Raymundo Monarca Marcial

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Raymundo Monarca Marcial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de treinta de mayo del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, determinación que no fue recurrida por ninguna de las partes; por auto de diecinueve de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de mérito; y conforme a ello, el treinta de mayo de los actuales, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que en derecho correspondiera. Mediante escrito presentado ante este juzgado el seis de junio del año en curso, Raymundo Monarca Marcial manifestó que no está cumplida la ejecutoria de amparo, ya que no se encuentra fundada ni motivada, ya que no expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso ni las circunstancias especiales del caso. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: Por sí o por conducto da la unidad administrativa correspondiente y de manera fundada y motivada, deberá dar respuesta a la petición que formuló el quejoso mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, y se la deberá de hacer de su conocimiento; en el entendido de que la contestación puede ser en cualquier sentido y no necesariamente en el expresado por el interesado; sin embargo, sí deberá ser exhaustiva y congruente con lo pedido. Así de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que mediante oficio sin número de veintiséis de mayo del año en curso, la autoridad responsable contestó lo siguiente: No es posible extender el avaluó catastral y manifestación catastral del predio denominado "Moyotitla", en virtud de que existe un oficio girado por la Síndico Municipal de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordena no realizar ningún movimiento ni expedir ningún documento respecto del citado bien; toda vez que existe similitud con el predio que adquirió el Municipio a través de un contrato de compra venta con los señores Dionicio Valentín Pérez Pozo y María Heladia Emma Tepal Sánchez, inscrito en esa dependencia con la clave catastral 61-00-25-1-00-00-10069, destinado para el depósito de desechos que genera el Municipio, por lo que dicho bien es de dominio público. Lo expresado se sustentó en lo previsto en el artículo 42 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Al respecto, debe recordarse que la petición del quejoso -contenida en el escrito petitorio de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno- fue la siguiente: ".Que vengo por medio del presente escrito a solicitar se me expida un avalúo catastral y una manifestación catastral, del predio rústico a que se hace referencia en las copias fotostáticas simples de la escritura pública que se acompaña al presente escrito." Así, de la comparativa entre lo pedido por el justiciable y la respuesta que emitió la autoridad responsable es factible considerar que se cumplió con la ejecutoria de amparo. Ello, en la medida que de manera fundada y motivada la autoridad dio respuesta a la petición que formuló el quejoso. Por lo que, a pesar de que la respuesta es adversa a lo pedido -esto es, niega lo solicitado- no implica un desacato el fallo protector, en la medida que al precisar los efectos de la protección constitucional se estableció que la contestación de la responsable podría ser en cualquier sentido. Sobre el particular, se estima que no asiste razón al justiciable en cuanto a que la respuesta emitida a su petición no proporciona información suficiente para conocer su alcance, debido a que lo contestado por la autoridad responsable permite advertir que la razón por la que no se expiden un avalúo catastral y una manifestación catastral del predio que se indica, es por la existencia de una orden del Síndico Municipal en el sentido de que el predio que defiende el quejoso se trata del mismo inmueble que el Ayuntamiento adquirió anteriormente y que se ocupa para depositar basura. Por tanto es dable considerar que la respuesta en examen sí permite conocer el motivo o razón por la que se niega lo solicitado. Además de que se cita el fundamento que la autoridad responsable estima que sustenta su proceder, sin que sea dable examinar si la respuesta en cuestión adolece de una debida fundamentación, en la medida que dicho aspecto no fue materia de la protección constitucional. Así es, a pesar de que en los efectos para los cuales se otorgó el amparo se precisó que la respuesta debía estar fundada y motivada; ello implica que, en relación con la congruencia y exhaustividad con que se debe dar respuesta a la petición, debían citarse las razones particulares o circunstancias especiales que justifican el proceder de la autoridad, así como la norma o normas que prevén la potestad ejercida. No obstante, la precisión en cuestión no implica que la respuesta pueda examinarse bajo el parámetro de regularidad constitucional que requiere el derecho fundamental a la seguridad jurídica, en tanto que tal aspecto no fue materia de estudio de la sentencia de amparo, en la que solo se abordó la transgresión a derecho fundamental de petición y en ningún momento se examinó alguna aspecto relativo a la falta o indebida fundamentación y motivación de un actor de autoridad. Por tanto, tampoco asiste razón al justiciable en cuanto a que la contestación emitida debe estimarse que no se encuentra fundada y motivada, en tanto que el cumplimiento del fallo protector solo implica que la respuesta a la petición del quejoso, además de ser congruente y exhaustiva a lo pedido, debe señalar las razones particulares o circunstancias especiales que justifican el sentido de la contestación y la norma o normales legales que prevén la facultad que realiza la autoridad al dar la respuesta que le fue pedida. Finalmente, en cuanto a la multa que solicita el quejoso se imponga a la autoridad y la vista al representante social por la posible comisión de un delito previsto en la Ley de Amparo, debe decirse que no ha lugar a proceder de conformidad debido a que en el caso no se incurrió en las conductas tipificadas que el quejoso describe. Es así, en razón de que en el juicio de origen se analizó como acto reclamado la falta de respuesta a una petición y por tanto, al rendir su informe justificado la responsable no estaba obligada a exhibir las documentales relacionadas con el acto reclamado, en tanto que en dicho informe la autoridad reconoció que no había emitido respuesta a la petición del quejoso. Por lo que, si al momento de rendir el informe justificado o previo no existía una respuesta al escrito petitorio del justiciable, no era dable exigir que la autoridad exhibiera alguna documental que soportara su contestación. Incluso, dada la naturaleza del derecho fundamental de petición, en caso de que al rendirse el informe justificado se hubiere emitido la respuesta solicitada, tampoco sería dable exigir que dicha respuesta debiera ser respaldada con las documentales relacionadas con la petición del quejoso, en tanto que para examinar la contestación a una petición no se precisa el análisis de documentos anexos, sino solamente el examen de lo vertido en el ocurso de contestación. Por lo anterior, lo que procede es declarar que la sentencia de amparo ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negaron la suspensión provisional y definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente glósese a los autos el escrito signado por el quejoso Raymundo Monarca Marcial, atento a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que preceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del quejoso Raymundo Monarca Marcial; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le otorgó en proveído de treinta de mayo del año en curso, en el que formula diversas manifestaciones en relación al cumplimiento realizado por la autoridad responsable Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala. Por lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una vez que fenezca el término otorgado a las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto adjunta copia certificada del acuerdo el veintiséis de mayo del año en curso. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, bajo el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, sin que las partes hubieran ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes, la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en la referida sentencia, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para que la autoridad responsable, por sí o por conducto da la unidad administrativa correspondiente y de manera fundada y motivada, deberá dar respuesta a la petición que formuló el quejoso mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, y se la deberá de hacer de su conocimiento; en el entendido de que la contestación puede ser en cualquier sentido y no necesariamente en el expresado por el interesado; sin embargo, sí deberá ser exhaustiva y congruente con lo pedido. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral mencionado requiérase al Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

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