Raymundo Sánchez García
Expediente 1336/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raymundo Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: RAYMUNDO SÁNCHEZ GARCÍA. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Raymundo Sánchez García, con el que acude a dar cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de dos de diciembre del año en curso, reiterada el trece siguiente (fojas 10 a 14 y 21 a 22), mediante el cual se le requirió para que bajo protesta de decir verdad, manifestara lo siguiente: Informe cuál proveído se impugnó en apelación, es decir, indique qué se acordó en ese auto, en qué fecha, de qué juicio deriva y para qué efectos se revocó el auto combatido. En atención a lo anterior, se tiene al promovente manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el auto que se imupugnó fue el de fecha 22 veintidós de agosto de 2019 mediante el cual el Juez Octavo Civil, negó a Bulmaro Méndez Sánchez la admisión de los oficios 1531/2019 1533/2019 y 1535/12019, derivados del expediente 553/2015 que se ventila en el juzgado sexto civil. Auto que me he dado a la tarea de incluir y transcribir en el hecho cuarto que en el cuerpo de este escrito he plasmado. Que el auto que se impugnó, se pronunció por el Juez octavo civil dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble con número de expediente 265/2018 que promuevo el suscrito. Que el auto impugnado fue revocado para ser regido por los lineamientos que enuncia el resolutor de alzada en su considerando tercero y que a continuación me permito reproducir." (sic). Por consiguiente, téngase al quejoso dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Ahora bien, se procede a realizar el análisis sobre la procedencia de la demanda de amparo promovida. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo del quejoso, se advierte que se duele de lo siguiente: ? La resolución de cinco de noviembre del presente año, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró fundado el agravio expuesto por Bulmaro Méndez Sánchez, y revocó el auto apelado, que negó la admisión de las pruebas documentales ofrecidadas por el citado Méndez Sánchez en el juicio ordinario civil reivindicatorio 265/2019, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por el quejoso, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario. En ese sentido, es importante destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de cinco de noviembre del presente año, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró fundado el agravio expuesto por Bulmaro Méndez Sánchez, y revocó el auto apelado, que negó la admisión de las pruebas documentales ofrecidas por el citado Méndez Sánchez en el juicio ordinario civil reivindicatorio 265/2019, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, así como la interpretación que se ha realizado respecto a la improcedencia cuando se trata de actos intraprocesales que no vulneran derechos sustantivos. Marco legal. En principio, los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que la Constitución General de la República se limitó a enunciar, como uno de los supuestos de procedencia, los actos en juicio con una ejecución de imposible reparación, sin ofrecer una definición al respecto, lo cual se entiende si se parte de la premisa que la Constitución Federal establece los principios esenciales de las instituciones y que, por virtud de ello, el Constituyente Permanente deja al legislador la tarea de pormenorizar y explicar en la ley secundaria lo que debe entenderse como actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Debe mencionarse que a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la reforma del artículo 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo indirecto, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando, a su vez, la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, pues constituía un obstáculo para la pronta impartición de justicia; tal como se explicó en la exposición de motivos : "Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. "En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. "La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Por tanto, resulta claro que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo y si, además, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, entonces, la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto; de tal suerte que, sólo de manera excepcional, se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva . Conforme a lo anterior el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva . Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. Ahora bien, tratándose de resolución que tenga por efecto admitir pruebas supervinientes, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial, no debe pasar por alto lo expresado hasta aquí, esto es, la simple determinación de admitir las referidas pruebas para esos fines no implica que por sí sola afecte derechos sustantivos, pues, como se dijo con anterioridad, deben atenderse las dos condiciones previstas por el Ato Tribunal del País, esto es que se vulneren materialmente derechos y que éstos sean sustantivos tutelados por la Carta Magna. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello toda vez que las posibles violaciones en que hubiere incurrido la autoridad responsable únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, como se pondrá en evidencia a continuación. IV.3. Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto que hizo consistir en lo siguiente: ? La resolución de cinco de noviembre del presente año, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró fundado el agravio expuesto por Bulmaro Méndez Sánchez, y revocó el auto apelado, que negó la admisión de las pruebas documentales ofrecidadas por el citado Méndez Sánchez en el juicio ordinario civil reivindicatorio 265/2019, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial. A fin de dar contexto al acto reclamado, se procede a realizar una breve relatoría de los antecedentes que se advierten de las constancias que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda, a saber: a) El veintitrés de abril de dos mil doce, se tuvo por radicada la sucesión a bienes de Gilberto Sánchez Guillén y/o Filiberto Sánchez Guillén y/o José Filiberto Sánchez Guillén, dentro del juicio sucesorio intestamentario 311/2012, del que conoció el Juez Octavo Civil de Primera Instancia de este distrito judicial. b) En dicho juicio el quejoso señaló como presunta heredera a María Elena Sánchez Salinas, a quien la tramitación de dicho procedimiento se le notificó por edictos. c) Asimismo, el veintisiete de agosto de dos mil catorce se resolvió lo tocante a la primera sección, donde se declaró al quejoso como albacea definitivo, al resultar único y universal heredero de los bienes que en vida pertenecieron a Gilberto Sánchez Guillén y/o Filiberto Sánchez Guillén y/o José Filiberto Sánchez Guillén, haciendo mención que el único bien habido por el autor de la sucesión lo es la casa ubicada en el lote número 11, de la manzana 39, zona 01, del ex ejido Santiaguito II, de esta ciudad, y que actualmente corresponde al inmueble ubicado en la calle Antonio Lemus, número 91 de la colonia José María Morelos de esta ciudad, por lo que una vez que fue aprobado el inventario y avalúo, así como resuelta la primera sección del intestado, ambas sentencias interlocutorias fueron declaradas firmes, ordenándose remitir los autos originales de dicho juicio al notario público número 97, para la protocolización de constancias. d) Que el catorce de julio de dos mil quince, María Elena Sánchez Salinas ejerció la acción de petición de herencia en contra del aquí quejoso, demanda que fue admitida el trece de agosto de dos mil quince, y se registró bajo el número 553/2015, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, misma que en resolución de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se declaró a la citada Sánchez Salinas heredera de los bienes, acciones, derechos y obligaciones que no extinguen con la muerte y que en vida pertenecieron a Gilberto Sánchez guillén y/o Filiberto Sánchez Guillén y/o José Filiberto Sánchez Guillén, autor de la sucesión intestamentaria radicada en el juzgado Octavo Civil de este distrito judicial bajo el número 311/2012. e) Que el veintidós de marzo de dos mil diecinueve se admitió la demanda reivindicatoria que promovió el quejoso con el carácter de propietario del bien inmueble ubicado en la calle Antonio Lemus, número 91, de la colonia José María Morelos, de esta ciudad, en contra de Bulmaro Méndez Sánchez; persona que, a decir del quejoso, sin carácter legal ostenta la posesión del bien inmueble que fuera de su progenitor, misma que por razón de turno tocó conocer al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, registrada bajo el número 265/2019. f) El veinticinco de mayo de esta anualidad, la parte demandada dio contestación a la demanda, quien en el último día de la dilación probatoria presentó como pruebas supervenientes los oficios 1531/2019, 1533/2019 y 1535/2019, girados por el titular del Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial, al Director de Catastro y al Notario Público Número 97, dentro del juicio ordinario civil 553/2015. g) Así, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable determinó no admitir los medios de prueba consistentes en los comunicados precisados en el inciso que antecede. h) Contra el acuerdo mencionado, Bulmaro Méndez Sánchez promovió recurso de apelación, el cual tocó conocer a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándolo bajo el toca I-373/2019, el cual se resolvió el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. El singular concepto de agravio expuesto por BULMARO MÉNDEZ SÁNCHEZ, por su propio derecho, resultó fundado; en consecuencia: TERCERO. Se revoca el auto apelado, para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria. CUARTO. No se impone condena en costas de esta instancia. QUINTO. Notifíquese personalmente". Siendo la resolución que antecede el acto reclamado por el quejoso en este juicio de amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional advierte que el acto reclamado por el quejoso se trata de una resolución que confirma una diversa determinación de naturaleza meramente intraprocesal. Bajo ese contexto, se tiene que el juicio natural en el que se dictó la resolución primigenia, tendrá que seguir por su causa legal y eventualmente se dictará una sentencia, siendo hasta ese momento en que, pudiese afectarse la esfera jurídica del quejoso, lo que únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de noviembre del presente año, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró fundado el agravio expuesto por Bulmaro Méndez Sánchez, y revocó el auto apelado, que había negado la admisión de las pruebas documentales ofrecidas por aquél en el juicio ordinario civil reivindicatorio 265/2019, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, para ahora ordenar al primigenio que admitiera dichas probanzas. Por ende, el acto reclamado no puede causar al quejoso, daños de imposible reparación, pues sólo se ordenó admitir como pruebas supervinientes las que presentó Bulmaro Méndez Sánchez, en el último día de la dilación probatoria en el juicio subyacente. En ese orden de ideas, dado que la resolución reclamada sólo trae consecuencias de carácter procesal, resulta evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre el quejoso una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". ? Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrea Lucía Cervantes Medina, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, a Ismael Hernández Becerra, Jairo Naín Ruíz Rodríguez y Cintia Guadalupe Alpizar Cervantes, en los términos restringidos del citado numeral, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el aludido sistema. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Anotaciones en el libro de gobierno, captura en el SI.S.E. y digitalización. Háganse las anotaciones relativas tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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Notifíquese personalmente
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