Raymundo Terán Martínez

Expediente 731/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
731/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2015

Partes del expediente

  • Raymundo Terán Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el plazo de cinco días, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente impugnara el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso (fojas 17 a 22), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, le transcurrió del veintinueve de septiembre al cinco de octubre del mismo año; con exclusión de los días tres y cuatro de octubre de este año, por ser inhábiles; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de amparo promovida por Raymundo Terán Martínez, contra actos del Encargado de la Base de Operaciones del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES), con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Ante ello, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 731/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, al no oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: (.) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así es, el artículo citado, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De acuerdo con la causal de mérito, es improcedente el juicio de amparo contra actos que fueron materia de diverso juicio de garantías que se encuentra pendiente de resolución, promovido contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun contra otras diversas autoridades, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial. Así lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis número III.2o.P.41 K, tomo XXVII, enero de 2008, página 2791, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (.) Ahora bien, en el presente juicio de amparo se advierte que Raymundo Terán Martínez, promovió de nueva cuenta demanda de garantías, contra la orden de aprehensión y su ejecución, señalando como autoridades responsables: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen el carácter anterior las siguientes: ENCARGADO DE LA BASE DE OPERACIONES DEL GRUPO DE ARMAS Y TACTICAS ESPECIALES (GATES), con domicilio en esta ciudad de piedras negras, Coahuila. DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL JUSTICIA DEL ESTADO, ZONA NORTE 1. COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. COMANDANTE DE LA POLlCIA DEL ESTADO, DIVISION INVESTIGADORA. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PUBLICO EN VILLA DE FUENTE. AGENTES DE LA POLICIA DEL ESTADO, DIVISION INVESTIGADORA DE VILLA DE FUENTE. ENCARGADO DEL GRUPO DE ORDENES DE APREHENSION DE LA PO LICIA INVESTIGADORA DEL ESTADO REGION NORTE l. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE Todas estas autoridades tienen su lugar de residencia en esta población de piedras negras". Ahora bien, por lo que ve al diverso juicio de amparo 711/2015, promovido también por el aquí quejoso, señaló el mismo acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión y su ejecución y señaló como autoridades responsables a las mismas autoridades que asentó en la demanda que motiva la formación del presente juicio de amparo, como se lee: "ACTOS RECLAMADOS. Se combate la orden de aprehensión dictada por el JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE, reclamando su ejecución al resto de las responsables". "AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen el carácter anterior las siguientes: ENCARGADO DE LA BASE DE OPERACIONES DEL GRUPO DE ARMAS Y TACTICAS ESPECIALES (GATES), con domicilio en esta ciudad de piedras negras, Coahuila. DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL JUSTICIA DEL ESTADO, ZONA NORTE 1. COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. COMANDANTE DE LA POLlCIA DEL ESTADO, DIVISION INVESTIGADORA. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PUBLICO EN VILLA DE FUENTE. AGENTES DE LA POLICIA DEL ESTADO, DIVISION INVESTIGADORA DE VILLA DE FUENTE. ENCARGADO DEL GRUPO DE ORDENES DE APREHENSION DE LA PO LICIA INVESTIGADORA DEL ESTADO REGION NORTE l. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE Todas estas autoridades tienen su lugar de residencia en esta población de piedras negras". De lo que se concluye que el acto que se combate en el presente juicio de amparo 731/2015 (en esencia la orden de aprehensión y su ejecución), es materia del diverso juicio de amparo 711/2015, en el cual se encuentra trascurriendo el término previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, a efecto de que la parte quejosa pueda combatir mediante el recurso idóneo, la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por el aquí promovente, pues, dicho término transcurrirá del veintidós de septiembre al cinco de octubre del mismo año, con deducción del veintiséis y veintisiete de septiembre y tres, así como tres y cuatro de octubre del propio año, por ser inhábiles, lo anterior, atendiendo a que en dieciocho de septiembre de este año, se le notificó la misma, en forma personal por conducto de su autorizado (resolución de diecisiete de septiembre del año que transcurre). Por lo tanto, el juicio en comento no es un procedimiento concluido hasta el día de hoy; por lo que se encuentra demostrado que en ambos juicios de amparo en esencia es el mismo acto reclamado, mismas autoridades responsables, lo que constituye en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa en el arábigo 2°, de la Ley de la Materia, un hecho notorio, por ser un juicio que se tramita en este Juzgado. Por lo que, siendo el acto reclamado en el presente asunto, motivo de diverso juicio de amparo, anterior a éste, en el que se solicitó se analizara la constitucionalidad de dicho acto, no puede ser materia de análisis en el juicio que ahora se estudia. Las actuaciones del juicio de amparo 711/2015, citado con antelación, se invoca en este asunto como hecho notorio, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2º de esta última. Resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, Registro No. 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Asimismo, tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis aislada XIII.3o.4 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2679, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, Registro No. 176544, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: (.) Sin que sea el caso de adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado, pues se tienen a la vista, al momento de dictarse la presente sentencia. En apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro número 172215, cuyo rubro y texto, son: (.) Sólo en el caso de que la presente resolución sea recurrida, adjúntense sendas copias como antecedentes del hecho notorio invocado. En consecuencia es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo en vigor, que lleva necesariamente a desechar de plano la demanda de garantías, ello con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. En su oportunidad practíquense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y una vez que causa estado este auto, archívese el asunto como concluido. Se tienen como autorizados en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales Ricardo Livas Hernández y María de Jesús González Garza, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a Ricardo Alberto Méndez Livas y Belinda Livas Aguirre, se les tiene únicamente como autorizados, en términos del párrafo segundo, parte final, del numeral citado, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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