Raúl Santiago Pacheco

Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
442/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Raúl Santiago Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 13682/2021, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, que contiene el acuerdo dictado el treinta y uno de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 811/2021-V de su índice, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Raúl Santiago Pacheco. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdos de tres y doce de agosto del año en curso, respectivamente, se reservó acordar los oficios remitidos por las autoridades responsables Jefe del Departamento de Personal Terminal Marítima Pajaritos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y Jefe del Departamento de Personal Terminal Marítima Pajaritos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, con números de folio 8567 y 9091, hasta en tanto se tuviera noticia a qué juzgado le había correspondido el conocimiento del asunto -lo que ya aconteció- en consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos, envíese los originales al juzgado competente, a efecto de que provea lo correspondiente. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Se destaca que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo, pues no obstante que se concedió la suspensión de plano, ante la incompetencia planteada se remitieron los autos originales quedando únicamente como constancia cuaderno de antecedentes. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Jefe del Departamento de Personal Terminal Marítima Pajaritos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, a través del cual, en alcance al diverso allegado a este juzgado el treinta de julio del año en curso, remite constancias de las gestiones que realiza en cumplimiento a la suspensión de plano concedida al quejoso. Ahora, visto el estado procesal de los autos, del que se advierte que en auto de treinta de julio del presente año, este Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y se ordenó remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno; por lo que una vez que se tenga noticia a qué órgano jurisdiccional tocó conocer del mismo, se remitirá el oficio de cuenta, para que se provea respecto de su contenido. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por ****, apoderado y representante de "PETRÓLEOS MEXICANOS", Empresa Productiva del Estado y "PEMEX LOGÍSTICA", Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, y "PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL", Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, y en representación de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos; Superintendente de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Transformación Industrial; y Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos, Coatzacoalcos, Veracruz, por el que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo el veintinueve de julio del año en curso, hace del conocimiento de que el quejoso Raúl Santiago Pacheco, se encontrará a resguardo domiciliario por considerarse una persona vulnerable, por un periodo comprendido entre el 30 de julio al 31 de agosto del año en curso, sin interrupción de antigüedad y con goce de salario de conformidad con la categoría de Contramaestre, adscrito al Buque Tanque "BT" Texistepec propiedad de Pemex Logística; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. DELEGADO. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la responsable aludida en primer término, a las personas que menciona. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA. Por otra parte, se tiene a las responsables citadas, señalando domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones al vía electrónica: por lo que de conformidad con el apartado 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus numerales del 77 al 83; se autoriza la consulta a los usuarios "alejandroiribeledon", "Roberto1923", "LILI1971" y "Hugo1978", y en términos del artículo 26, fracción IV de la mencionada ley, realícense las notificaciones que deban ser de carácter personal o urgente, de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio las resoluciones que deban ser de carácter personal o urgente sin ulterior pronunciamiento para que aquéllas deban practicarse en dichos términos. Asimismo, se tienen por hechas las manifestaciones de la oficiante a efecto de que se dejen de tener como autoridades responsables al Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos; Superintendente de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Transformación Industrial; y Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos, por los motivos y razones que expone; por lo que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las mismas en vía de alegatos, para ser tomada en consideración en la audiencia respectiva. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de la legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para seguir conociendo de la demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, el atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: - El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). - El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). - El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste, substancialmente, en la orden de presentarse a laborar en su lugar de trabajo a partir del treinta de julio de dos mil veintiuno, lo que pone en riesgo su salud con motivo del estado de vulnerabilidad en que se ubica derivado que manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, es una persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, que no ha sido vacunado, ubicándose como población en riesgo, por lo que son omisivas las responsables en garantizarle su derecho a la salud al no otorgarle su resguardo domiciliario. Ahora, es cierto que el acto que se reclama es de naturaleza omisiva, sin embargo, tiene efectos