Raymundo Perez Flores
Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Raymundo Perez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio -por inexistencia de actos-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA (COSA JUZGADA Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal y por oficio de este acuerdo al quejoso, autoridades responsables y fiscal adscrita, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer, dado que ha quedado firme la sentencia en la cual fue decretado el sobreseimiento. Aunado a que si alguna de esas partes deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por otra parte, conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción, porque si bien fue otorgada la suspensión provisional, también es verdad que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados. De ahí que se opte por la hipótesis de destrucción, pues constituye la ruta idónea a los fines del resguardo documental, acorde a las interpretaciones realizadas por diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, en respuestas a consultas formuladas por diferentes órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, glósense las constancias del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días, después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al destruir el expediente principal. Por otro lado, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Se deja establecido que no fueron recibidas garantías, documentos originales ni expedientes originales en el incidente de suspensión. Por último, como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar una impresión con firmas criptográficas de este proveído, a dichos cuadernos, para los efectos legales correspondientes.
- Incidental
Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1064/2022-IV, promovido por el quejoso ***********************, por propio derecho, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El seis de octubre de dos mil veintidós, se recibió en formato digitalizado la demanda de protección suscrita por el quejoso, en la cual solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio principal, se ordenó abrir el incidente de suspensión y en cumplimiento a esto fue tramitada la medida cautelar solicitada, porque se requirió informe previo a las autoridades responsables y fue señalada la audiencia respectiva, que inició en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Materia del incidente. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda y el proveído inicial de este cuaderno, son: a). La orden de busca, aprehensión y detención librada en su contra por una autoridad judicial; y, b). La ejecución de esa orden. SEGUNDO. Negativa de la suspensión. Las autoridades responsables que se puntualizan a continuación, al rendir su informe previo negaron los actos reclamados: Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla; Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Estado de Puebla; Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Estado de Puebla; Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (autoridad ejecutora); y Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (autoridad ejecutora). De modo que se tiene una negativa de los actos reclamados, de todas las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras. Además, el quejoso no aportó pruebas que desvirtuaran las negativas de las autoridades responsables, aun cuando el ofrecimiento de medios de convicción era indispensable para acreditar la existencia de los actos combatidos, en este incidente. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla. TERCERO. Con el fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que los oficios generados a fin de notificar esta interlocutoria a las autoridades responsables, sean enviados por correo electrónico -ya sea oficial o al proporcionado por quien se encuentre de guardia-. Además, deben confirmar su recepción y levantar razón de ello. Pero en caso de no ser posible, deberán notificar los oficios por correo certificado a las autoridades foráneas, y de manera física a las responsables que sean locales. Ello, conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad que se les ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ****************, contra los actos y autoridades precisadas en los puntos considerativos primero y segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se dispuso una vía especial de notificación para los oficios dirigidos a las autoridades responsables, debido a la situación actual de contingencia sanitaria derivada de la enfermedad COVID-19. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1064/2022-IV. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Informes justificados de autoridades. Se agregan al expediente los oficios de las autoridades responsables denominadas: Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla; Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Estado de Puebla; Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Estado de Puebla; Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; y Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En esos oficios rinden su informe justificado con la postura siguiente: niegan los actos que les reclamó el quejoso. Por tanto, se da a conocer a las partes la llegada de esos informes, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, se manifiesten como a su derecho e interés convenga; y se relacionarán con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Coordinador y titular cumplen otros requerimientos. Asimismo, se declaran cumplidos los requerimientos de antecedentes constitucionales y terceros interesados, que se hicieron al fiscal y titular mencionados, pues informan que no tienen registro de alguno, motivo por el cual quedan insubsistentes los apercibimientos de multa que se les formularon en el proveído de admisión. Delegadas. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas del fiscal general, a las personas designadas por el coordinador de marras. Medios de contacto. Asimismo, quedan recibidos los números telefónicos y la dirección de correo electrónico que ofreció el titular referido como medios de contacto. Diferimiento anticipado. Visto el estado procesal del expediente, resalta el proveído de admisión en el que fue programada la audiencia constitucional, para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Pero acaba de otorgarse una vista de ocho días a las partes, con los informes justificados de las autoridades responsables, y esa vista habrá de terminar hasta el veintisiete los cursantes. Entonces, procede ordenar el diferimiento anticipado de la referida audiencia constitucional, para maximizar el derecho fundamental de justicia pronta que asiste al quejoso, en términos del artículo 17 de la constitución federal. Sobre todo porque un diferimiento anticipado, permitirá que termine el plazo de ocho días otorgado a las partes con los informes justificados de las responsables, y de ahí se tendrán las condiciones para celebrar la audiencia constitucional. Bajo este contexto, se realiza un diferimiento anticipado, motivo por el cual quedan insubsistentes la hora y día antes mencionados, para que la audiencia constitucional sea desahogada a las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS -nueva hora y día que se fijan en este proveído-. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1064/2022-IV. Puebla, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso ********************** por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Desechamiento parcial. El quejoso incluyó entre las autoridades responsables ordenadoras, a las siguientes: ".E) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR PRIMER TURNO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. F) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR SEGUNDO TURNO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. G) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR TERCER TURNO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. H) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR CUARTO TURNO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TÉPEACA, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. I) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR QUINTO TURNO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. J) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL PRIMER TURNO DE LA FISCALIA DE INVESTIGACION REGIONAL EN SAN JOSÉ CHIAPA CIUDAD MODELO, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. K) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA FISCALIA DE INVESTIGACION REGIONAL EN SAN JOSÉ CHIAPA CIUDAD MODELO, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. L.) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL TERCER TURNO DE LA FISCALIA DE INVESTIGACION REGIONAL EN SAN JOSÉ CHIAPA CIUDAD MODELO, ESTADO DE PUEBLA; EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA.". A esos agentes, el quejoso les reclama el libramiento y ejecución de las órdenes siguientes: citación, presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura, arresto y cateo. Sin embargo, los mencionados agentes del Ministerio Público carecen de facultades para librar las órdenes que indicó aquél en su demanda de amparo. Máxime que la facultad para emitir órdenes de aprehensión, comparecencia, arresto y cateo, se encuentra reservada a la autoridad judicial, como lo prevén de manera expresa los artículos 16 de la constitución federal, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la única orden que podrían emitir los agentes del Ministerio Público señalados como responsables ordenadoras, sería una de presentación con fines de investigación. Pero esa orden debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. A fin de demostrarlo, conviene indicar que la orden de presentación con fines de investigación, está regida por las normas del sistema penal acusatorio, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sólo que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando fuera dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para este con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden de presentación con fines de investigación reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, la orden de presentación reclamada a los citados agentes del Ministerio Público, constituye un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, resulta improcedente la acción de tutela constitucional, respecto de la orden de presentación y su ejecución, que sólo podría atribuirse a los fiscales mencionados (agentes del Ministerio Público). Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y en forma parcial la demanda de amparo del quejoso, porque la orden de presentación y su ejecución, que fue reclamada a los citados agentes del Ministerio Público, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Admisión parcial. Los demás actos reclamados por el quejoso, se ajustan a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite la demanda en forma parcial, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. Los demás actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda y lo precisado con antelación, comprenden: a). La orden de busca, aprehensión y detención librada en su contra por una autoridad judicial; y, b). La ejecución de esa orden. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse. El quejoso señaló como autoridades ordenadoras a los distintos jueces de control de la Región Judicial Centro. Sin embargo, la Jueza de Control de nombre Mirian Huerta Lechuga, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión ********************** de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Entonces, resulta irregular el señalamiento que hizo el quejoso contra los jueces señalados como autoridades ordenadoras, pues debió haberse limitado a precisar uno solo, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Por consiguiente, debe realizarse un ajuste procesal a los jueces señalados en la demanda, para asegurar la notificación de los oficios emitidos en el presente juicio. Entonces, a fin de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se delimitan las autoridades responsables que habrán de emplazarse, para quedar de la forma siguiente: Con el carácter de ordenadora: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla -denominación correcta-; Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, Estado de Puebla -denominación correcta-; y Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Estado de Puebla -denominación correcta-. Con el carácter de ejecutoras: Fiscal General del Estado de Puebla; y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -denominación correcta-. Luego, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones con las denominaciones anteriores, al momento de registrar las autoridades responsables -con exclusión de las autoridades del desechamiento parcial-. Exhortación para la tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con copia simple de la demanda y copia autorizada del presente acuerdo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; constancias conforme a las cuales habrá de resolverse lo relativo a dicha medida cautelar. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. Ello, conforme a las medidas especiales que se han adoptado por la situación actual de contingencia sanitaria. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación. En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberán remitir a este juzgado copia fotostática certificada de la totalidad de las constancias (incluidas videograbaciones), que tengan en la causa penal o carpeta judicial de la cual deriven los actos combatidos. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se prescinde remitir copia de la demanda, porque la misma será anexada al oficio por el cual se les requiera el informe previo. Medidas especiales para rendir el informe justificado. Se hace saber a las autoridades responsables que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid- 19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con las herramientas electrónicas que resulten necesarias, su informe justificado deberá ser remitido únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se les acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De igual manera y con el mismo fin, se ordena a la actuaria encargada de este expediente que los oficios generados durante la tramitación del juicio, dirigidos a las autoridades (responsables o terceras interesadas), sean remitidos por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia, y sólo que fuera imposible entonces habrá de notificarlos de manera física. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días, si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Se insiste, dicho informe debe ser enviado al correo electrónico oficial del juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede-, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables que en el presente juicio sólo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial (las que se ubiquen en la ciudad de Puebla o su zona conurbada), las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. También, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la renuente una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional se celebrará de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de estas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado acuerdo general, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo- por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencia. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberán descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que puedan acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Por último, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrá llevarse a cabo de manera presencial; pero de antemano deberán registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional, que el acceso a las instalaciones del juzgado está sujeto al artículo 3 del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), que regula el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física, la cual será mediante previa cita, que podrán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, acorde a los lineamientos de acceso establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque al final de su demanda solicitó en forma expresa la notificación electrónica. Asimismo, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: pteutlez. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De ahí que se descarte el inmueble ofrecido por el quejoso al principio de su demanda, como domicilio procesal, pues solicitó en forma expresa ser notificado por la vía electrónica. Por otro lado, quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, las personas nombradas en la demanda, porque aquél no les otorgó facultades amplias e incluso los profesionistas citados en ésta, carecen de registro de cédula en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con las partes. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, se informa a las partes que tienen expedito su derecho para ofrecer un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, queda proporcionada la dirección de correo electrónico y el número telefónico que indicó el quejoso al final de su demanda, como medios de contacto. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, que al realizar notificaciones en forma personal se ajuste al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilice el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
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