Refugio Armando Osuna Millán
Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/08/2019
Partes del expediente
- Refugio Armando Osuna Millán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el uno de julio del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 118 a 119). En relación con lo anterior, por acuerdo de dos de julio de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada en el presente sumario constitucional, el tres de mayo del año en curso (fojas 78 a 90), se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó Celia Cleotilde Navarrete Álvarez, respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado y de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución la cantidad pagada por concepto de "SOLICITUD DE TRAMITE URGENTE", toda vez que el mismo no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el uno de julio del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre del quejoso Refugio Armando Osuna Millán y del que se advierte que devolvió la cantidad de $12,934.18 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (fojas 118 y 119). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $13,719.52 pesos, menos el monto de $570.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $290.00 pesos y $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público y préstamo hipotecario), da como resultado un total de $13,149.52 pesos. Asimismo, a dicha cantidad debe restársele la cantidad de $152.00 pesos, por el concepto "SOLICITUD DE TRAMITE URGENTE", al no ser objeto de devolución, dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas; así como la cantidad de $79.04 pesos, que se obtiene de los impuestos adicionales establecidos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, porcentajes que arrojan un total de 52% multiplicado por los $152.00 pesos. Entonces de los $152.00 pesos, más los $79.04 pesos, da como resultado $231.04 pesos. Por lo anterior, si a $13,149.52 pesos, se le restan $231.04 pesos, da el total de $12,918.48 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y el veintiocho de junio de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Por lo que el período de actualización comprende del mes de enero al mes de mayo del año en curso. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de este año entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero del año que transcurre fue de 103.112; y para el mes de mayo de la presente anualidad de 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00117348. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $12,918.48 pesos se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $12,933.63 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $12,918.48 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $15.15 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $12,934.18 pesos; es decir, en exceso $0.55 centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda documentos originales, consistentes en tres recibos oficiales de pago (fojas 19 a 21), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos; apercibida que de no hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexo de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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** TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el magistrado presidente de ese tribunal desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Vicente Cárdenas Raygoza, contra el proveído de trece de febrero de la presente anualidad, medio de impugnación que se registró con el número 264/2019; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución emitida, el treinta de mayo de este año, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión 603/2018 (1150/2018 auxiliar), relativo al presente sumario constitucional, de la que se aprecia que se MODIFICÓ la resolución dictada por este Juzgado y concedió el amparo y protección a ********************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia y para mejor proveer se transcriben los efectos de la ejecutoria de que se trata: ".procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitados y, de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se precisa la forma en que deberá proceder el Juez Mixto de Primera Instancia de La Varas, Municipio de Compostela: a) Deberá dejar insubsistente todo lo actuado a partir del auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada, así como la sentencia definitiva de veinticinco de enero de dos mil diecisiete y sus actos de ejecución, relativos al juicio civil ordinario ********************de su In dice. b) Hecho lo cual, actué en consecuencia, con plenitud de jurisdicción y conforme a sus atribuciones". Luego, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Juez Mixto de Primera Instancia de La Varas, Municipio de Compostela, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento al fallo protector concedido, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal Revisor, dentro del recurso de revisión civil arriba citado, para una mejor ilustración de lo anterior, se le remite copia de la aludida ejecutoria, para los efectos de la concesión de amparo. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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