Rebeca Franco Ríos
Expediente 465/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/08/2018
Partes del expediente
- Rebeca Franco Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el trece de julio del año en curso (fojas 91 y 92), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio de este año (foja 93), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución de catorce de mayo del año en curso (fojas 65 a 78), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: (.) "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $18,330.34 (dieciocho mil trescientos treinta pesos con treinta y cuatro centavos), que pagó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,546", emitido por el Notario Público Veinticinco, con sede en Tepic, Nayarit. Ello, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 83 y 84), causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de dicha Secretaría, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $18,330.34 (dieciocho mil trescientos treinta pesos 34/100 M. N.), a favor del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "15,546", emitido por el Notario Público 25, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que efectuó la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $18,086.71 (dieciocho mil ochenta y seis pesos 71/100 M. N.), lo cual acreditó con la copia de la impresión del reporte de transferencias SPEI de diez de julio del presente año (foja 92), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $18,330.34 (dieciocho mil trescientos treinta pesos 34/100 M. N.), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.), que corresponde a la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía aplicarse y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver la cantidad de $18,050.34 (dieciocho mil cincuenta pesos 34/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 14 a 15 y 59), y la responsable efectúo la transferencia a la cuenta proporcionada por la parte quejosa de la cantidad de $18,086.71 (dieciocho mil ochenta y seis pesos 71/100 M. N.), el diez de julio del presente año (foja 92), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de febrero a julio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero a junio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero del año en curso fue de 131.508; y para el mes de junio de este año de 132.282 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00588. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $18,156.47 (dieciocho mil ciento cincuenta y seis pesos 47/100 M. N.); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $106.13 (ciento seis pesos 13/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la quejosa la cantidad de $18,086.71 (dieciocho mil ochenta y seis pesos 71/100 M. N.) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver a la quejosa era de $18,156.47 (dieciocho mil ciento cincuenta y seis pesos 47/100 M. N.); sin embargo, éstas reintegraron la diversa de $18,086.71 (dieciocho mil ochenta y seis pesos 71/100 M. N.), es decir, no reintegraron una diferencia de $69.76 (sesenta y nueve pesos 76/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso y anexo de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de catorce de mayo del año en curso (fojas 65 a 78); en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Legislación de la Materia, agréguense el ocurso de mérito y anexo en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el ********************, en el que solicita diversos documentos, así como una prórroga de diez días para estar en condiciones de cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, agréguese a sus autos, sin mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de catorce de junio del presente año (foja 312 y 313), causó ejecutoria y se ordenó el archivo definitivo, en razón de que se sobreseyó en el presente sumario constitucional; por ello, notifíquese mediante oficio a la autoridad antes citada, a efecto de que se imponga de dicha circunstancia, en el entendido de que si así lo desea y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente respecto de la expedición de copias que solicita.
- Principal
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rebeca Franco Ríos, en contra de los actos reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, de los numerales 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; y su ejecución. El amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.
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