Raúl Santiago Pacheco
Expediente 373/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Santiago Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 5507/2021, firmado vía electrónica con evidencia criptográfica, por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, con el que transcribe el auto de doce de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo 317/2021, del que se advierte acusa recibo de la misiva con la que se remitió el original del expediente aludido, tramitado con motivo de la demanda promovida por Raúl Santiago Pacheco, por propio derecho, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor. Ahora, visto el estado procesal de autos, se levanta la reserva decretada en proveído de doce de abril del año en curso, respecto de la remisión del telegrama del Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la Abogada General en representación del 1. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México, al órgano jurisdiccional oficiante quien por aceptar conocer del trámite de este juicio, emitirá pronunciamiento respecto de su contenido; por tanto, PREVIA COPIA CERTIFICADA que se deje en este cuaderno de la documental descrita (folio 4098), remítase al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos para los efectos legales conducentes. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, que de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso A, sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, fracción II, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que transcurre el término concedido en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a la autoridad responsable 1. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, para que rinda su informe justificado, solicitado mediante oficio 11908/2020, dado que de la consulta realizada en el historial de entrega de mensajería en el Sistema de Rastreo de Estafeta se constató quedó notificada el ocho de marzo del año en curso. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se aprecia del escrito inicial de demanda que la parte quejosa hace mención que su domicilio particular está ubicado en Minatitlán, Veracruz, y que a la fecha de la presentación del escrito inicial llevaba dos meses en resguardo domiciliario en dicha demarcación; aunado a que al rendir su informe relativo a la suspensión de plano, así como el justificado, la responsable 2. Encargado del Despacho Jefatura del Departamento de Personal Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en su denominación correcta, adjuntó el acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, del aviso de ausencia y la boleta de aplicación de la cláusula 43 del Contrato Colectivo del Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a favor de Raúl Santiago Pacheco (registro 7220), mismo que es dable acreditar que atento a la fecha en que firmó de recibido, se encontraba en la residencia de dicha responsable, es decir, en Coatzacoalcos, Veracruz, resulta pertinente establecer lo siguiente: Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de la legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, el atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: - El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). - El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). - El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste, substancialmente, en la omisión de poner bajo resguardo domiciliario al quejoso Raúl Santiago Pacheco, por ser un trabajador vulnerable dado que padece diabetes mellitus y obesidad. Ahora, es cierto que el acto que se reclama es de naturaleza negativa, sin embargo, tiene efectos positivos, que debe tener ejecución materialmente en el lugar en donde tiene su domicilio particular el quejoso, pues finalmente la razón del reguardo domiciliario reclamado ahí se va a ejecutar. Esto es así, pues ante la omisión de ponerlo bajo resguardo domiciliario y ausentarlo de sus labores a fin de evitar en la mayor medida posible o disminuir los riesgos de un contagio por el virus COVID-19, conlleva que deba seguir presentándose a laborar y por ello, continuar con el riesgo potencial de contraer el virus nombrado, por lo que la omisión reclamada se erige en un acto de naturaleza negativa con efectos positivos capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, el riesgo potencial de contagio y con ello el peligro inminente a la salud del quejoso. De ahí que la ejecución del acto reclamado será en su domicilio particular el cual se ubica en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, pues es finalmente la razón del resguardo domiciliario reclamado. Es aplicable a lo antes expuesto, por identidad de razonamientos, la jurisprudencia1a./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021191, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Entonces, la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades de otorgar el resguardo domiciliario al quejoso constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba ejecutarse el acto reclamado, es decir, en el domicilio del quejoso que es en donde deberá verificarse el resguardo reclamado para garantizar su salud e incluso su vida. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las consecuencias de la omisión reclamada sean ejecutables materialmente, de conformidad con el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la tesis visible en la página setenta y tres, del tomo 217-228, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por ende, en acatamiento a los criterios citados, debe declararse que este juzgado carece de competencia legal para resolver este juicio. Consecuentemente, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, pues es en su jurisdicción en donde deba materializarse las consecuencias fácticas que conlleva la omisión reclamada por el quejoso, de conformidad con el acuerdo general 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Entonces, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, por ser quien debe conocer del presente asunto, a fin de que resuelva lo conducente respecto a la competencia planteada. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama enviado por el Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la Abogada General en representación del 1. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que el nueve de marzo del año en curso, se recibió dicha misiva vía correo electrónico (folio 2971) y se proveyó lo conducente el diez de este mes y año que transcurre. Notifíquese, por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado en proveído de ocho de febrero de esta anualidad, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a las autoridades responsables
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe relativo a la suspensión de plano que rinde el Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la Abogada General en representación del 1. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, téngase acatando el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de conformidad a los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y DELEGADOS Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable, a las personas que menciona, y como domicilio el que indica. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquieren eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el sobre devuelto por Estafeta que contiene el oficio 11908/2020, dirigido al 1. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, advirtiéndose en la etiqueta de visita y control en la casilla por motivo "D12 Empresa/Persona de vacaciones"; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se comisiona a la sección de Actuaría para que de manera inmediata, se constriña a la remisión y entrega fehaciente de la comunicación oficial de mérito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ahora, atendiendo a que la autoridad responsable mencionada no ha sido emplazada a juicio, ni rendido el informe justificado requerido, a efecto de dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijándose para su celebración las quince horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de marzo de esta anualidad, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Notifíquese.
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