Ravelo Zempoalteca Alva

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 34 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Ravelo Zempoalteca Alva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, al momento de declarar ejecutoriada la sentencia pronunciada en el presente juicio, se ordenó la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos de lo previsto en el artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; lo cual resulta inexacto, ya que si bien el artículo 18 inciso a) del citado acuerdo señala que son susceptibles de depuración los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea provisional, definitiva o ambas; lo cierto es que el Capítulo 7 "Expedientes Depurables", apartado 7.1.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, exceptúa de depuración los incidentes de suspensión en los que se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva, los cuales serán destruibles. En tales condiciones, se norma el procedimiento en el presente juicio, para el único efecto de establecer que, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra del auto de treinta de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, por cuanto hace al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su depuración conforme al artículo 18, fracción I inciso a), del citado ordenamiento. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:..Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término que se concedió a la parte quejosa, por auto de uno de febrero del año en curso, para recoger y publicar los edictos correspondientes a fin de emplazar a este juicio constitucional a la tercera interesada Lidia Carpinteyro López; sin que a la fecha lo haya hecho o manifestado impedimento alguno para no realizar tal actuación. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de febrero del año en curso, y como consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción ll, en relación con los diversos 27 fracción III, inciso b) y 5° fracción III inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como los diversos 14, párrafo segundo y 17, ambos de la Constitución Federal, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo ante el incumplimiento de la parte quejosa de recoger los edictos correspondientes, pagar su publicación y exhibirlos, por ser una cuestión ajena y no atribuible a este órgano de control constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional que tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término que se concedió a la parte quejosa, por auto de uno de febrero del año en curso, para recoger y publicar los edictos correspondientes a fin de emplazar a este juicio constitucional a la tercera interesada Lidia Carpinteyro López; sin que a la fecha lo haya hecho o manifestado impedimento alguno para no realizar tal actuación. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de febrero del año en curso, y como consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción ll, en relación con los diversos 27 fracción III, inciso b) y 5° fracción III inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como los diversos 14, párrafo segundo y 17, ambos de la Constitución Federal, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo ante el incumplimiento de la parte quejosa de recoger los edictos correspondientes, pagar su publicación y exhibirlos, por ser una cuestión ajena y no atribuible a este órgano de control constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional que tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.

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