Raymundo Terán Martínez
Expediente 711/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Raymundo Terán Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 9498, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo, en atención a su contenido, se provee: Téngasele remitiendo el testimonio de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictada por ese Órgano Colegiado, en los autos de la queja penal 97/2015, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ".PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Raymundo Terán Martínez, contra el auto dictado el diecisiete de septiembre de dos mil quince, por la secretaria en funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, en el juicio de amparo indirecto 711/2015. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, se ordena dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano colegiado, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda en cuanto a los probables actos de tortura mencionados por el ahora recurrente". En consecuencia, acúsese el recibo respectivo; comuníquese este acuerdo a la parte quejosa; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. En el caso, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Incidental
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 7609, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo del oficio número 25333/2015-ZU, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el licenciado Ricardo Livas Hernández, autorizado de Raymundo Terán Martínez, contra el auto dictado en el presente juicio; el cual quedó radicado bajo el recurso de queja número 97/2015; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos la copia del escrito signado por el licenciado Ricardo Livas Hernández, autorizado de la parte quejosa, y diez copias de dicho escrito, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil quince. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo en vigor, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el escrito original del recurso, así como copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, así como copia certificada de los juicios de amparo 731/2015 y 592/2015 que refiere el promovente, y demás que se estimen pertinentes, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el promovente.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo promovida por Raymundo Terán Martínez, contra actos del Encargado de la Base de Operaciones del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES), con residencia en esta ciudad, y otras. Ante ello, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 711/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en la orden de aprehensión librada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, contra el quejoso Raymundo Terán Martínez, por el delito de abigeato. Por lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 9/98, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196923, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 188643, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En ese orden de ideas, se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo fuera del término de los quince días que tenía para ello; causal de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18, de la misma legislación, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La transcripción que antecede, permite sostener que el juicio biinstancial es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro del término de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 transcrito, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: a). Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b). Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c). Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d). Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, de la interpretación armónica de los numerales citados, puede concluirse que el plazo para promover el juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, es de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación realizada al inculpado, ya que ese acto no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues si bien afecta la libertad personal del impetrante, no fue dictado fuera de procedimiento judicial, requisito indispensable para que se actualice la última excepción. Conforme al artículo 18 de la legislación en comento, el plazo aludido se contabilizará: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; ó, III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada; todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Así, cuando el quejoso se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa aduce que el término de los quince días que tenía para promover el presente juicio de amparo, inició a partir de la fecha en que le fue notificado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el diverso juicio de amparo 592/2015, es decir, el siete de septiembre del presente año, sin embargo, una vez que se traen a la vista los autos del dicho expediente, se advierte lo siguiente: El juicio de amparo 592/25015, fue presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el veintitrés de julio del año en curso, reclamándose la orden de aprehensión girada con el quejoso Raymundo Terán Martínez. Posteriormente, en proveído de once de agosto del año en curso (foja 37, juicio de amparo 592/2015), se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, en que admitió la existencia de los actos reclamados, y al respecto, remitió el duplicado del proceso penal 148/2015; precisando que la orden de aprehensión reclamada fue librada el tres de agosto del presente año, es decir, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, motivo por el cual se sobreseyó dicho juicio de amparo fuera de audiencia, toda vez que el juicio constitucional no puede regir para actos futuros e inciertos, pues la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda. A su vez, mediante el auto de once de agosto de dos mil quince, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, el cual se ordenó poner a la vista de la parte quejosa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lista de acuerdos publicada el doce del mismo mes y año, según se desprende de sello firmado por la Actuaria de la adscripción. En esa tesitura, si el acuerdo que ordenó poner a la vista de la parte quejosa, el informe justificado relativo a la orden de aprehensión reclamada, así como el duplicado del proceso penal de origen, se notificó el doce de agosto de dos mil quince, el término de los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, inició a partir del catorce del citado mes y año, y le feneció el tres de septiembre del presente año, dado que los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta, no se computan por haber sido inhábiles, Por ende, si el escrito de demanda del presente juicio de amparo fue presentado el catorce de septiembre del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, ya que el quejoso Raymundo Terán Martínez, al menos desde día doce de agosto del presente año, tuvo conocimiento del acto reclamado y por ello, estuvo en aptitud de estudiar los elementos que tuvo en consideración el Juez responsable para efecto de librar la orden de aprehensión reclamada, y combatirlos mediante la promoción de un diverso juicio de amparo. Inclusive, la parte quejosa, mediante escrito recibido por el Secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, el diecisiete de agosto de dos mil quince (fojas 49 a 61), formuló alegatos tendentes a combatir las consideraciones, que tuvo el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, para librar la orden de aprehensión reclamada; pues bien, aun tomando en consideración esa fecha, la presentación de la presente demanda de amparo también resulta extemporánea, ya que dicho lapso le feneció el cuatro de septiembre del presente año, con deducción de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto, por haber sido inhábiles. Resulta de aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página: 5, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." No obsta a lo anterior, que el acto reclamado sea una orden de aprehensión, pues al haber sido dictada dentro de un proceso penal, bajo la vigencia de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el término para la presentación de la demanda de amparo correspondiente es el genérico de quince días. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, visible en la página 38, de la Décima Época, registro 2009174, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." El juicio de amparo 592/2015, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, toda vez que forman parte de un expediente tramitado ante este órgano jurisdiccional, y por ende, se tiene a la vista al momento de resolver. Tiene aplicación, la jurisprudencia número 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, tomo XXIII, junio de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". Sin que sea necesario adjuntar copia certificada de las constancias invocadas que obran en el juicio de amparo que se cita como hecho notorio, solo en el caso de ser recurrida la presente determinación, adjúntese las copias certificadas, a fin de que el Tribunal de Alzada las tenga a la vista al momento de resolver. Por las consideraciones expuestas, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Raymundo Terán Martínez, con apoyo en el precepto 113 de la citada legislación. Se tienen como autorizados en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales Ricardo Livas Hernández y María de Jesús González Garza, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a Ricardo Alberto Méndez Livas y Belinda Livas Aguirre, se les tiene únicamente como autorizados, en términos del párrafo segundo, parte final, del numeral citado, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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