Raymundo Martínez Orozco
Expediente 44/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raymundo Martínez Orozco
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el oficio que remite el Gerente del área Jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con residencia en esta ciudad, toda vez que por acuerdo de veintiséis de los actuales se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia. Por otro lado, se tiene a Víctor Hugo Piña Arroyo, como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por habérselas otorgado expresamente. Ahora bien, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal; asimismo, téngasele autorizando a las personas que indica para recoger dichas constancias. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvanse los documentos que refiere en su ocurso, previo cotejo, así como copia certificada que de los mismos se dejen en autos y acta de entrega que para el efecto se levante. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que el veintidós de enero de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Raymundo Martínez Orozco, contra la autoridad y respecto del acto siguiente: Autoridad responsable: Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en relación con la solicitud de daños estructurales que presenta su vivienda. Ahora bien, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito examina de oficio la procedencia del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo previsto por el artículo 62, último párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador de oficio advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por leyes o actos de autoridad deben entenderse aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emitidas por un órgano del Estado, que pueden consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; que normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Destacado lo anterior, es pertinente traer a colación que conforme a lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo cabe decir que en torno al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. El derecho de petición, como derecho público subjetivo, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación, para que surja el derecho público del quejoso a que se le dé contestación y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. De lo que se desprende que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por el peticionario del amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de las constancias que obran en el juicio de amparo, se pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en relación con la solicitud de daños estructurales que presenta su vivienda. Lo anterior pone de manifiesto que aun y cuando el Delegado Regional en Morelia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por conducto del Gerente del Área de Servicios Jurídicos, pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicha área, o aquéllos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto, en la especie, el acto que se le imputa, deba ser considerados como tal para los efectos del juicio de amparo, de ahí que se haga necesario analizar la naturaleza del mismos virtud a la relación que exista entre el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el quejoso. Así como fue expresado con anterioridad, de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que el quejoso solicitó información de seguro para daños estructurales que presenta su vivienda. Lo anterior conduce a considerar que el acto reclamado, no se suscitó en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es entre gobernante y gobernado, por actuar el primero en un plano superior a al segundo, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad. En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.9/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." En el criterio transcrito, se puede observar que cuando se reclama la omisión de responder la solicitud de información, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Para llegar a tal conclusión, el señalado órgano colegiado, realizó los siguientes argumentos en la ejecutoria correspondiente. "La relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 123, apartado A, fracción XII, dice: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. "... "XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. "Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. ..." Así, dicho precepto contiene como derecho fundamental de los trabajadores, contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho. Por su parte, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en acatamiento al principio de reserva de ley contenido en el precepto constitucional mencionado establece, en lo que a este estudio interesa, lo siguiente: "Artículo 1o. Esta ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República." "Artículo 2o. Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina 'Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores', con domicilio en la Ciudad de México." "Artículo 3o. El instituto tiene por objeto: "I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; "II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: "a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, "b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y "c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; "III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y "IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece." "Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integra: "... "Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores." "Artículo 34. El trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar información a las administradoras de fondos para el retiro sobre el monto de las aportaciones registradas a su favor. La información anterior, también podrá solicitarla el trabajador a través del instituto o del patrón al que preste sus servicios. "Tratándose de los trabajadores que reciban crédito de vivienda por parte del instituto, tendrán derecho a solicitar y obtener información directa de éste o a través del patrón al que preste sus servicios sobre el monto de los descuentos, incluyendo las aportaciones aplicadas a cubrir su crédito, y el saldo del mismo. "Al terminarse la relación laboral, el patrón deberá entregar al trabajador una constancia de la clave de su registro." "Artículo 43. En los términos de la fracción XII del apartado 'A' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del instituto. ..." De tales preceptos legales se advierte, entre otras cosas, que se crea un organismo de servicio social constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto administrar los recursos del fondo; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones; construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean; o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores. A partir de lo anterior, cuando un trabajador solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un crédito o la información prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente administrador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados". Criterio que es aplicable al caso concreto, ya que nos encontramos ante una hipótesis idéntica a la resuelta en la precitada tesis jurisprudencial. Por ende, la relación entre el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la parte quejosa, es una de coordinación entre ente administrador y trabajador, pues no actúa como autoridad de manera que pueda decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral como lo prevé el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Dicho de otra forma, el acto reclamado, no tiene características distintivas de los actos de autoridad, es decir, que se haya originado en un plano de supra a subordinación, sino por el contrario se evidencia que lo es en un ámbito de coordinación que existe entre el quejoso y las señalada autoridad responsable. En ese orden de ideas, el acto reclamado que se imputa a la señalada autoridad responsable, no queda comprendido como de supra a subordinación, puesto que las peticiones deben ser dirigidas a los servidores públicos en su calidad de autoridades, para que surja el derecho público de estos últimos a que se les dé contestación por escrito, fundada y motivada, congruente a lo solicitado y además sea notificada al peticionario en el domicilio señalado para ese efecto, y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumplan las obligaciones correlativas de la autoridad que supone este derecho. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 126, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la misma, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En otro contexto, téngase por recibido el escrito del quejoso Raymundo Martínez Orozco mediante el cual solicita se le tenga ampliando su demanda respecto del acto reclamado siguiente: La falta de fundamentación y motivación derivada del oficio XVIII-ASJ-692/2016 de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por el Gerente del área Jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en esta ciudad, por el que se dio respuesta a la solicitud que formuló el aquí quejoso en relación con la solicitud de daños estructurales que presenta su vivienda. Sin embargo, al haber resultado improcedente el presente juicio de amparo en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, la ampliación intentada en los términos que expone en su ocurso, sigue la consecuencia jurídica de tal improcedencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Gerente del Área Jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por desahogada la documental que remite la autoridad responsable en cita, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
...se admite el amparo...se fijan las 11:30 horas del 26 de febrero de 2018 para la celebración de la audiencia constitucional...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Raúl Soto Elizalde163/2021
- Raul Tavares Aguirre951/2018
- Raúl Vázquez Gutiérrez304/2018
- Raul Vieyra Lara1384/2023
- Raúl Zepeda Zepeda987/2019
- Raymundo García De la Olla219/2022
- Raymundo Quevedo Domignuez991/2018
- Raymundo Sánchez Hernández430/2018
- Raymundo Solorio Guillen182/2023
- Rebeca Angeles Reyes612/2022
- Rebeca Guzmán Ramírez255/2019
- Rebeca Guzmán Ramírez810/2019