Raunel Mena Mena

Expediente 1058/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1058/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Raunel Mena Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, como de autos se advierte que mediante sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de noviembre del año dos mil diecinueve, se acordó mi adscripción en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se otorga un plazo de tres días a las partes para que en caso de considerar actualizada alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gestionen promoción que amerite. Lo cual se dispone también por la tesis jurisprudencial 2ª./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITUAR DEL ORGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Asimismo, se apercibe a las partes: si omiten gestionar lo conducente en el plazo otorgado, se determinará que ningún impedimento existe para la resolución de este juicio a cargo de quien firma al final del presente acuerdo y se continuará el trámite hasta el archivo definitivo. Lo anterior con el único fin de salvaguardar los principios de independencia e imparcialidad, tutelados en el artículo 17 de la Constitucional Federal, al margen de que ningún impedimento se advierte. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por RAUNEL MENA MENA, en contra de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1058/2019-B. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS. a) El indebido o ilegal cobro o costo de las cantidades de dinero señaladas en el punto sexta (sic) de la Convocatoria al Concurso Abierto de Oposición para la Designación de Jueces, Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Diligenciarios, Oficiales de Partes, en Materia Civil, Familiar y Mercantil; y, tratándose de Materias Penal, Juez, Asistente de Sala, de Audiencia, de Causa, de Notificación y de Atención al Público con fecha de publicación de 25 de octubre de 2019, que constituye el requisito para poder inscribirse y participar para los cargos establecidos en dicha convocatoria." b) Inconstitucionalidad del requisito señalado en el punto décima primera, fracción II inciso d) de la Convocatoria al Concurso Abierto de Oposición para la Designación de Jueces, Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Diligenciarios, Oficiales de Partes, en Materia Civil, Familiar y Mercantil; y, tratándose de Materias Penal, Juez, Asistente de Sala, de Audiencia, de Causa, de Notificación y de Atención al Público con fecha de publicación de 25 de octubre de 2019." Con lo anterior se puede apreciar que la demanda de amparo es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61; en relación con el artículo 5°, fracción II, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que contemplan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos una dependencia de Gobierno, como es la autoridad señalada en el presente juicio de amparo, pueden ser consideradas como autoridad responsable para efectos del juicio de derechos fundamentales y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de autoridad o de particular con calidad de autoridad responsable, requisito básico para la procedencia de la acción constitucional en los términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales vigente. En principio, es preciso establecer que ni el constituyente ni el legislador ordinario proporcionan una definición de lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." Tampoco el artículo 107 de la propia Constitución Federal define el término autoridad, ni en la Ley de Amparo reglamentaria de los preceptos constitucionales mencionados precedentemente se esclarece con precisión el vocablo en cuestión; sin embargo, en su artículo 5°, fracción II, se dispone que: "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." El legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir estas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. De lo transcrito, se puede afirmar que tienen el carácter de autoridades o actúan con esa investidura, aquellas entidades que conforme a la ley emiten actos de las facultades de decisión o de ejecución y que, en consecuencia, están dotadas de la competencia legal necesaria para realizar actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a estos sus determinaciones. Con base en las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, criterio que se abandonó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis P. XXVII/97, del contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De la que, en síntesis, debe destacarse que se estima una autoridad para efectos del amparo aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga particularidades de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De lo anteriormente expresado y al dejar establecido tanto la parte quejosa como la autoridad señalada como responsable, que se reclama un acto de naturaleza interna del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el cual es una convocatoria para la designación de personal; debe considerarse que la invitación o convocatoria para participar en los concursos internos y, que entre los requisitos exigidos se encuentra el de que los participantes deban de cubrir una cuota, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala se encuentra actuando dentro del marco de sus atribuciones, por lo que la aplicación del Acuerdo General 04/2019, complementario al diverso Acuerdo general 02/2019, no le depara perjuicio al promovente del amparo, al ser manifiesto que la convocatoria y el Acuerdo de referencia que constituyen la materia del acto reclamado no contienen las características que definen el acto de autoridad, como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, de donde se desprende que dicha acción no genera efectos que modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados. Esto es, la convocatoria del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, no constituye un acto de autoridad, al carecer de los elementos de coercibilidad, imperatividad y unilateralidad, así como tampoco modifica o restringe derechos adquiridos por el quejoso al momento de presentar la demanda de amparo, de lo que se desprende que no le resulta en el caso el carácter de autoridad al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala en la emisión de la convocatoria reclamada. Tiene aplicación en el caso, como se invoca en el informe justificado, la Tesis II 1° A 93 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que prevé: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL CURSO DE PREPARACIÓN PARA INTERVENIR EN EL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA MAGISTRADOS DEL FUERO COMÚN.- Atendiendo al contenido del artículo 11 de la Ley de Amparo, el cual refiere: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.", resulta inconcuso que el término "autoridad" para los efectos del amparo, corresponde a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Por tanto, si bien es cierto que el Consejo de la Judicatura Estatal, para determinados efectos tiene esas características, atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, también es verdad que en actos, como lo es la invitación o convocatoria a los interesados en participar en los cursos internos de preparación para aspirantes a Magistrados en materias civil y penal, que dará derecho a participar en el concurso interno de oposición, y que entre los requisitos se encuentra el de que los interesados presten sus servicios en el Poder Judicial del Estado, el consejo se encuentra desprovisto de esos atributos, pues aun y cuando por su conducto se aplica el Reglamento de Cursos y Concursos de Oposición, tal aplicación no resulta ser perjudicial para los impetrantes de la tutela federal, al ser evidente que la mencionada convocatoria carece de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados." En ese contexto, no se advierte de la demanda de amparo que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, se encuentre privando de sus derechos al prompovente del amparo, pues la convocatoria reclamada, no es un acto de autoridad que reúna los requisitos de coercibilidad, imperatividad y unilateralidad, por lo que no se trata de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que la acción constitucional ejercitada por el quejoso en el presente caso deviene improcedente, toda vez que en la especie están actuando en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, resultando en consecuencia, que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala no actuó con el imperio que compete a los actos de autoridad, sino como organizador de un concurso de oposición de observancia interna en el Poder Judicial del Estado, por lo que la demanda de derechos fundamentales interpuesta resulta improcedente; por lo que el presente juicio de amparo es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 5°, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que la autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, como se indicó, son las que ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, en un plano de supra a subordinación y con las características de coercibilidad, imperatividad y unilateralidad que refiere la tesis antes transcrita. Con independencia de lo anterior, y de que se refiera a una causal de improcedencia diversa al tratarse del Consejo de la Judicatura Federal, es conveniente invocar por su criterio jurídico, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 49/2019, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, del siguiente tenor literal: "ACUERDOS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO, MEDIANTE CONCURSOS DE OPOSICIÓN, Y LAS CONVOCATORIAS RESPECTIVAS, EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De la interpretación del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en Comisiones, en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, revisten el carácter de definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En consecuencia, la impugnación en el juicio de amparo indirecto de acuerdos generales que establecen los procedimientos y lineamientos para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos de oposición, y las convocatorias respectivas, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo constitucional citado y del numeral 61, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para ello la calidad que pudiese tener el quejoso, toda vez que esos actos derivan del ejercicio de las facultades que la Constitución General de la República otorga a dicho Consejo, y si bien tienen que ver con la designación de juzgadores, lo que implica que son revisables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, sino mediante el recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente para verificar que haya sido adoptada conforme a las reglas que fija esta ley." De ahí que debe establecerse que el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, así como el 113, todos de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente.

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