Raymundo Aguila Pichon

Expediente 1145/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1145/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Raymundo Aguila Pichon

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el plazo genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), el anexo I consistente diversas constancias de la causa penal 761/2021/PUEBLA, de su estadística, así como dos discos versátiles digitales, que contienen la audiencia de veinte de marzo de dos mil veintiuno (foja 126), y la diversa de de veintidós de febrero de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal en cita; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal. Por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la tercero interesada M.G.O.A. (en cumplimiento a lo ordenado el cinco de enero del año en curso); mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Erika Cruz Sánchez), y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 15 DE marzo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de primero de marzo pasado, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. * Efectos concesión. Por sentencia firmada y autorizada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Raymundo Águila Pichón, para los efectos siguientes: "(.) Noveno. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso Raymundo Águila Pichón, para el efecto de que, una vez que quede firme la presente determinación y se requiera su cumplimiento en el plazo establecido para tal efecto, el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), en la causa penal 761/2021/PUEBLA, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa en la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del imputado contra el diverso de ocho del mismo mes y año; 2. Emita un nuevo acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, declare procedente el citado medio de impugnación y, previo el trámite correspondiente, con libertad de jurisdicción, emita la resolución que en derecho proceda. 3. Hecho lo anterior, notifique a las partes y remita las constancias respectivas. (.)". * Causa ejecutoria Por lo que, en acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, se declaró la ejecutoriedad de la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez). * Vista cumplimiento Mediante oficio 6233/2022/JC, (número de registro 3256), la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, e hizo del conocimiento el contenido del acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en la causa penal 761/2021/PUEBLA, de su índice, en el cual, dejó insubsistente el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa en la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del aquí quejoso contra el diverso de ocho del mismo mes y año. Mediante oficio 7592/2022/JC, (número de registro 3587), la autoridad responsable en alcance al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitió disco versátil digital en formato DVD, el cual contiene la audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal antes citada, en la cual se determinó lo conducente respecto a la petición de sobreseimiento. Así, por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. * Análisis cumplimiento Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo con lo ahí precisado. La autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez), mediante oficio 6233/2022/JC hizo del conocimiento a este órgano de control constitucional el contenido del proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 761/2021/PUEBLA, de su índice, de la cual se advierte lo siguiente: * Resolución insubsistente Respecto de los puntos 1 y 2 de la ejecutoria de amparo, la responsable emitió el acuerdo de veintiuno de febrero pasado, en la causa penal 761/2021/PUEBLA, de su índice, en los términos siguientes: "(.) Puebla, Puebla, a 21 veintiuno de febrero de 2022. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 113, 327, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 192 de La Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103. Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda: Tomando en consideración la sentencia dictada dentro del juicio de amparo número 1145/2021, misma que resolvió conceder el amparo y protección de Raymundo Águila Pichón, ha causado ejecutoria, a efecto de dar cumplimiento a la misma dentro del término requerido por la autoridad federal, se deja insubsistente el auto de 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, consecuentemente, siguiendo los lineamientos de la concesión de amparo, se procede a emitir el siguiente proveído: Con fundamento en los artículo 67, 68, 113, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda: Con el contenido del escrito de fecha 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se tiene al abogado Miguel Alfredo Vélez Jiménez, defensor particular de Raymundo Águila Pichón, interponiendo Recurso de revocación en contra del auto de fecha 08 ocho de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, en el cual se acordó lo conducente sobre la pretensión de la defensa respecto al sobreseimiento de la presente causa con base en los supuestos enunciados por la misma, determinación en la que quedo establecido, en lo que interesa lo siguiente: "(.) mediante escrito de cuenta téngase al abogado Miguel Alfredo Vélez Jiménez, defensor particular de Raymundo Águila Pichón, dando contestación al requerimiento realizado en auto que antecede, para lo cual precisa los supuestos por los cuales pretende el sobreseimiento de la presente causa, entre los cuales destacan que durante la investigación complementaria no se aportó ningún dato de prueba que corroborara la investigación inicial, que los actos de investigación realizados por la fiscalía no acreditan la responsabilidad del imputado, ni que los hechos se hayan cometido como los refiere la víctima y que resultaron negativos para acreditar el modus operando, la forma de vida y la existencia de la actividad delictiva que se le imputa al imputado, que los datos de prueba aportados por la defensa se acredita la imposibilidad de que hubiera cometido el delito, y que los hechos no ocurrieron; de acuerdo a lo anterior, toda vez que de dichas manifestaciones se advierte que las circunstancias que refiere la defensa son relativas a la información obtenida durante la investigación complementaria, la cual es diversa a la información que fue valorada al momento en que se dictara auto de vinculación a proceso, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su pretensión por ser notoriamente improcedente, puesto que, el objeto de la etapa intermedia, tal como se encuentra prevista en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se basa en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, siendo entonces que, al solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del referido código, la audiencia respectiva debe versar en anular aquellos medios de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso, mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa penal, surgiendo así, la necesidad de hacer cesar sus efectos. De lo anterior, se desprende el hecho de que el sobreseimiento no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución de vinculación a proceso, es decir, no tienen por objeto abrir una instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa del juicio oral, ya que este es el momento procesal en donde se deberán de desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica, motivo por el cual, al ser ofertados medios de prueba diversos, esta autoridad se encuentra imposibilitada para analizar y valorar dichos medios, ya que de realizar lo contrario y valorar anticipadamente las pruebas ofrecidas, desvirtuaría la solicitud de sobreseimiento y, por ende, dejaría de tener razón de existir la etapa de juicio oral", argumentos que son tomados en consideración con base en la sentencia de amparo que hoy se cumplimenta, por lo que se resuelve declarar procedente el recurso de revocación interpuesto y se revoca el segundo punto del auto impugnado de fecha 08 ocho de noviembre de 2021 dos mil veintiuno y en su lugar se emite el siguiente: Vista la solicitud de Miguel Alfredo Vélez Jiménez, defensor particular del acusado Raymundo Águila Pichón, como lo solicitan, señalan 11:30 once horas con treinta minutos del día 22 veintidós de febrero de 2022 dos mil veintidós, a efecto de que tenga verificativo audiencia en la que se planteará lo conducente respecto a la solicitud de sobreseimiento. (.)" De lo anterior, se advierte que la responsable la responsable dejó insubsistente el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte relativa en la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del aquí quejoso contra el diverso de ocho del mismo mes y año; asimismo, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, declaró procedente el recurso de revocación y, con libertad de jurisdicción, emitió la resolución en la cual señaló las once horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, a efecto de que se llevara la audiencia en la cual se planteara la solicitud de sobreseimiento peticionada por el defensor particular del acusado Raymundo Águila Pichón, aquí quejoso. Aunado a ello, la responsable remitió el disco versátil digital que contiene la audiencia respectiva. Por tanto, se tienen por cumplidos los puntos 1 y 2 de la ejecutoria de amparo. Finalmente, la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (José Álvaro Sarmiento Márquez) remitió las constancias respectivas que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. * Cumplida. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos, pues la responsable dio contestación a todos las planteamientos expuestos por el inculpado fundada y motivadamente. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada M.G.O.A. (en cumplimiento a lo ordenado el cinco de enero del año en curso); mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Erika Cruz Sánchez), y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. AUTO DE CINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Notificación por lista a la tercera interesada Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la data en que se emite este proveído, ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada, en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, para que M.G.O.A se apersonara y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de garantías; sin que al efecto lo hubiera realizado. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte tercera interesada citada, y con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizarle todas las notificaciones por lista de acuerdos a la citada parte procesal, aun las de carácter personal. Notifíquese por lista a la tercera interesada (M.G.O.A) la presente y las subsecuentes notificaciones,- debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2021.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; y, turnado físicamente a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente; FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1145/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción II, V y VI y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise los actos que reclama en ésta vía, toda vez que del acto marcado con el inciso a) el promovente manifiesta que por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno se resolvió no dar trámite a la petición de sobreseimiento solicitada por su defensor; sin embargo, en el capítulo de hechos (punto 4) del escrito de demanda hace referencia que ello aconteció mediante proveído de diez de noviembre del año en curso. De igual manera, deberá precisar contra cual auto interpuso recurso de revocación, toda vez que del acto marcado con el inciso b), se advierte que mediante auto de diez de noviembre del año que transcurre, el Juez responsable desechó el recurso de revocación hecho valer por la defensa del aquí quejoso, sin que haya precisado el auto contra el cual interpuso el referido medio de impugnación. Lo anterior es así, ya que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV, en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. SEGUNDO. Precise, de forma clara y específica la causa penal de la cual emanan los actos que en ésta vía reclama. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegral del escrito de la demanda de amparo, en específico del proemio de la misma, así como del capítulo de actos reclamados, se evidencian como números de causas penales 761/2021 y 671/2021, cuestión que resulta sea aclarada por el impetrante con el fin de plantear la correcta litis constitucional en el presente asunto. Lo que hace que la demanda sea obscura y de lugar a la prevención. TERCERO. Indique quién tiene el carácter de victima dentro de la causa penal, de la que emanan los actos reclamados, así como su domicilio actual y correcto; ya que en términos de lo dispuesto en el inciso c), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercera interesada. Ello, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en dicho proceso penal, se instruye en contra del promovente en su modalidad de enganchamiento con fines de explotación sexual, siendo omiso en señalar quién es la parte ofendida y cuál es su domicilio, lo que hace imposible su emplazamiento; requisito que, de conformidad a lo establecido por el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, constituye una de las cargas procesales que la parte quejosa debe cumplir. Lo que se traduce en que el promovente debe señalar el nombre y domicilio de todas las partes a fin de que éstas puedan ser llamadas al juicio constitucional y tengan la oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues de lo contrario, la parte tercera interesada quedaría en estado de indefensión; ya que contrario a lo que manifiesta en el sentido de que no existe, sí existe por la naturaleza de los actos, pues hay otras partes en el procedimiento origen de los actos reclamados, y por así disponerlo el inciso c), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Sustenta lo antes expuesto, el siguiente criterio: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Así como la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Juez de Distrito se encuentra imposibilitado para suplir tal omisión, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsanen las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y teléfono proporcionados por el peticionario de amparo, como medio para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomará en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. AUTORIZADO. Se tienen como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que menciona en su demanda de amparo, atento a que no proporciona datos que acrediten que se encuentran legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE...

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