Raymundo García De la Olla

Expediente 1282/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1282/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Raymundo García De la Olla
  • Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, Zurumbeneo, Municipio de Charo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Raymundo García de la Olla y/o Raymundo García de la Oya hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar, y que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que en el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción III del capítulo quinto, último párrafo del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, sin soslayar que mediante resolución dictada por este Juzgado se haya SOBRESEÍDO en el juicio en que se actúa, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservarse el escrito de demanda y el auto por el que se concedió la medida suspensiva. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial, que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1282/2021, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las doce horas del once de mayo de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declaro abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 1282/2021, promovido por Raymundo García De la Olla y/o Raymundo García de la Oya, por derecho propio, contra actos del Director de Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, certifico: que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de la autoridad "Encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1", transcurrió del veintinueve de abril al tres de mayo del año en curso; sin que haya hecho manifestación al respecto. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de dieciocho de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la inexistencia de la autoridad "Encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1", sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como inexistente a dicha autoridad, por lo que no se hará pronunciamiento respecto de ésta en sentencia. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) Director de Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo Michoacán. b) Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo Michoacán. c) Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo Michoacán. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que únicamente obran en autos las documentales que la autoridad responsable Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo Michoacán, remitió en apoyo de su informe justificado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-1282/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el treinta de diciembre, ante el Secretario de guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Georgina Santillán Rojas, en cuanto defensora particular de Raymundo García De la Olla y/o Raymundo García de la Oya, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra los actos y autoridades responsables que precisó en su demanda. Actos que la promovente consideró prohibidos en términos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tener ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, el acto reclamado por el quejoso son los actos de incomunicación en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, en el cual se encuentra recluido compurgando una sanción penal. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se desprende que éstas negaron la existencia de los actos prohibidos que el quejoso les atribuye. Además, se tiene presente que las mencionadas responsables refirieron que se encuentra a su cargo la protección de la integridad física del quejoso, derivado del comportamiento que ha tenido dentro del centro de reclusión; por ello, se adoptaron las medidas de vigilancia especial establecidas en el artículo 37, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.1 Lo anterior en términos de lo acordado por el Comité Técnico en sesión de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que determinó por unanimidad de votos la medida de vigilancia especial impuesta al aquí quejoso, consistente en la restricción temporal del tránsito interior del centro penitenciario, por diez días, para la observación de su conducta. Tal como lo acreditan con la documental correspondiente y sus anexos, a los que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. 1 "Artículo 37. Medidas de vigilancia especial Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 Constitucional. Las medidas de vigilancia especial consistirán en . IV. Restricción del tránsito en el interior del Centro Penitenciario" Además, es relevante para quien esto resuelve que entre las documentales anexas que se refieren, obra el certificado médico de integridad corporal de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se asentó la exploración física del aquí quejoso y el diagnóstico del médico correspondiente "Clínicamente sano. Sin datos clínicos sugestivos a SARS-Cov2. (Covid- 19). Litiasis vesicular". De ahí que aunque el quejoso haya aseverado ante el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, en el momento en que ratificó la demandada, que fue víctima de violencia en el momento en que fue aislado al área especial, es de hacerse notar que el referido fedatario judicial asentó no observar golpes a simple vista. Por tanto, al no haber aportado el peticionario de amparo alguna prueba suficiente para demostrar los actos prohibidos que reclama y, correlativamente, desvirtuar la negativa de las autoridades responsables que sustentan en las documentales anexas a su informe, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.2 Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 2 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Raymundo García De la Olla y/o Raymundo García de la Oya, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables, en términos del considerando tercero del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Visto el estado procesal de autos, en particular el informe justificado que rindió la "Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1", en el que manifestó lo siguiente: ".sin omitir mencionar que en el organigrama de esta institución resulta inexistente la autoridad responsable señalada como: "Encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1", con el número de oficio 20547, por lo que únicamente se contesta por lo que ve a la autoridad responsable en su oficio 20546." En atención la anterior manifestación se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como inexistente a la autoridad que denominó "Encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1", continuándose el trámite únicamente por las restantes, mientras tanto suspéndase toda comunicación con ésta. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las doce horas del once de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado procesal de los que se obtiene que mediante acuerdo de nueve de febrero del año en curso, se ordenó requerir a las autoridades responsables Subdirector del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos del Alto Impacto número 1, Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán y Encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos del Alto Impacto número 1, Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, para que remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias de donde emanan los actos reclamados; sin embargo, en autos no obra constancia de que se haya notificado dicho requerimiento; por tanto, se ordena integrar el expediente en que se actúa y pasarlo a la actuaría, a efecto de que se realice la notificación correspondiente; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

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