Raymundo Reyes Hernández
Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Raymundo Reyes Hernández
- Fernando Armenta García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Puebla, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Se ordena la devolución del disco compacto DVD remitido por el Juez de Control de la Región Judicial Centro- Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla y que deriva de la carpeta judicial administrativa *. Se hace notar que es innecesario acuse de recibo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se descarta proveer al respecto al no haberse ordenado su apertura en el presente juicio de amparo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá.
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, el oficio de cuenta del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, donde devuelve diligenciado el despacho 336/2021 con número de orden 503/2021, donde se ordenó el emplazamiento de *. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Sin embargo, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es innecesario realizar mayor proveído al respecto.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1156/2021. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla mediante el cual informa lo determinado en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en autos de la carpeta judicial administrativa * Para soportar su informe remite en formato DVD la videograbación de la mencionada audiencia. Sin que haya lugar a proveer sobre la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo debido a que en este expediente se habrá de sobreseer fuera de audiencia como a continuación se indica. Cuaderno auxiliar. Se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo, para evitar el deterioro del disco aportado por el juez responsable, así como para facilitar el manejo frecuente de este juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que **, por propio derecho, presentaron su demanda de amparo el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual reclamaron de la autoridad responsable Juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla : 1. La legalidad del control de detención de los quejosos, efectuado en el proceso penal 2. El auto de vinculación a proceso de cinco de noviembre del presente año, emitido en su contra, en el referido proceso penal; y, 3. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en su contra, dentro del proceso penal en mención. Del Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla: 4. La ejecución de dicha medida cautelar. Todo lo anterior en autos de la causa penal del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. Al rendir su informe justificado el Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, refirió la certeza del acto reclamado, además, refirió que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, le fue notificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos así como el auto de vinculación a proceso dictado en contra de aquellos en autos de la carpeta judicial administrativa , por lo que, ingresaron al establecimiento penitenciario a su cargo. De todo lo anterior remitió constancias para acreditar su dicho. Después, a pesar que el Juez de Control responsable ha sido omiso en rendir su informe justificado, en el oficio de cuenta, refirió que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró audiencia oral y pública en la cual se decretó la suspensión condicional a favor de los quejosos * Ademas aportó la videograbación de la mencionada audiencia para soportar su dicho que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud su existencia. Actualización de diversas causas de improcedencia. En el caso particular, por cuanto hace a los actos reclamados, identificados con los números 1 y 2, consistentes en: La legalidad del control de detención de los quejosos, efectuado en el proceso penal y el auto de vinculación a proceso de cinco de noviembre del presente año, emitido en su contra, en el referido proceso penal, cuya ejecución se le atribuyó a la responsable ejecutora; este órgano jurisdiccional considera que el presente juicio es improcedente al actualizarse, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso del acto que combate, lo que se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos respecto de ese acto, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. El máximo Tribunal estableció que, cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputadoaccedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Precisó, que esto es así porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Sostuvo que estimar lo contrario, no solo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Así, concluyó que si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente, o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, es necesario reiterar que del escrito de demanda, así como el informe justificado de la autoridad responsable ejecutora, se aprecia que, en la carpeta judicial administrativa * del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, el juez de control resolvió la calificación de legal detención y el auto de vinculación a proceso contra los quejosos. En el oficio de cuenta, el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, informó que en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, decretó la suspensión condicional por el plazo de un año, bajo las siguientes condiciones: Residir en un lugar determinado, el imputado * y por cuanto hace a * vivirá en *, Puebla. Abstenerse, ambos quejosos, de molestar o acercarse a las víctimas * ni tampoco al domicilio de aquellas, ni por ningún medio. No reunirse, convivir o tener contacto de cualquier índole, tanto personal como vía electrónica, entre ellos -los quejosos-. Asistirán al tratamiento médico psicológico, mismo que se llevara a cabo en las instalaciones de la Dirección de Prevención del Delito, Tener un trabajo o empleo, por cuanto hace al imputado * continuará laborando como abogado litigante, en su oficina ubicada en * Puebla en un horario flexible; y por cuanto hace a * laborará como elemento de seguridad pública municipal, para el Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, Puebla, teniendo como domicilio laboral el ubicado en * laborando de veinticuatro por veinticuatro horas, por lo que cada uno deberá exhibir la constancia laboral ante la Unidad de Medidas Cautelares. Por ende, la autoridad judicial ordenó la inmediata libertad de los imputados * En tales condiciones, se estima que al acceder al medio alternativo de solución de suspensión condicional del proceso, los directos quejosos consintieron la resolución de calificación de legal de su detención y el auto de vinculación a proceso en su contra, pues la solicitud de acceder a ese medio de terminación anticipada, implicó la aceptación de los hechos que se le imputaron; lo que actualiza la causal de improcedencia analizada. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el número 3 consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en su contra, dentro del proceso penal en mención, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Esta causal puede actualizarse en dos supuestos, a saber: i) Cuando quedan destruidos en forma total, incondicional y material los efectos del acto reclamado; y, ii) Por sustitución procesal, que se verifica cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Este último supuesto de cesación de efectos por sustitución procesal, es el que se actualiza cuando se reclama una resolución a la que sobreviene una diversa que la modifica sustancialmente o modifica sus efectos, de manera que la validez del acto reclamado ya no depende del acto en sí mismo, sino de lo resuelto por un acto procesal diverso que lo sustituye. En el caso, la resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedó sustituida por la determinación pronunciada en audiencia de diez de diciembre de la presente anualidad, en cuanto a la suspensión condicional del proceso, mediante la cual, los quejosos obtuvieron su libertad. De ese modo, si bien los efectos de la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no fueron destruidos incondicional y totalmente, debido a que, en caso de incumplimiento, podría reanudarse su ejecución; lo cierto es que la nueva determinación de suspensión condicional del proceso, incide en su ejecutividad en virtud de que cesaron sus efectos materialmente, al grado que aquéllos obtuvieron su libertad. Motivo por el cual, no resulta procedente su análisis, pues lo resuelto en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó la suspensión condicional del proceso, la sustituyó jurídicamente; en tanto que en ella se determinó ordenar la libertad de los imputados y por ende resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos. En consecuencia, al advertirse la actualización de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado identificado con el número 4, consistente en la ejecución de dicha medida cautelar, que los quejosos reclamaron del Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla en virtud de no se reclamó por vicios propios. En consecuencia de lo narrado en el apartado anterior, con fundamento en la fracción V de artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso artículo 61, fracciones XIII y XXI se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia.... se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; en forma personal a los quejosos, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (por correo electrónico salvo que deba realizarse físicamente); por oficio a las autoridades responsables y a los agentes del Ministerio Público terceros interesados (que deberán enviarse por correo electrónico salvo que deban entregarse físicamente o por correo certificado); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1156/2021. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla mediante el cual informa lo determinado en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en autos de la carpeta judicial administrativa * Para soportar su informe remite en formato DVD la videograbación de la mencionada audiencia. Sin que haya lugar a proveer sobre la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo debido a que en este expediente se habrá de sobreseer fuera de audiencia como a continuación se indica. Cuaderno auxiliar. Se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo, para evitar el deterioro del disco aportado por el juez responsable, así como para facilitar el manejo frecuente de este juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que **, por propio derecho, presentaron su demanda de amparo el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual reclamaron de la autoridad responsable Juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla : 1. La legalidad del control de detención de los quejosos, efectuado en el proceso penal 2. El auto de vinculación a proceso de cinco de noviembre del presente año, emitido en su contra, en el referido proceso penal; y, 3. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en su contra, dentro del proceso penal en mención. Del Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla: 4. La ejecución de dicha medida cautelar. Todo lo anterior en autos de la causa penal del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. Al rendir su informe justificado el Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, refirió la certeza del acto reclamado, además, refirió que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, le fue notificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos así como el auto de vinculación a proceso dictado en contra de aquellos en autos de la carpeta judicial administrativa , por lo que, ingresaron al establecimiento penitenciario a su cargo. De todo lo anterior remitió constancias para acreditar su dicho. Después, a pesar que el Juez de Control responsable ha sido omiso en rendir su informe justificado, en el oficio de cuenta, refirió que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró audiencia oral y pública en la cual se decretó la suspensión condicional a favor de los quejosos * Ademas aportó la videograbación de la mencionada audiencia para soportar su dicho que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud su existencia. Actualización de diversas causas de improcedencia. En el caso particular, por cuanto hace a los actos reclamados, identificados con los números 1 y 2, consistentes en: La legalidad del control de detención de los quejosos, efectuado en el proceso penal y el auto de vinculación a proceso de cinco de noviembre del presente año, emitido en su contra, en el referido proceso penal, cuya ejecución se le atribuyó a la responsable ejecutora; este órgano jurisdiccional considera que el presente juicio es improcedente al actualizarse, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." La fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso del acto que combate, lo que se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos respecto de ese acto, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. En efecto, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. El máximo Tribunal estableció que, cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputadoaccedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Precisó, que esto es así porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consistía en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implicaba la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestionara, ya que esa aceptación no era gratuita, sino que perseguía un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasaba por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se impusiera una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelaban podían ser renunciables. Sostuvo que estimar lo contrario, no solo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna; y, otro, que lo cuestione a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Así, concluyó que si la referida causa de improcedencia se actualizaba antes de la presentación de la demanda, motivaría que la misma se desechara por notoriamente improcedente, o bien, si sobrevenía durante la tramitación del amparo, generaría el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, es necesario reiterar que del escrito de demanda, así como el informe justificado de la autoridad responsable ejecutora, se aprecia que, en la carpeta judicial administrativa * del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan, el juez de control resolvió la calificación de legal detención y el auto de vinculación a proceso contra los quejosos. En el oficio de cuenta, el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, informó que en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, decretó la suspensión condicional por el plazo de un año, bajo las siguientes condiciones: Residir en un lugar determinado, el imputado * y por cuanto hace a * vivirá en *, Puebla. Abstenerse, ambos quejosos, de molestar o acercarse a las víctimas * ni tampoco al domicilio de aquellas, ni por ningún medio. No reunirse, convivir o tener contacto de cualquier índole, tanto personal como vía electrónica, entre ellos -los quejosos-. Asistirán al tratamiento médico psicológico, mismo que se llevara a cabo en las instalaciones de la Dirección de Prevención del Delito, Tener un trabajo o empleo, por cuanto hace al imputado * continuará laborando como abogado litigante, en su oficina ubicada en * Puebla en un horario flexible; y por cuanto hace a * laborará como elemento de seguridad pública municipal, para el Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, Puebla, teniendo como domicilio laboral el ubicado en * laborando de veinticuatro por veinticuatro horas, por lo que cada uno deberá exhibir la constancia laboral ante la Unidad de Medidas Cautelares. Por ende, la autoridad judicial ordenó la inmediata libertad de los imputados * En tales condiciones, se estima que al acceder al medio alternativo de solución de suspensión condicional del proceso, los directos quejosos consintieron la resolución de calificación de legal de su detención y el auto de vinculación a proceso en su contra, pues la solicitud de acceder a ese medio de terminación anticipada, implicó la aceptación de los hechos que se le imputaron; lo que actualiza la causal de improcedencia analizada. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el número 3 consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en su contra, dentro del proceso penal en mención, de oficio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Esta causal puede actualizarse en dos supuestos, a saber: i) Cuando quedan destruidos en forma total, incondicional y material los efectos del acto reclamado; y, ii) Por sustitución procesal, que se verifica cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Este último supuesto de cesación de efectos por sustitución procesal, es el que se actualiza cuando se reclama una resolución a la que sobreviene una diversa que la modifica sustancialmente o modifica sus efectos, de manera que la validez del acto reclamado ya no depende del acto en sí mismo, sino de lo resuelto por un acto procesal diverso que lo sustituye. En el caso, la resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedó sustituida por la determinación pronunciada en audiencia de diez de diciembre de la presente anualidad, en cuanto a la suspensión condicional del proceso, mediante la cual, los quejosos obtuvieron su libertad. De ese modo, si bien los efectos de la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no fueron destruidos incondicional y totalmente, debido a que, en caso de incumplimiento, podría reanudarse su ejecución; lo cierto es que la nueva determinación de suspensión condicional del proceso, incide en su ejecutividad en virtud de que cesaron sus efectos materialmente, al grado que aquéllos obtuvieron su libertad. Motivo por el cual, no resulta procedente su análisis, pues lo resuelto en audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó la suspensión condicional del proceso, la sustituyó jurídicamente; en tanto que en ella se determinó ordenar la libertad de los imputados y por ende resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos. En consecuencia, al advertirse la actualización de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado identificado con el número 4, consistente en la ejecución de dicha medida cautelar, que los quejosos reclamaron del Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla en virtud de no se reclamó por vicios propios. En consecuencia de lo narrado en el apartado anterior, con fundamento en la fracción V de artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso artículo 61, fracciones XIII y XXI se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia.... se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; en forma personal a los quejosos, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (por correo electrónico salvo que deba realizarse físicamente); por oficio a las autoridades responsables y a los agentes del Ministerio Público terceros interesados (que deberán enviarse por correo electrónico salvo que deban entregarse físicamente o por correo certificado); y cúmplase.
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