Raymundo Sanchez Martinez

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Raymundo Sanchez Martinez
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro Poniente, Con Sede En San Martín Texmelucan, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Jugado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Gerardo Gutiérrez Gayosso), por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado Federal en auto de quince de marzo del año en curso, acusa recibo de la misiva 74-1, de este índice, por la cual se le devolvieron las copias certificadas de la causa penal ********************, de su índice, así como cinco discos en formato versátil digital. De lo anterior toma conocimiento esta potestad Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente acuerdo al expediente impreso, pues no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintidós de febrero al catorce de marzo del año en curso, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Juan Jesús Gutiérrez Estrada), en apoyo a su informe justificado y para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria constitucional, consistentes en copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 302/2021/SANMARTÍN, de su estadística y cinco discos versátiles digitales; se ordena devolver dichas constancias a la autoridad citada; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -por conducto de sus autorizados procesales-; por lista a la tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintidós de febrero al catorce de marzo del año en curso, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Juan Jesús Gutiérrez Estrada), en apoyo a su informe justificado y para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria constitucional, consistentes en copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 302/2021/SANMARTÍN, de su estadística y cinco discos versátiles digitales; se ordena devolver dichas constancias a la autoridad citada; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -por conducto de sus autorizados procesales-; por lista a la tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. Para ello, en principio es necesario indicar que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la cual, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección federal a ***. Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión; el cual, fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca en revisión R-270/2022, de su estadística. Así, el dieciocho de enero pasado, se tuvo por recibido el oficio III-38/2023 procedente del Tribunal de Alzada en cita, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria dictada el cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, consistentes en la formulación de imputación reclamada. TERCERO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede la Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contras los actos reclamados y autoridades precisadas en esta ejecutoria". Por lo que, se requirió al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Juan Jesús Gutiérrez Estrada), para que en el plazo concedido, informara el cumplimiento dado al fallo protector, cuyos efectos son: "(.) 1. Deje insubsistente todo lo actuado en la audiencia realizada el cuatro de julio de dos mil veintidós, a partir del instante previo al que Agustín Deolarte García, defensor del imputado, solicitó que ambos abogados intervinieran alternadamente. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al que Agustín Deolarte García, defensor del imputado, solicitó que ambos abogados intervinieran alternadamente, para lo cual, en términos del numeral 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá permitir la intervención de los abogados defensores, que deberán realizar en orden y con respeto al juez de Control. 3. Una vez agotado el debate entre las partes, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda y continúe con las demás etapas procesales de la audiencia que quedaron sin efecto como consecuencia de la presente determinación y de ser el caso de un nuevo auto de vinculación a proceso emita la resolución de medida cautelar correspondiente. Se precisa, que ante la eventualidad de que el Juez de Control responsable por causas legales plenamente justificadas no pueda celebrar la audiencia de reposición de procedimiento en la carpeta judicial origen de este asunto, se deberá designar a un juez de Control sustituto, quien deberá dejar insubsistente todo lo actuado y deberá proceder a iniciar nuevamente la audiencia en todas sus etapas y emitir la determinación que en derecho proceda. (.)". II. Gestiones en cumplimiento al fallo constitucional. Ahora bien, mediante oficios 320/2023/JC y /2023/SM, acordados el veinticuatro y veintiséis de enero del año en curso, respectivamente, el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), comunicó que fue designado como Juez de Control sustituto, en virtud que su homólogo Juan Jesús Gutiérrez Estrada, fue cambiado de jurisdicción. Por tanto, se tuvo al Juez oficiante como autoridad encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; además, se le tuvo remitiendo un disco versátil digital debidamente certificado que contiene la audiencia oral y pública celebrada el veinticuatro de enero del año en curso, dentro de la carpeta judicial administrativa 302/2021/SANMARTIN, de cuya reproducción, en lo que aquí interesa, se aprecia que: a. El referido Juez de control dejó insubsistente todo lo actuado en la causa 302/2021/SANMARTÍN, de su índice y procedió a iniciar nuevamente la audiencia en todas sus etapas. b. El agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, ilícito, previsto y sancionado en los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal de Puebla, cometido en agravio de Juan Carlos Ventura Hernández. c. Se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que tendrá una vigencia por todo el tiempo que dure el procedimiento, sin exceder los dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de defensa. d. El imputado se acogió al término constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo tanto, fueron señaladas las ocho horas del treinta de enero de dos mil veintitrés, para resolver la situación jurídica del mismo. Luego, mediante el diverso oficio /2023/SM, acordado el treinta y uno de enero pasado, el Juez sustituto manifestó haber dado cabal cumplimiento al fallo protector; y, para acreditar su dicho, remitió un disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia de treinta de enero del año en curso, en la que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dictando en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, ilícito previsto y sancionado en los artículos 312, 313 fracción I, inciso a), 323, 326 fracción II, 328 y 331 en relación con los diversos 13, 21 fracción I, y 23 fracción I y II, todos del Código Penal de Puebla, cometido en agravio de Juan Carlos Ventura Hernández. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia, que en cumplimiento a la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el mencionado juez de control encargado del cumplimiento, realizó lo siguiente, dentro de la carpeta judicial administrativa 34/2022/HUAUCHINANGO, de su índice: 1. Toda vez que el Juez de Control responsable Juan Jesús Gutiérrez Estrada no pudo celebrar la audiencia de reposición de procedimiento en la carpeta judicial origen, por haber sido cambiado de jurisdicción, su homólogo Juan Carlos Malpica Aladro fue designado como juez de Control sustituto; quien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente todo lo actuado en la causa penal 302/2021/SANMARTÍN, y procedió a iniciar nuevamente la audiencia en todas sus etapas. 2. En audiencia celebrada el veinticuatro de enero del año en curso, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, ilícito, previsto y sancionado en los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal de Puebla, cometido en agravio de Juan Carlos Ventura Hernández; solicitando que se le vinculara a proceso; el juez de control impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el procedimiento, sin exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de defensa; y, el imputado se acogió al término constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. 3. En la continuación de la audiencia inicial, celebrada el treinta de enero de dos mil veintitrés, previo debate entre las partes, el juez de control resolvió la situación jurídica del imputado, dictando en su contra -con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida-, auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en el hecho materia de la imputación. III. Fallo cumplido. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. IV. Integración de la presente determinación al expediente impreso. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese personalmente al quejoso -en el domicilio procesal señalado en autos-, por conducto de sus autorizados procesales; por lista a la tercera interesada (en cumplimiento al auto de treinta de agosto de dos mil veintidós); y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

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