Raúl Plancarte Gaona
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Plancarte Gaona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 322/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, así como con las que acompañó el quejoso a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Raúl Plancarte García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 9 párrafo primero, 11 y 19 primer párrafo de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 322/2022 y, en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se determinó que le asistía el carácter de tercera interesada a Kathya Macías González; por ser la contraparte del quejoso en la medida cautelar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoció tal carácter y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso consiste en lo siguiente: El auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de la medida cautelar 172/2022, que sobre custodia de persona menor de edad, entrega de pertenencias y orden de protección promovió la aquí tercera interesada Kathya Macías González contra el quejoso Raúl Plancarte Gaona. Auto en el cual la autoridad responsable, como medida cautelar, decretó la guarda y custodia del menor de edad de iniciales A.P.P.M., quien en esa fecha contaba con tres meses de edad, a favor de su madre Kathya Macías González, durante quince días, así como orden de protección y restricción a Raúl Plancarte Gaona, a efecto de que no se acerque al domicilio de la actora a una distancia de cien metros, salvo cuestiones de convivencia entre padre e hijo. Acto que atribuye a la Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad, consistentes en copia certificada de las constancias que conforman la medida cautelar 172/2022 [las cuales obran agregadas al presente juicio]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Como se dijo, la parte quejosa se duele de lo resuelto por el juez responsable en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de la medida cautelar 172/2022, misma que decretó en los términos de la imagen que se inserta a continuación: Al respecto, en sus conceptos de violación el quejoso aduce medularmente: Que la medida cautelar decretada vulnera sus derechos y los del menor de iniciales A.P.P.M., porque limita sus derechos de convivencia con el citado infante, debido a que se establece que no podrá tener acercamiento con su hijo a menos que esta sea decretada judicialmente. Lo cual refiere no es posible porque no existe proceso judicial en su contra para ese efecto y porque una vez que se inicie el mismo, tardará debido a las condiciones actuales del Poder Judicial del Estado de Michoacán, retrasando injustificadamente el régimen de convivencia que se pueda establecer a través del mandato judicial, lo que afectará inevitablemente el desarrollo familiar, social y cognitivo del infante, en virtud de que se encuentra en un corto período de edad donde es fundamental la presencia de su figura paterna y se trata de una cuestión relacionada con el interés superior del menor. Señala también, que existe riesgo fundado de la sustracción del menor porque éste nació en los Estados Unidos de Norteamérica y su madre cuenta con la residencia de aquel país, por lo que -aduce- la juez responsable está propiciando y estableciendo todas las condiciones para que ello ocurra. Los anteriores argumentos devienen infundados en una parte e inoperantes en otra más, como se explica a continuación. En primer lugar, resultan infundados porque el auto de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, en el cual la autoridad responsable, como medida cautelar, decretó la guarda y custodia provisional del menor de iniciales A.P.P.M., a favor de su madre, y además, la restricción a Raúl Plancarte Gaona para que no se acerque al domicilio de Kathya Macías González, se considera apegada a derecho. Para precisar la razón de ello, se considera necesario traer a contexto lo que disponen los artículos 317, 324 y 325 del Código Familiar para el estado de Michoacán, que a la letra expresan: "Artículo 317. Se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación, el ejercicio de la violencia hacia los menores de edad o personas con discapacidad. "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: [.] II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, [.] Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, ." "Artículo 843. Se reconocen como medidas cautelares: I. Providencias precautorias; II. Separación de personas; III. Custodia provisional de menores de edad y personas con discapacidad; y IV. Restitución de menores." "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior." Del contenido de los numerales transcritos se obtiene en lo de interés, lo siguiente: Que se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. Que no se justifica en ningún caso como forma de educación o formación, el ejercicio de la violencia hacia los menores de edad o personas con discapacidad. Que siempre que se hagan del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar, entre otras, las medidas consistentes en prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; o bien, prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente. Además, el juez podrá imponer medidas diversas a las anteriormente señaladas, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados; Que se reconocen como medidas cautelares, entre otras, la custodia provisional de menores de edad; y, Que el juez tiene amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes en tratándose, entre otros, de menores de edad, tomando en cuenta su interés superior y respecto de cuestiones relacionadas con violencia familiar. Luego, de las constancias de la medida cautelar de origen se desprende que mediante escrito presentado ante la juez responsable el ocho de marzo de dos mil veintidós, Kathya Macías González, aquí tercera interesada, realizó diversas manifestaciones y solicitó una medida cautelar de restricción, en virtud de algunas conductas de Raúl Plancarte Gaona hacia su persona y además, solicitó que se le otorgara la guarda y custodia provisional del menor de iniciales A.P.P.M., quien nació el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En esa virtud, es correcto que la autoridad responsable, en