positivos, que debe tener ejecución materialmente en el lugar en donde tiene su domicilio particular el quejoso, pues finalmente la razón del resguardo domiciliario reclamado ahí se va a ejecutar. En ese sentido, se advierte en el informe de cuenta, que las responsables indican que el quejoso Raúl Santiago Pacheco, tiene registrado su domicilio ubicado en Calle Cristóbal Colón número 13, colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz. Esto es así, pues ante la omisión de ponerlo bajo resguardo domiciliario y ausentarlo de sus labores a fin de evitar en la mayor medida posible o disminuir los riesgos de un contagio por el virus COVID-19, conlleva que deba seguir presentándose a laborar y por ello, continuar con el riesgo potencial de contraer el virus nombrado, por lo que la omisión reclamada se erige en un acto de naturaleza negativa con efectos positivos capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, el riesgo potencial de contagio y con ello el peligro inminente a la salud del quejoso. De ahí que la ejecución del acto reclamado será en su domicilio particular el cual se ubica en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, pues es finalmente la razón del resguardo domiciliario reclamado. Es aplicable a lo antes expuesto, por identidad de razonamientos, la jurisprudencia1a./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2021191, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Entonces, la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades de otorgar el resguardo domiciliario al quejoso constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba ejecutarse el acto reclamado, es decir, en el domicilio del quejoso que es en donde deberá verificarse el resguardo reclamado para garantizar su salud e incluso su vida. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las consecuencias de la omisión reclamada sean ejecutables materialmente, de conformidad con el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la tesis visible en la página setenta y tres, del tomo 217-228, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por ende, en acatamiento a los criterios citados, debe declararse que este juzgado carece de competencia legal para resolver este juicio. Consecuentemente, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, pues es en su jurisdicción en donde deba materializarse las consecuencias fácticas que conllevan los actos reclamados por el quejoso, de conformidad con el acuerdo 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Entonces, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, por ser quien debe conocer del presente asunto, a fin de que resuelva lo conducente respecto a la competencia planteada. solicitando acuse recibo de estilo vía electrónica. Se precisa que no se provee respecto de la suspensión de plano, toda vez que ésa fue decretada en auto de veintinueve de julio del año en curso. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta y un minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno DATOS DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 3 y 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del 1.- Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México; 2.- Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad; 3.- Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México; 4.- Superintendente de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Transformación Industrial, con residencia en esta ciudad y 5.- Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; que hace consistir literalmente en "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De los C.C. JEFE DEL Departamento de Personal de la Terminal Marítima Salina Cruz, señaló la orden recibida vía telefónica de su parte, para que me presente a laborar en el Buque tanque Texistepec, en la Terminal Marítima Salina Cruz en Salina Cruz, Oaxaca de Pemex Transformación Industrial, y en caso de no hacerlo, se me amenazó que se me pondrá faltando injustificadamente y como consecuencia, se me rescindirá mi contrato individual de trabajo que tengo celebrado con Pemex Transformación Industrial, lo que considero es inconstitucional. 2.- La omisión por parte de las autoridades responsables ejecutoras Secretario de Salud, Superintendente de la Terminal Marítima Salina Cruz de Pemex Transformación con residencia en Salina Cruz, Oaxaca y Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en aplicar acciones sanitarias, medidas de contención y medidas preventivas para impedir el contagio, no ordenar la continuación de mi resguardo domiciliario por tener 52 años de edad, padecer diabetes mellitus tipo 2 y obesidad diagnosticada desde hace varios años, así como para detectar los casos de personas infectadas con este virus y así evitar su propagación en el personal y que me pone en riesgo al considerar que soy susceptible a la infección del virus SARS-CoV2 (COVID-19), al trabajar diariamente sin el equipo de seguridad indicado para esta contingencia, mientras estoy laborando en el interior del Buque tanque Texistepec en la Terminal Marítima Salina Cruz, lugar donde se encuentra atracado el buquetanque, el primero al no supervisar la correcta ejecución, y los restantes al no acatar los acuerdos dictados por el Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte y el veintiuno de abril del dos mil veinte, publicados en las mismas fechas respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación y "El Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos Cerrados", que se puede consultar en la página electrónica coronavirus.gob.mx. 3.- La falta de supervisión del Secretario de los Estados Unidos Mexicanos, de los acuerdos emitidos el treinta y uno de marzo del dos mil veinte y el veintiuno de abril de dos mil veinte, en las instalaciones de la Terminal Marítima Salina Cruz y del departamento 54184, Buque Tanque Texistepec, publicados en las mismas fechas respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, que provocan la omisión en su cumplimiento por parte de las autoridades ejecutoras y como consecuencia de ello la falta de implementación de las medidas preventivas y las acciones que han afectado para evitar el contagio y detectar el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 4.