Raymundo Salinas Muñoz

Expediente 1336/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1336/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
08/02/2018

Partes del expediente

  • Raymundo Salinas Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de doce de enero de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1336/2017-C promovido por RAYMUNDO SALINAS MUÑOZ, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 30. Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del Director de Amparo en suplencia por ausencia del titular de la Policía Federal Ministerial, con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegada de la mencionada autoridad responsable a la profesionista que señala en su informe de cuenta. En ese sentido, tomando en consideración que fueron señaladas las once horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre próximo (foja 27), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto y, que es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe de cuenta y dicha fecha no ocurrirá; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el juicio en que se actúa y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que el término de tres días concedido en auto de once de diciembre pasado (foja 73), para que la parte quejosa precisara la denominación completa y correcta de la autoridad responsable 21. Fiscal de Atención a Delitos de Alto Impacto del Estado de Puebla, transcurrió del catorce al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, pues el referido acuerdo se le notificó por lista el doce de diciembre del actual y surtió efectos el trece siguiente, previo descuento de los días dieciséis y diecisiete de diciembre del año en curso, al ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que hubiera desahogado tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de once de diciembre pasado (foja 73) y se tiene por inexistente a la citada autoridad señalada como responsable, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. Finalmente, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 9. Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente sede en Chalchicomula de Sesma, con residencia en Ciudad Serdán (denominación correcta), por conducto del Jefe de Causas de ese Juzgado, con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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