atención a lo que dispone el precepto legal 324 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, al hacerse sabedora de conductas de violencia familiar, actuara en consecuencia y acordara favorable la petición de la víctima, en el sentido de decretar una medida cautelar para que Raúl Plancarte Gaona no se acercara al domicilio donde habita Kathya Macías González o al lugar donde se encuentre, a una distancia de cien metros, salvo cuestiones de convivencia entre padre e hijo, decretada judicialmente o trámites legales en los que ambos intervengan; causar daños, amenazar, injuriar o realizar llamadas vía telefónica o mensajes de texto a Kathya Macías González, así como a intimidarla o molestarla en su entorno social. Ello, porque las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas, constitucional, convencional y legalmente a adoptar las medidas de protección que estimen necesarias (obligación de carácter positivo, que se traduce en un hacer), de forma ágil y eficaz, en favor de las mujeres víctimas de un delito cometido en un contexto de violencia, a fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer su integridad. Sirve de apoyo a lo antes argumentado, la tesis I.9o.P.16 P (11a.), visible en la página 3384 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, Undécima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, materia Constitucional, Penal registro digital número 2023785, del rubro y texto: "MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE UN DELITO COMETIDO EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO TIENEN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL DE ADOPTAR LAS QUE ESTIMEN NECESARIAS, A FIN DE PREVENIR Y MITIGAR CUALQUIER RIESGO QUE PUEDA COMPROMETER SU INTEGRIDAD. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la medida de protección decretada en su contra por el Ministerio Público, consistente en la abstención de realizar conductas de intimidación o molestia hacia la mujer víctima del delito que le fue imputado (cometido en un contexto de violencia) y solicitó la suspensión del acto reclamado. El Juez de Distrito negó la medida cautelar solicitada y contra dicha determinación promovió recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas constitucional, convencional y legalmente a adoptar las medidas de protección que estimen necesarias (obligación de carácter positivo, que se traduce en un hacer), de forma ágil y eficaz, en favor de las mujeres víctimas de un delito cometido en un contexto de violencia, a fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer su integridad. Actuar que debe traducirse en un comportamiento de debida diligencia (sistémico e individual), para impedir cualquier clase de violación a un derecho, pues la inacción estatal, en escenarios como el descrito, equivale a una negligencia sancionable por normas internacionales. Justificación: El artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho de las víctimas y ofendidos a que sea garantizada su seguridad, a través de medidas eficaces. Asimismo, la fracción subsecuente prevé su derecho a solicitar las providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Precepto que debe complementarse, a fin de ampliar el ámbito de protección en favor de este grupo históricamente desaventajado, con el contenido de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones emitidas por su Comité, así como por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las que se ha establecido que los Estados Parte tienen la obligación convencional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, de forma real y eficaz, la protección a la integridad de las mujeres que puedan encontrarse en un contexto de violencia, o bien, ante un escenario de riesgos, obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas oportunas para corregir esas situaciones. Lo que se robustece, en nuestro derecho interno, con el artículo 109, fracciones XVI y XIX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como por lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y la diversa Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establecen mecanismos de similar protección, a fin de garantizar la salvaguarda de la integridad de la posible afectada." En esa virtud, dadas las manifestaciones que realizó la solicitante de la medida en el sentido de sufrir agresiones físicas y verbales en su contra, es correcto que la responsable adoptara las medidas necesarias para proteger el interés superior que como víctima le reconoció, y además porque debe primar el interés superior del menor de edad involucrado en dicho trámite. Además, la juzgadora natural presumió que al ser la madre quien ejercía la custodia de hecho del menor y ha velado por su bienestar, era procedente decretar la guarda y custodia a su favor, lo que se estima ajustado a derecho sobre todo si se toma en cuenta la corta edad del infante [tres meses al decretarse la medida cautelar], y si bien es cierto que la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, pues de ella depende el desarrollo armónico e integral del menor, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, también lo es que debe tener ciertas características relacionadas con la edad del menor, su entorno, así como el poco o nulo conocimiento que tenga de su padre; todo lo cual revela lo compleja que resulta la ponderación que debe hacer el juzgador entre el interés superior de un menor que vive con su madre y el derecho del padre a la convivencia, en principio, porque como sucede en el caso, no es dable apreciar sus sentimientos y deseos, por lo cual cobra especial relevancia su entorno y forma de vida, sin que con ello pretenda prohibirse que el padre genere ese afecto con su descendiente. Como apoyo a lo antes considerado se cita la tesis VII.2o.T.1 C (10a.), consultable a fojas 1707 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, materia Común, Civil, registro digital número 2014164, del rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE CONVIVENCIA DE UN MENOR CON SU PROGENITOR. CONDICIONES DE PROCEDENCIA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, pues de ella depende el desarrollo armónico e integral del menor, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, también lo es que debe tener