Rebeca Pérez Guzmán

Expediente 1825/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1825/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Rebeca Pérez Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistas las constancias de autos, se advierte que, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el tres de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el tres de octubre de la anualidad próxima pasada, se determinó sobreseer y conceder a ****, la protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato y recibo de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor de la parte aquí quejosa. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria, ya que se desechó el recurso de revisión interpuesto. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se realizó una transferencia bancaria a la agraviada por la cantidad de $19,401.68 (diecinueve mil cuatrocientos un pesos 68/100 moneda nacional); de igual manera, informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $19,397.91 (diecinueve mil trescientos noventa y siete pesos 91/100 moneda nacional), que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), así como la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que es la cuantía mínima a pagar que prevé el ordinal 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se obtiene el monto de $18,827.91 (dieciocho mil ochocientos veintisiete pesos 91/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve; en tanto que, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se ordenó la transferencia bancaria a la peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue 103.299; y para el mes de enero del año en curso 106.447; De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.030474641. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,401.68 (diecinueve mil cuatrocientos un peso 68/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $19,401.68 (diecinueve mil cuatrocientos un peso 68/100 moneda nacional); que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales pues no se tramitaron. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por *** en su carácter de administrador único de la sociedad "Colinas Country Club", Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con el instrumento público número veintidós mil setecientos ochenta y cuatro, bajo la fe del Notario Público Número Treinta y Cinco, con sede en Zapopan, Jalisco, a través del cual interpone recurso de queja contra los proveídos de cinco de junio de dos mil dieciocho y diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por los que, entre otras cuestiones, se admitieron diversos medios de convicción ofrecidos por la parte tercera interesada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, Inciso e) y 99 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. De conformidad con los numerales 100 y 101 de la ley de la materia, agréguese al presente sumario constitucional copia del recurso de queja y las demás distribúyanse entre las partes; de igual manera, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señalen las constancias que estimen pertinentes para la resolución del recurso de que se trata. Asimismo, una vez que transcurra para las partes el término antes mencionado y señalen lo conducente, remítanse de inmediato el original del escrito de cuenta, copia de la determinación recurrida, el informe sobre la materia y las demás que se estimen pertinentes al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se tiene por recibido el diverso escrito de cuenta suscrito por Gerardo Santiago González en su carácter de administrador único de la sociedad "Colinas Country Club", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual en cumplimiento a los requerimientos contenidos en el proveído de diecisiete de octubre del año en curso (fojas 1204-1205), refiere que su representada se encuentra impedida para remitir el acta general ordinaria de accionistas de cuatro de enero de dos mil dieciocho, de la sociedad que representa, pues a su dicho tal requerimiento se encuentra subjudice con motivo de la interposición del mencionado recurso de queja; asimismo, expone que en el domicilio procesal donde se le notificó el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, no se cuentan con los libros que se requieren para el desahogo de la inspección judicial ofertada por los terceros interesados. En consecuencia, agréguese el escrito de cuenta a los presentes autos y téngase a la parte promovente cumpliendo con lo solicitado en el último párrafo del acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso (fojas 1204-1205); en la inteligencia que lo relativo a la remisión del acta de asamblea solicitada, se determinará una vez que se resuelva el medio de impugnación interpuesto en su contra. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el ocurso signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, Económico y Social, de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se le informe si el juicio de amparo 1002/2016 del índice de este Juzgado, se tramitó a nombre de ******************** y en caso de ser así, se le expidan copias certificadas de la demanda inicial, de la resolución dictada y de actuaciones posteriores que obran dentro del juicio de amparo de mérito, con el objeto de estar en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda, en tono a los hechos querellados por ********************, por el delito de fraude, en contra de ********************, dentro del Reporte de Hechos ********************de su estadística. En ese tenor, se le hace de su conocimiento que el presente sumario constitucional 1002/2016, fue promovido por el quejoso ********************, el cual se encuentra en el archivo material de este Juzgado por encontrarse debidamente concluido; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídansele copias certificadas de la demanda inicial, auto de radicación, sentencia, auto de interposición de recurso de revisión, ejecutoria dictada en segunda instancia y auto de archivo; para tal efecto, remítanse las mismas mediante oficio al domicilio de dicha autoridad, para los efectos legales que estime procedentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de tres de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Luego, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de la Materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la resolución dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, además, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el acto reclamado se hizo consistir en: 1. Del Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en particular los artículos 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII. 2. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, la aplicación de los arábigos de previa cita. En las relatadas condiciones, con sustento en el numeral 89 de la actual Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que se continuarán todas las actuaciones correspondientes. Por último, en cuanto al señalamiento de domicilio procesal, así como delegados, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de quince de agosto de este año (foja 54), toda vez que se trata de las mismas designaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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