Raúl Vázquez Gutiérrez
Expediente 304/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Vázquez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintisiete de abril del año en curso, se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta procedente, se tiene por recibido el oficio que remite vía electrónica el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 390/2018 del índice de este órgano jurisdiccional por el que se le requirió para que notificara el auto de veintisiete de abril del año en curso al quejoso Raúl Vázquez Gutiérrez. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta procedente, se tiene por recibido el oficio que remite vía electrónica el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 334/2018 del índice de este órgano jurisdiccional por el que se le requirió para que notificara el auto de diez de los actuales al quejoso Raúl Vázquez Gutiérrez y cumpliera con la prevención formulada en dicho acuerdo. En ese sentido, se tiene al promovente del amparo manifestando que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de septiembre de dos mil catorce. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La resolución emitida dentro del toca penal 352/2014 por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante la cual se resolvió lo relativo al auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. Determinación que el quejoso refirió haber tenido conocimiento el quince de septiembre de dos mil catorce, lo que se corrobora con la manifestación que obra en diligencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Manifestación que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por el promovente del amparo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.9 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, página 1440, con el siguiente rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES. EL REALIZADO EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO NO REQUIERE SER RATIFICADO PARA HACER PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El reconocimiento de hechos propios de las partes, a que alude el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual puede realizarse en la demanda, en la contestación de ésta o en cualquier otro acto del juicio, hace prueba plena sin necesidad de ratificación, toda vez que, a diferencia de otras legislaciones, el de la entidad no precisa ese requisito." Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, si de los antecedentes relatados por el quejoso en su escrito de demanda, y cumplimiento de prevención se advierte que fue sabedor del acto reclamado el quince de septiembre de dos mil catorce, el término de quince días para promover el amparo empezó a correr el diecisiete siguiente y feneció el día siete octubre de dos mil catorce; descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil catorce, así como cuatro y cinco de octubre de dicho año por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin embargo, del sello de recibido estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residente en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el tres de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, la promoción de la demanda resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, con el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Finalmente y toda vez que del escrito de demanda se advierte que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, CPS, con residencia en Hermosillo, Sonora, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, a fin de que se constituya en el citado centro de reclusión y notifique personalmente la presente determinación al aquí quejoso. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual remite el expediente de amparo 504/2018. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que por auto de cinco del mes y año en curso el Juzgado homólogo, con sede en Hermosillo, Sonora, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en mención; por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 49 de la Ley de Amparo en vigor este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda que promueve Raúl Vázquez Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, regístrese en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número 304/2018. Ahora bien, del estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La resolución emitida dentro del toca penal 352/2014, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal, por la que se resolvió lo relativo al auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad. En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracción V, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, bajo protesta de decir verdad y advertido de las sanciones a que se hace acreedor quien afirma hechos falsos u omite los que le constan, previstos en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, precise de manera clara y detallada lo siguiente: La fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de la sentencia emitida dentro del toca de apelación 352/2014, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por la que se resolvió el auto de formal prisión que reclama. En virtud de lo anterior y toda vez que del escrito de demanda se advierte que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, CPS, con residencia en Hermosillo, Sonora, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, a fin de que se constituya en el citado centro de reclusión y realice lo siguiente: 1. Con las formalidades que establece el artículo 26, fracción I y artículo 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, efectúe la notificación del presente proveído, personalmente a la parte quejosa; 2. Le corra traslado con copia de la presente determinación y ante la fe del actuario dé cumplimiento con la prevención formulada; y, 3. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice la diligencia aun en días y horas inhábiles. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con la prevención dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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