ciertas características relacionadas con la edad del menor, su entorno, así como el poco o nulo conocimiento que tenga de su padre; todo lo cual revela lo compleja que resulta la ponderación que debe hacer el juzgador de amparo al decretar la suspensión provisional en el amparo indirecto, entre el interés superior de un menor que vive con su madre y el derecho del padre a la convivencia, en principio, porque no es dable apreciar sus sentimientos y deseos, por lo cual cobra importancia su entorno y forma de vida, sin que con ello pretenda prohibirse que el padre genere ese afecto con su descendiente, pero ello no puede darse en forma abrupta, esto es, después de haber permanecido el menor sólo con su madre, por lo que determinar una convivencia a solas con el padre podría ocasionar algún trastorno en la salud emocional y física de dicho menor; de ahí que la determinación de convivencia, en forma genérica, sin especificar detalles para proteger la salud física y mental del menor y la propia certeza de su madre, quien ejerce su custodia, de cómo y dónde debe llevarse a cabo, puede llegar a afectar primordialmente la salud integral del infante, cuyo interés debe primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas siempre en su favor, atento al principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la medida cautelar que al efecto se otorgue debe privilegiar la ponderación de los principios que giran sobre este tema, para fomentar la relación de convivencia paterno-filial, pero con respeto al interés superior del menor, que se traduce en proteger el entorno en el cual se ha desarrollado, evitando al máximo un posible deterioro emocional, bajo la idea de que se materializará en el domicilio de la madre del menor y bajo la supervisión de ésta, lo que sin duda le dará tranquilidad, pues no se le someterá a un cambio brusco en su entorno y área de confort." De suerte que lo anterior no implica, en modo alguno, que se impida el derecho de convivencia del quejoso con el citado menor, dado que independientemente de la medida cautelar decretada para salvaguardar la integridad física de la progenitora del infante, puede solicitar se decreten judicialmente las convivencias respectivas, pues a pesar de que la pandemia por Covid-19 continúa, las circunstancias han cambiado y han permitido regresar paulatinamente a las actividades habituales, entre ellos, a los órganos del Poder Judicial del Estado. De igual forma, tampoco se estima -como señala el peticionario de amparo- que se afecte el desarrollo familiar, social y cognitivo del infante de iniciales A.P.P.M., dada la naturaleza temporal de la medida cautelar decretada [por quince días], y que además resultó indispensable para salvaguardar la integridad física y la dignidad humana de su progenitora Kathya Macías González. Aunado a ello, como lo estableció la propia juzgadora en el auto combatido, la guarda y custodia fue decretada a favor de la madre Kathya Macías González atento a que se presume que es ella quien ejerce la custodia de hecho del menor por el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente hábil de efectuada la notificación, sin perjuicio de que en trámite diverso se hubiere otorgado con anterioridad a determinada persona y de que el órgano jurisdiccional en su oportunidad establezca a quién corresponde tal prerrogativa, atendiendo al interés superior del menor, así como a la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál de ellos puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral. Es decir, en ningún caso la tramitación de una medida cautelar tiene incidencia sobre el proceso principal, en este caso, el que verse sobre la guarda y custodia del menor de edad y además, dichas medidas son dictadas con flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Más porque, en los procedimientos relativos al derecho familiar, las medidas cautelares, de ser necesario, implican profundas modificaciones a como son entendidas en otras materias, porque lo primordial a asegurar es la integridad de las personas o la satisfacción de las necesidades urgentes desvinculándose, incluso, aquéllas de la acción principal; luego, aunque por regla general las medidas provisionales decretadas en el juicio perviven sólo hasta el dictado de la sentencia, tratándose de materia familiar, cuando existe un riesgo para la salud e integridad de alguna de las partes, como en el caso acontece respecto de la progenitora del menor involucrado, el juzgador deberá mantenerlas o adoptar las necesarias que el caso exija mientras prevalezca dicha situación; ello al margen de lo que se decida en el juicio principal que en su caso promuevan las partes. Y por otro lado, debe declararse inoperante por inatendible lo argumentado por el quejoso en el sentido de que existe riesgo fundado de la sustracción del menor, debido a que nació en los Estados Unidos de Norteamérica y su madre cuenta con la residencia de aquél país, además de que la abuela materna le refirió que lo mejor era que su hija y él se separaran para que ella se pudiera llevar al menor al citado país, pues este juzgador no está facultado para realizar pronunciamiento alguno acerca de las diversas circunstancias que indica porque no forman parte de la medida cautelar otorgada y de los elementos que la juez responsable tuvo a la vista para decretarla. Por ello, dichas cuestiones en su caso deberán hacerse del conocimiento de la juzgadora de origen, a efecto de que con base en su conocimiento del asunto, así como en las pruebas y constancias que obren en el mismo, resuelva lo que en derecho proceda. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección constitucional solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. Toda vez que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Raúl Plancarte Gaona, por su propio derecho, contra los actos y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1121/2019, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Director de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo del oficio 21972, por el cual se le remitió el billete de depósito N 641291, valioso por $7,000.00 (siete mil pesos moneda nacional); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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