para determinar que el acto reclamado que se analiza deriva de otro consentido; y para evidenciarlo es pertinente relatar los antecedentes -relevantes- del acto reclamado, que derivan de las copias certificadas del juicio ordinario civil 547/2021-IV, remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, cuyo valor probatorio se estableció en el considerando anterior, a saber: (...) Esta última actuación constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. De los antecedentes narrados deriva que se actualizan los supuestos para determinar que el acto reclamado que se analiza deriva de otro consentido. En efecto, el primer presupuesto consiste en a) la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; en el caso, lo es el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el Juez responsable, ante la inasistencia de la parte quejosa a la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz, hizo efectivo el apercibimiento formulado en diverso auto de veintisiete de abril de ese año, y, en consecuencia, le impuso a dicha accionante una multa equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización, y ordenó girar oficio al Jefe de la Oficina de Hacienda de la Entidad, para que procediera a hacer efectiva dicha sanción. Sin embargo, en autos no existe constancia alguna de que la parte quejosa hubiera impugnado dicha determinación a través de los medios legales previstos para ello; de ahí que, si omitió hacerlo, entonces consintió el contenido de tal actuación. El segundo requisito consistente en b) que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, también se actualiza, porque el oficio que reclama la quejosa, es decir, el número 3235 emitido el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, es una consecuencia directa del acuerdo de veintisiete de septiembre de ese mismo año, pues lo que impera es precisamente el contenido de éste. El tercero de los requisitos, referente a c) que la situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, como al posterior; de igual manera se colma, pues en el oficio 3235 de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, subsiste en sus términos la multa impuesta a la impetrante; lo que evidencia que la parte quejosa se encuentra en la misma situación jurídica en la que se encontraba respecto del auto de veintisiete de septiembre de ese año (acto anterior). De ello se colige que el acto primigenio de la afectación real y directa que hoy reclama la parte quejosa, lo constituye el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, el oficio reclamado de veintiuno de octubre del mismo año, que implícitamente reproduce la orden dada en aquél, constituye un acto derivado de otro consentido, que en el caso resulta ser la determinación citada en primer término, pues -se reitera- ésta fue consentida por la impetrante al no haber sido impugnada oportunamente. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la tesis (...) En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia (...) Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, dado que no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Al respecto, se cita la jurisprudencia (...) Finalmente, es pertinente precisar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia (...) QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 365/2022, promovido por ***********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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