Rebeca Noemi Rojas Gómez

Expediente 997/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
997/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Rebeca Noemi Rojas Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente, no impugnó el proveído de seis de diciembre del año pasado (fojas 9 a 16), por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente, como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 06/12/2018 I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por... contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, y Actuarios de su adscripción. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 997/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. La quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "Se reclama de la autoridad ordenadora los actos de desposesión y desalojo derivados de un auto, decreto, resolución, sentencia u orden verbal, pronunciados dentro del Juicio Ejecutivo Civil sobre Desahucio, número 531/2018, respecto del bien inmueble ubicado en Avenida Oriente, número 8, de la colonia Francisco Sarabia, de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. De las autoridades ejecutoras, se reclama los actos de desposesión del terreno rústico que detento la posesión y usufructo. Asimismo combato desde este momento de la ordenadora como de las ejecutorias todas las consecuencias de hecho y de derecho del acto de desposesión. Todo lo anterior en franca violación a mis derechos humanos y garantías constitucionales". Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, manifiesta que el cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, un Actuario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, le requirió la entrega de la casa que arrienda, derivado de un juicio civil sobre desahucio, número 531/2018. Por otra parte manifiesta que tuvo conocimiento del acto concreto de autoridad el tres de noviembre de dos mil dieciocho. Ante ello, se tendrá como fecha de conocimiento el cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, pues fue la data en que se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento y del acto que reclama. V. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el caso concreto, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del numeral invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el párrafo primero del ordinal referido, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del referido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que la parte quejosa, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que el acto de autoridad que se refuta de inconstitucional, como ya se expuso, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Una vez precisado lo anterior, se reitera, la parte quejosa contaba con el término de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, concatenado con el diverso 18 del citado cuerpo de leyes, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedor del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 primera parte, página setenta y uno, con número de registro 232213, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señaló en su escrito de demanda que el cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, le requirieron la entrega de la casa que arrienda, con motivo del juicio civil 531/2018, en el cual aduce no es parte, manifestación que se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en virtud de que esa confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En razón de lo expuesto, cabe precisar que el término para impugnar el acto reclamado transcurrió desde el día siguiente al en que se ostentó sabedora del mismo, lo que se demuestra con la siguiente tabla: NOVIEMBRE DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 4 Se ostentó sabedora 5 Día 1 6 Día 2 7 Día 3 8 Día 4 9 Día 5 10 11 12 Día 6 13 Día 7 14 Día 8 15 Día 9 16 Día 10 17 18 19 Inhábil 20 No corren términos 21 Día 11 22 Día 12 23 Día 13 24 25 26 Día 14 27 Día 15 En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo hasta el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y autorizando amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas ahí mencionados. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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