- La ejecución deficiente los actos reclamados citados en líneas precedentes, por parte de los C.C. Secretario de Salud; Superintendente de la Terminal Marítima Salina Cruz de Pemex Transformación con residencia en Salina Cruz, Oaxaca y Gerente Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sur de Petróleos Mexicanos con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, como lo es la actual implementación de acciones sanitarias, medidas de contención y medidas preventivas para impedir el contagio, así como para detectar los casos de personas infectadas con este virus y así evitar su propagación en el personal de ambas Terminales Marítimas ya descritas de Pemex Transformación Industrial, al no ordenar mi resguardo domiciliario, por ser persona con edad de 52 años y enfermo de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad desde hace varios años, y que me pone en riesgo al considerar que soy susceptible a la infección del virus SARS-CoV2 (COVID-19), vulnerando dentro de los actos reclamados el derecho a la protección de la salud que tiene una dimensión pública y colectiva, contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 73, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 442/2021. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de los actos señalados como reclamados por la parte quejosa, pues se trata de un asunto en el que se encuentra en riesgo su salud con motivo del estado de vulnerabilidad en que se ubica derivado que manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, es una persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, que no ha sido vacunado, ubicándose como población en riesgo, por lo que solicita seguir en resguardo domiciliario, y no se le obligue a presentarse a laborar a partir del treinta de julio de dos mil veintiuno a su fuente laboral. En efecto, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé: "Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." En ese aspecto, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social" y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia; que los Estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Lo anterior incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, a lo que se añade la libertad sexual y reproductiva, y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación. Los derechos incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los Estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. El derecho a la salud está estrechamente interconectado con numerosos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la vida, la no discriminación, la privacidad, el acceso a la información y la prohibición de la tortura, entre otros. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019358, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Así, el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto 4 constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar las necesidades de la población, lo cual puede ocurrir a través de la emisión de políticas públicas que implemente el Estado, tendentes a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Ahora bien, ante la actual contingencia sanitaria a nivel mundial por el fenómeno conocido como virus COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo (que resulta ilustrativo y aplicable al caso en comento) se pronunció el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en relación con las normas internacionales en materia de trabajo a efecto de sentar bases eficaces para respetar las disposiciones fundamentales relacionadas con la seguridad, salud y modalidades de trabajo, entre otras, para la protección de categorías específicas de trabajadores, con la finalidad de garantizar sus condiciones laborales durante los ajustes pertinentes por la pandemia en cita. Al respecto, dicho organismo citó la "Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resilencia, 2017 (número 205)", proporciona distintos planteamientos para responder a la crisis sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, entre el que destaca el hecho de que los gobiernos tienen la obligación de establecer mecanismos de protección social para garantizar el acceso efectivo a la salud, entre otros, resaltando que se debe dar prioridad a los grupos de trabajadores vulnerables. Lo anterior requiere de un esfuerzo conjunto, pues se necesita la participación de la población para construir canales de comunicación que permitan a los trabajadores informar a sus superiores si se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ello con el objetivo de que se adopten las medidas de seguridad necesarias, y a su vez, evitar que otra gente pudiera poner en riesgo su salud o su vida. Dicho panorama pone de manifiesto que todo trabajador cuenta con el derecho de exigir que se le aleje de una situación de riesgo cuando existan motivos razonables para ello, sin que esto deba tener repercusiones laborales para éste, dado que lo que trata de evitar es un peligro inminente para su salud e inclusive su vida. Asimismo, cabe mencionar que en relación con la pandemia que actualmente afecta al mundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano protector de éstos, en la declaración 1/2020 de nueve de abril del año en curso, titulada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales", consciente de los problemas que enfrentan los Estados americanos, la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia que están afrontando como consecuencia del fenómeno de salud en mención, se pronunció en el sentido de que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En efecto, actualmente el país enfrenta una emergencia sanitaria global sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, que ha requerido de medidas extraordinarias para su atención y contención. Lo anterior motivó a que la Secretaría de Salud emitiera el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo del año en curso, en el que, en sus artículos primero y segundo, incisos a) y c), se dispuso: "ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves". "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.) c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; (.)". Las disposiciones transcritas evidencian que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, indicó a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y a las autoridades civiles, militares y los particulares, así como a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, las medidas preventivas que deberían poner en práctica con motivo del virus COVID-19, entre las que destacó evitar la asistencia a los centros de trabajo, de las personas que se ubicaran en los supuestos siguientes:  Adultos mayores a sesenta y cinco años o más, así como grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, entre los que se encuentran quienes padecen enfermedades crónicas no transmisibles, tal como el padecimiento que aduce el impetrante, mismo que se ve reflejado en las enfermedades diabetes mellitus e hipertensión arterial. Además, que en todo momento y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada, con base en los lineamientos que se precisaron. Posteriormente, la Secretaría de Salud en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo del actual, en su artículo primero, fracciones I, II, inciso a) y V, que se estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, dispuso: "ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; (.) V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar." Efectivamente, en las medidas implementadas de manera extraordinaria la Secretaría de Salud, indicó las actividades consideradas como esenciales y que continuarían en funcionamiento pese a la pandemia que aqueja en la actualidad, en las cuales refirió las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; sin embargo, insistió en el resguardo domiciliario de las personas que situó en grupos vulnerables, en la especie, personas con enfermedades diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, descritas que padece el quejoso; ello, con independencia de que su actividad laboral sea catalogada como esencial. Además, como complemento a lo anterior, se tiene que es un hecho notorio para la sociedad que la Secretaría de Salud anunció una jornada nacional de "Sana Distancia" que inició el veintitrés de marzo de este año y que continúa de manera gradual hasta la fecha, motivo por el cual recomendó suspender temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado en ese periodo; hipótesis en la cual si bien no se encuentra la parte quejosa por ser empleado de un área estratégica como lo es el sector energético, también lo es que participa de un estado de vulnerabilidad al presuntamente estar diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Aunado a lo anterior, cabe señalar que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en relación con el diverso 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se obtiene que la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos, forma parte de los entes que conforman la administración pública paraestatal, lo cual concatenado al Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de veinte de marzo de dos mil veinte, conduce a estimar que le resultan aplicables a los empleados de dicha empresa productiva del Estado, las medidas de prevención sanitarias derivadas de la pandemia que actualmente persiste en nuestro país. Además, en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riegos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la parte que aquí interesa establece que se debe evitar grupos de personas con riesgo o en grado de vulnerabilidad, y en estos se incluye, entre otras, a las personas con enfermedades crónicas o transmisibles, como en el caso del aquí quejoso. En ese orden de ideas, en su escrito de demanda la parte quejosa aduce ser una persona que padece diabetes mellitus tipo 2 y obesidad; asimismo, manifiesta que de dichas circunstancias la autoridad tiene conocimiento y que a la presente fecha ha soslayado el imperativo emitido por la federación para efectos de salvaguardar el derecho a su salud aun cuando lo ha solicitado; apuntando además, que la responsable tiene acceso al expediente clínico del impetrante. En esa medida, de conformidad con los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a las manifestaciones del promovente Raúl Santiago Pacheco, así como a la violación alegada, se concede la suspensión de plano, para que la autoridad responsable considere como una persona vulnerable al quejoso y ordene de manera inmediata se le exceptúe de acudir a su centro de trabajo; por lo que, se le concederá el resguardo domiciliario hasta en tanto no se demuestre que se le aplicó la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y hayan transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis; lo anterior, a fin de evitar que se ponga en peligro su vida y salud, a través del contagio del referido virus, gozando de su salario y demás prestaciones correspondientes; esto es, dicha circunstancia no podrá representar un impacto en sus derechos laborales, ni merma alguna o afectación en sus ingresos económicos producto de su labor. