Rebeca Gomez Hernandez

Expediente 932/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
932/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Rebeca Gomez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 932/2020-II. En once de diciembre de dos mil veinte, Edgar Andres Munive Osorio, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, transcurrió para el quejoso del tres al nueve de diciembre del año en curso1, porque fue notificado por lista el uno del mismo mes y año. Asimismo, hace constar que dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo En esta misma fecha, se da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no recurrió el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    UICIO DE AMPARO 932/2020-II. En treinta de noviembre de dos mil veinte, se da cuenta a la jueza con un oficio (con anexo); recibido en este juzgado el día hábil anterior a la fecha (vía correo electrónico), y registrado con el folio de control interno 15237. Conste. Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla. Mediante dicho oficio, devuelve sin diligenciar el despacho 377/2020, orden 521/2020, del índice de este juzgado, a través del cual se ordenó notificar a la quejosa +++++, el proveído de dieciocho de noviembre del año en curso. Lo anterior, porque no fue posible localizar el domicilio proporcionado por la quejosa en la demanda. Entonces, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se deja sin efecto el apercibimiento de multa efectuado al citado juez. Por otra parte, dado que se desconoce el domicilio de la quejosa donde pueda ser notificada, se ordena notificarle el acuerdo de dieciocho de noviembre del año en curso, por medio de lista que se fije en este juzgado, así como el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese; el proveído de dieciocho de noviembre de del año en curso y el presente a la quejosa (por lista); y cúmplase. Así lo proveyó y firma María del Carmen Ruiz Medina, Jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Edgar Andrés Munive Osorio, secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VENTE, SE NOTIFICIA POR MEDIO DE LISTA EL DIVERSO ACUERDO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 932/2020-II. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó Rebeca Gómez Hernández, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Primera Mesa, antes Tercera Mesa de trámite Huauchinango, Puebla -así fue señalada en la demanda-. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. la dilación procesal consistente respecto del informe de la necropsia ordenada mediante oficios 671/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019, así como mediante oficios de fecha */HUAUC, de fecha 3 de diciembre de 2019, misma que debe constar dentro de Registro de Atención Temprana */HUAUCHINANGO..todo lo que por derecho se produzca en el perjuicio de mis intereses, ya que [.] se han desahogado las pruebas y diligencias necesarias y correspondientes dentro del Registro De Atención Temprana */HUAUCHINANGO y al no constar la necropsia, señalada en el párrafo que antecede, se produce la dilación procesal, objeto del presente acto reclamado, así como las consecuencias que emanen de dicho acto La lectura de lo anterior, evidencia que la promovente reclama la omisión del representante social de allegarse de un informe de necropsia, como acto de investigación pues, afirma, éste resulta necesario para la integración de la indagatoria *. Además, es importante mencionar que en los antecedentes del acto reclamado, refiere que dicho informe de necropsia versará sobre el occiso Josafat Hernández Yáñez, quien fuera su esposo; por tanto, es concluyente que la misma tiene el carácter de víctima indirecta en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior Se afirma, porque la abstención ministerial reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por la promovente deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la investigación donde aquélla tiene el carácter de víctima indirecta. De hecho, la promovente debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por **, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la promovente en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal. En atención a que el domicilio señalado por la promovente, en la demanda de amparo, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado y la zona conurbada, se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio para tales efectos en la ciudad de Puebla (o zona conurbada). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como domicilio procesal las listas de este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si hubiese omitido señalar por escrito un domicilio procesal. Ahora, dado que el domicilio indicado en la demanda está ubicado en cerrada dieciocho (18) de Marzo, número cuarenta y siete (47), colonia El Potro, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se dispone lo siguiente: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena librar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, se constituya (dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción del despacho) en el referido domicilio y le notifique a la promovente *el presente proveído Se faculta al mencionado juez para que haga uso de las medidas que estime pertinentes a fin de lograr lo solicitado. Incluso, de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles. Por consiguiente, se requiere al juez de referencia, para que una vez realizada la notificación, devuelva el presente despacho en el término de cuarenta y ocho horas, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, con fundamento en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Empero, se le hace saber que a fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, que obliga a privilegiar el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, deberá preferir el envío de la comunicación por la vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx A través de ese correo electrónico, se le acusará de recibo ..a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que pretenda devolver la comunicación oficial de forma física. Por último, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que el despacho derivado de este acuerdo, sea remitido a la autoridad requerida a través de su correo electrónico Además, deberá (el actuario) confirmar la recepción del correo electrónico y levantar razón de ello. No se soslaya que la promovente también señaló un correo electrónico y un número telefónico como medio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, no es posible acordar favorable su petición, ya que esos medios de comunicación sólo se utilizarán como forma de contacto en caso de que así se requiera, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, ya que las notificaciones que se le practiquen sólo se realizarán a través de las formas autorizadas en la Ley de Amparo. Autorizados. