Raul Reyna Narvaez
Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raul Reyna Narvaez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Salina Cruz, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio 221/2023. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se señala que en el presente juicio no se formó cuaderno de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso ********************, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese
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Salina Cruz, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, por el que da cumplimiento a la prevención que se le formuló el veinticinco de abril del año en curso, precisando los motivos por los cuales se ordenó la reposición del procedimiento dentro del juicio número ********************, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca; así también, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó realizar el estudio socioeconómico en su persona y en su domicilio, se le notificó a su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés; adjuntando copia simple de la resolución de alzada de fecha veintinueve de abril y del acuerdo de quince de diciembre, ambos de dos mil veintidós; en su atención, téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma con las prevenciones formuladas en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso. DESECHAMIENTO PARCIAL. Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por el quejoso ********************, consistente en el estudio socioeconómico a su persona y en su domicilio, ordenado por el Juez responsable en acuerdo que dictó el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, el que se le notificó personalmente por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, como así lo manifestó expresamente en su ocurso de cuenta, bajo protesta de decir verdad, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende: que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Bajo este contexto, cuando el inconforme se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa de los mismos, toda vez que ello se encuentra inmerso al mostrarse conocedor de aquellos, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa bajo protesta de decir verdad, se ostente sabedor del acto o actos reclamados en determinada fecha, para que se contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que lo refiera. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis relativas, debe señalarse también que éstas no guardan un orden de preferencia, pues la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos, lo que autoriza afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Ahora, en el caso en concreto, el quejoso reclama, substancialmente, el acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, el que se le notificó por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, como así lo manifestó expresamente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito por el que desahogó la prevención que se le formuló, manifestación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación oportuna de la demanda, en los casos como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto la notificación del aludido acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, el que se le notificó al quejoso por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos a partir del ocho siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que prevé que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. Por tal motivo, el plazo legal de quince días para la presentación de la demanda de amparo, comprendió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintitrés, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo del actual (sábados y domingos), por haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que la misma se presentó el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esa fecha y en la que surtió efectos la notificación personal del acuerdo en el que se dictó el acto reclamado, ha transcurrido en exceso el plazo genérico indicado, quedando manifiesta e indudable su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa se emiten dentro de un procedimiento penal; no existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, por los motivos legales anteriormente precisados, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, respecto del precisado acto reclamado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. ADMISIÓN RESPECTO DE DIVERSO ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, consistente en la omisión del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, de impartir justicia pronta y expedita, en virtud de que no ha acordado lo procedente respecto de lo solicitado en su escrito recibido el diez de febrero de dos mil veintitrés, dentro del incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, en el que ofreció diversas pruebas. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitase incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales Del Propio Consejo, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo mencionado en el citado acuerdo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para la audiencia constitucional. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que una vez fijada la celebración de la audiencia, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció medios de prueba. AUTORIZADO Y DOMICILIO Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso, y como domicilio para tales efectos, el que se cita en el proemio de su demanda. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; personalmente al quejoso
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Número de expediente: 221/2023 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, por el que da cumplimiento a la prevención que se le formuló el veinticinco de abril del año en curso, precisando los motivos por los cuales se ordenó la reposición del procedimiento dentro del juicio número ********************, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca; así también, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó realizar el estudio socioeconómico en su persona y en su domicilio, se le notificó a su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés; adjuntando copia simple de la resolución de alzada de fecha veintinueve de abril y del acuerdo de quince de diciembre, ambos de dos mil veintidós; en su atención, téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma con las prevenciones formuladas en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso. DESECHAMIENTO PARCIAL. Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por el quejoso ********************, consistente en el estudio socioeconómico a su persona y en su domicilio, ordenado por el Juez responsable en acuerdo que dictó el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, el que se le notificó personalmente por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, como así lo manifestó expresamente en su ocurso de cuenta, bajo protesta de decir verdad, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende: que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, el término genérico para presentar la demanda con sus excepciones, y la forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 transcrito. Los actos consentidos tácitamente son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La forma en que se computarán los plazos a que se refiere el artículo 17 citado, se realiza de las siguientes formas: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Pues bien, existen tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla oportunamente promovida, todas ellas tienen características propias y excluyentes entre sí. En la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hizo saber al agraviado el acto reclamado. La segunda forma de computar el plazo aludido, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa o, incluso, del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. Por su parte, en la tercera forma referida, se establece que el plazo para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que el inconforme se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifieste que conoció del acto impugnado; conducta que puede estimarse que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Bajo este contexto, cuando el inconforme se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa de los mismos, toda vez que ello se encuentra inmerso al mostrarse conocedor de aquellos, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa bajo protesta de decir verdad, se ostente sabedor del acto o actos reclamados en determinada fecha, para que se contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que lo refiera. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis relativas, debe señalarse también que éstas no guardan un orden de preferencia, pues la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos, lo que autoriza afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Ahora, en el caso en concreto, el quejoso reclama, substancialmente, el acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, el que se le notificó por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, como así lo manifestó expresamente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito por el que desahogó la prevención que se le formuló, manifestación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación oportuna de la demanda, en los casos como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto la notificación del aludido acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, el que se le notificó al quejoso por conducto de su autorizado el siete de febrero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos a partir del ocho siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que prevé que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. Por tal motivo, el plazo legal de quince días para la presentación de la demanda de amparo, comprendió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintitrés, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de marzo del actual (sábados y domingos), por haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, no fue presentada dentro del término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, dado que la misma se presentó el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, asentado al margen superior del escrito de demanda; de lo cual resulta evidente, que entre esa fecha y en la que surtió efectos la notificación personal del acuerdo en el que se dictó el acto reclamado, ha transcurrido en exceso el plazo genérico indicado, quedando manifiesta e indudable su extemporaneidad. Cabe señalar, que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo, en la medida en que no se reclama una ley general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición (fracción I); tampoco se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II); mucho menos se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); ni tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa se emiten dentro de un procedimiento penal; no existe incomunicación, ni se trata de una deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se realiza la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, por los motivos legales anteriormente precisados, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, respecto del precisado acto reclamado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. ADMISIÓN RESPECTO DE DIVERSO ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, consistente en la omisión del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, de impartir justicia pronta y expedita, en virtud de que no ha acordado lo procedente respecto de lo solicitado en su escrito recibido el diez de febrero de dos mil veintitrés, dentro del incidente de aumento o incremento de pensión alimenticia, anexo al expediente principal número ********************, en el que ofreció diversas pruebas. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitase incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales Del Propio Consejo, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo mencionado en el citado acuerdo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para la audiencia constitucional. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que una vez fijada la celebración de la audiencia, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció medios de prueba. AUTORIZADO Y DOMICILIO Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso, y como domicilio para tales efectos, el que se cita en el proemio de su demanda. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; personalmente al quejoso
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