Raúl Martínez Rodríguez
Expediente 187/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Martínez Rodríguez
- Licenciado Juan Alberto Alba Pérez, Juez de Control de Proceso Penal adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de Procedimiento Oral y Enjuiciamiento de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, perteneciente al Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y en atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 de dicho Acuerdo General, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de diversos documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General invocado; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer dentro del plazo concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos en audio y video remitidos por el. de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y en atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 de dicho Acuerdo General, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de diversos documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General invocado; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer dentro del plazo concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos en audio y video remitidos por el. de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y en atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 de dicho Acuerdo General, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de diversos documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General invocado; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer dentro del plazo concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos en audio y video remitidos por el. de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a ocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 187/2020, de este índice, con la sentencia engrosada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y qdos discos ópticos. Acúsese recibo. En consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos al Juzgado auxiliar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notifíquese a las partes dicha sentencia. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 187/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por Raúl Martínez Rodríguez, por propio derecho. R E S U L T A N D O PRIMERO. A través del escrito y los anexos presentados el nueve de marzo de dos mil veinte (fojas 2 a 14 de autos), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y remitidos en esa misma fecha a la oficialía de partes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en esa entidad federativa, Raúl Martínez Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos siguientes: SEGUNDO. Mediante el proveído de diez de marzo de dos mil veinte (fojas 17 a 19 de autos), el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número de expediente 187/2020; asimismo, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; de igual forma, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo, previos diferimientos, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (foja 255 de autos), conforme al acta correspondiente. TERCERO. A través del oficio número 13 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, remitió físicamente los autos del juicio de amparo 187/2020 a este órgano auxiliar, en acatamiento a los Acuerdos Generales 54/2008 y 26/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, asunto cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 85/2021. CUARTO. Suspensión de las actividades jurisdiccionales. En sesión extraordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 4/2020, RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO CONSEJO POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19; a través del cual decretó la suspensión de las labores jurisdiccionales durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en respuesta al brote del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), partiendo principalmente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus. Periodo que, primeramente, se amplió al cinco de mayo de dos mil veinte, mediante ACUERDO GENERAL 6/2020, aprobado en sesión extraordinaria de trece de abril de dos mil veinte; y que se volvió a extender hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, por diverso ACUERDO GENERAL 8/2020, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020. El ocho de junio del citado año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO GENERAL 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con un vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el ACUERDO GENERAL 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos de la modalidad de "juicio en línea". Asimismo, mediante los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, se prorrogó la vigencia del diverso 13/2020, hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con el objetivo de dar continuidad a un esquema de trabajo que permite retomar a mayor escala la actividad jurisdiccional. Posteriormente, mediante el ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, se establecieron las reglas a que debían sujetarse los órganos jurisdiccionales, dentro del periodo del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, con el objetivo de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. Por último, a través de los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se establecieron nuevamente las reglas a que deben sujetarse los órganos jurisdiccionales, ampliándose con ello su vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, con el objeto de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, esta sentencia se emite en la presente fecha, en atención y observancia a los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en relación al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto CUARTO, apartado VII, y punto QUINTO, apartado 7, del Acuerdo General 03/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, así como a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo 54/2008, del aludido órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, reformado por el diverso Acuerdo General 27/2011, publicado con fecha trece de septiembre de dos mil once y su correspondiente aclaración de veinte de septiembre siguiente, publicada en el medio de difusión oficial señalado, el veintinueve del mismo mes y año; punto PRIMERO del Acuerdo General 26/2011 del propio órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que este Órgano Jurisdiccional apoye en el dictado de sentencias de amparo indirecto al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; asimismo, en atención a que los actos reclamados fueron atribuidos a diversas autoridades con domicilio dentro del ámbito de competencia del aludido órgano federal, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelva con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. TERCERO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión de que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto, correspondientes a la Novena Época y anteriores del Semanario Judicial de la Federación, no obstante haber sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente; ello de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente. Atento a lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, reclama: QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, (foja 94 de autos); pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas al proceso penal 28/2020, así como copia del audio y video de la audiencia en la que se libró la orden de aprehensión reclamada; remitidos por la juez responsable como complemento a su informe con justificación; documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, la Directora del Centro de Reinserción Social "Amatlán", perteneciente a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, al rendir su respectivo informe con justificación (foja 29 de autos), fue imprecisa en manifestar en forma categórica si es cierto o no el acto que le reclama; por ende, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 1171 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido a la autoridad en cita. Finalmente, las diversas responsables Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro - Córdoba, (foja 28 de autos); Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba (foja 31 de autos); Elio Urieta Linares, Policía Ministerial en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (fojas 34 a 36 de autos), y Raymundo Pérez Vázquez, Policía de Investigación de Campo Operativa en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (fojas 59 a 61 de autos), todas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo dicha negativa se encuentra desvirtuada, dado que al tener el carácter de autoridades ejecutoras, y al haber admitido el Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, la orden de aprehensión reclamada; entonces, se tiene por cierto el acto de ejecución que se reclama a las referidas autoridades ejecutoras. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto es del tenor siguiente: Conforme a la porción normativa transcrita, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, la orden de aprehensión tiene por objeto privar de la libertad, preventivamente, al inculpado, para el efecto de someterlo a la jurisdicción del juez de control, y para que no evada la acción de la justicia; por tanto, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica del imputado a virtud de la emisión de un auto de vinculación a proceso, se produce un cambio de situación jurídica, en razón de que la detención del inculpado motivada por dicha orden, fue sustituida por el auto de referencia, quedando en su nueva situación jurídica, así como el asunto en una nueva etapa en virtud de que la continuación del procedimiento penal obedece a ese formal procesamiento que tiene su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la orden de aprehensión, ya que no es posible decidir respecto de tales violaciones sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el dictado del auto de vinculación a proceso. En el caso a estudio, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en contra del quejoso por el delito de secuestro agravado dentro del proceso penal 28/2020, por el Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba; el cual resultó ser cierto conforme se ha puesto de manifiesto en el considerando quinto de esta sentencia; incluso, se encuentra en visible a fojas 126 a 142 de autos. Ahora, el juez responsable, en su informe justificado, manifestó que la orden de aprehensión reclamada ya fue ejecutada, y que el quejoso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que preside el mismo diecisiete de febrero de dos mil veinte; motivo por el cual procedió a fijar hora para llevar a cabo la audiencia inicial, en la cual la Fiscalía formuló imputación y se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; asimismo, que la representación social solicitó vinculación a proceso, y que el veintitrés de febrero de dos mil veinte, dictó auto de vinculación a proceso. Inclusive, el propio quejoso en su demanda de amparo expuso que la orden de aprehensión reclamada ya había sido ejecutada, y que fue puesto a disposición del juez responsable, quien calificó de legal su detención. Tales manifestaciones -del juzgador responsable y del inconforme- se corroboran con las constancias que remitió el juez de control responsable relativas a la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 28/2020, a través de la cual se resolvió la situación jurídica del quejoso Raúl Martínez Rodríguez, en el sentido de dictar auto de vinculación a proceso en su contra por la comisión del delito de secuestro agravado, tal y como se observa a fojas 170 a 177 de autos, de cuya parte conducente se advierte lo siguiente: Asimismo, conforme al contenido del disco compacto que contiene el audio y video de la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veinte, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso dentro del proceso penal 28/2020. En consecuencia, se advierte que la situación jurídica del quejoso ha cambiado, porque ya no es la orden de aprehensión reclamada la que afecta su libertad personal, en virtud de que su detención motivada por dicha orden fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de vinculación a proceso de mérito, quedando su nueva situación jurídica, así como el asunto, supeditados a la continuación del proceso penal. Es por lo anterior que no puede analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada sin afectar el auto de vinculación a proceso, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la primera, afectaría al referido auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la orden de aprehensión de referencia, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino al auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de febrero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado la causal de improcedencia de análisis, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro - Córdoba; Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba; Elio Urieta Linares, Policía Ministerial en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, y Raymundo Pérez Vázquez, Policía de Investigación de Campo Operativa en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, todos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como a la Directora del Centro de Reinserción Social "Amatlán", perteneciente a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz; dado que los actos que se les atribuyen no fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por último, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que ello constituye el problema de fondo, atento a la jurisprudencia. Por lo expuesto y fundado; se, ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución.
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