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Domínguez Cuentenco y Dulce Pamela Rivero Pérez, porque sus cédulas se encuentran inscritas en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), .. queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones, la persona de nombre Luz Elena Palacios Romero, porque así lo solicitó la promovente. Comunicación de las partes. Con independencia de lo acordado en los apartados precedentes y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporcionó la promovente en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. ..procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; de manera personal a la promovente (por despacho); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 932/2020-II. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó Rebeca Gómez Hernández, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Primera Mesa, antes Tercera Mesa de trámite Huauchinango, Puebla -así fue señalada en la demanda-. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. la dilación procesal consistente respecto del informe de la necropsia ordenada mediante oficios 671/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019, así como mediante oficios de fecha */HUAUC, de fecha 3 de diciembre de 2019, misma que debe constar dentro de Registro de Atención Temprana */HUAUCHINANGO..todo lo que por derecho se produzca en el perjuicio de mis intereses, ya que [.] se han desahogado las pruebas y diligencias necesarias y correspondientes dentro del Registro De Atención Temprana */HUAUCHINANGO y al no constar la necropsia, señalada en el párrafo que antecede, se produce la dilación procesal, objeto del presente acto reclamado, así como las consecuencias que emanen de dicho acto La lectura de lo anterior, evidencia que la promovente reclama la omisión del representante social de allegarse de un informe de necropsia, como acto de investigación pues, afirma, éste resulta necesario para la integración de la indagatoria *. Además, es importante mencionar que en los antecedentes del acto reclamado, refiere que dicho informe de necropsia versará sobre el occiso Josafat Hernández Yáñez, quien fuera su esposo; por tanto, es concluyente que la misma tiene el carácter de víctima indirecta en esa investigación. Lo indicado en párrafos precedentes revela la actualización de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior Se afirma, porque la abstención ministerial reclamada en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por la promovente deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la investigación donde aquélla tiene el carácter de víctima indirecta. De hecho, la promovente debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o la promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por **, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la promovente en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal. En atención a que el domicilio señalado por la promovente, en la demanda de amparo, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado y la zona conurbada, se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio para tales efectos en la ciudad de Puebla (o zona conurbada). Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como domicilio procesal las listas de este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, si hubiese omitido señalar por escrito un domicilio procesal. Ahora, dado que el domicilio indicado en la demanda está ubicado en cerrada dieciocho (18) de Marzo, número cuarenta y siete (47), colonia El Potro, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se dispone lo siguiente: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena librar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Estado de Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, incluso en días y horas inhábiles, se constituya (dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción del despacho) en el referido domicilio y le notifique a la promovente *el presente proveído Se faculta al mencionado juez para que haga uso de las medidas que estime pertinentes a fin de lograr lo solicitado. Incluso, de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles. Por consiguiente, se requiere al juez de referencia, para que una vez realizada la notificación, devuelva el presente despacho en el término de cuarenta y ocho horas, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, con fundamento en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Empero, se le hace saber que a fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, que obliga a privilegiar el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, deberá preferir el envío de la comunicación por la vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx A través de ese correo electrónico, se le acusará de recibo ..a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que pretenda devolver la comunicación oficial de forma física. Por último, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que el despacho derivado de este acuerdo, sea remitido a la autoridad requerida a través de su correo electrónico Además, deberá (el actuario) confirmar la recepción del correo electrónico y levantar razón de ello. No se soslaya que la promovente también señaló un correo electrónico y un número telefónico como medio para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, no es posible acordar favorable su petición, ya que esos medios de comunicación sólo se utilizarán como forma de contacto en caso de que así se requiera, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, ya que las notificaciones que se le practiquen sólo se realizarán a través de las formas autorizadas en la Ley de Amparo. Autorizados. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Domínguez Cuentenco y Dulce Pamela Rivero Pérez, porque sus cédulas se encuentran inscritas en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), .. queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones, la persona de nombre Luz Elena Palacios Romero, porque así lo solicitó la promovente. Comunicación de las partes. Con independencia de lo acordado en los apartados precedentes y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporcionó la promovente en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. ..procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; de manera personal a la promovente (por despacho); y cúmplase.

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