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal al peticionario de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de la responsable. Lo anterior, atendiendo a que se encuentra dentro del catálogo de las personas comprendidas en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar la mitigación y control de los riegos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" y el diverso "Acuerdo por el que se establecen los criterios de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", con motivo del padecimiento de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, que hasta este momento, de acuerdo con la manifestación que vierte bajo protesta de decir verdad, aduce que le afecta su salud, lo que lo coloca en un plano de vulnerabilidad que el Estado debe proteger. Por tanto, esta determinación se ajusta a lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", así como en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar la mitigación y control de los riegos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", que en la parte que aquí interesa establece que se debe evitar grupos de personas con riesgo o en grado de vulnerabilidad, y en estos se incluye entre otras, a las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, como en el caso la aquí parte quejosa, para lo cual las autoridades responsables estaban obligadas a tomar en cuenta su expediente clínico, sin arrojar la carga de la prueba a la parte impetrante, puesto que ésta puede allegarse de la citada documental clínica, en virtud que es obligación de la institución de salud en la que se atiende a la aludida trabajadora de resguardar el mencionado expediente médico, máxime que le resulta a la parte patronal ahora responsable, su acceso rápido pues tal nosocomio, en donde se atiende, pertenece a la empresa productiva del Estado de Petróleos Mexicanos, en la que labora la peticionaria del amparo. De igual forma, tampoco es impedimento el que la actividad que realiza, en su caso, no pueda desarrollarse a distancia o que sea considerada como esencial, para ser eximido de presentarse a sus labores, de conformidad con el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, pues si bien es cierto tal disposición no se refiere a sus trabajadores, sino a la propia actividad que desarrolla y de la cual no se ordenó su suspensión, pero sí de la asistencia de aquéllas personas vulnerables, como se advierte en su artículo primero, fracción V, que se estableció: ". V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar." Asimismo, debe destacarse que el veintisiete de julio del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", en el cual se establecen nuevos criterios para las poblaciones de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19, en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, y abroga el diverso "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades, sociales educativas y económicas así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias". Estableciendo nuevos criterios, que tienen como finalidad orientar a las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como a la población y centros de trabajo en la protección de la salud y vida de las personas en vulnerabilidad. En ese sentido, el veintisiete de julio del año en curso, se hizo del conocimiento el documento denominado "Lineamiento para la estimación de riesgo por semáforo por regiones COVID-19", en su versión 6.1, mismo que puede ser consultado en la página de internet: https://coronavirus.gob.mx. Del cual se aprecia que el Gobierno Federal indicó se realizan las modificaciones necesarias posteriores a la estrategia de vacunación contra el virus SARS-COV-2, lo que ha llevado a una restructuración del semáforo de riesgo epidémico y establecer una nueva calibración de los indicadores, y precisa: "En la nueva estimación del semáforo, se reasignaron los rangos de cada nivel de riesgo. Ahora el puntaje total se distribuye homogéneamente, de forma que la mitad del puntaje abarca los niveles de menor riesgo (bajo y moderado) y el otro 50% abarca los niveles de mayor riesgo (alto y extremo). De esta forma, en conjunto con los cambios en los puntos de corte de los indicadores, se espera que, bajo condiciones de actividad viral potencialmente endémica, las entidades transiten entre niveles de riesgo bajo y moderado la mayor parte del tiempo, y que pasar a los niveles de riesgo epidémico alto y máximo se entienda como una verdadera alerta sanitaria. De esta forma, transitar al nivel naranja demandará la implementación contundente y expedita de acciones de mitigación para evitar en lo posible la transición al nivel rojo". De igual forma, estableció una nueva ponderación de los indicadores, mediante colores, y dada la dinámica de la epidemia caracterizada actualmente por mayor proporción de casos en personas jóvenes, la apertura y cierre de actividades socioeconómicas será propuesta para que en los niveles más altos del riesgo epidémico se disminuyan las actividades que menos estén ligadas a las actividades económicas esenciales de cada entidad, y que al mismo tiempo generan gran movilidad y contacto social; tal como se advierte del respectivo anexo al referido acuerdo, que establece: Por lo que, ahora mediante semaforización que las entidades federativas deberán presentar su plan de implementación, seguimiento y vigilancia a las actividades socioeconómicas de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico. También, es necesario precisar los artículos del "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", que disponen: "ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19. ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Salud dará a conocer la nueva metodología a que se refiere el artículo PRIMERO del presente Acuerdo, en el sitio web coronavirus.gob.mx/semaforo." TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se abroga el Anexo "Semáforo por Regiones" del Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. TERCERO.- La nueva metodología a que se refiere el artículo PRIMERO del presente Acuerdo, deberá estar disponible a más tardar al día hábil siguiente a la entrada en vigor del presente instrumento." De los preceptos citados es de destacarse el artículo segundo, que establece un nuevo modelo de las personas a catalogarse en riesgo o vulnerabilidad; precisando que se excluyen de la población en riesgo a todas aquellas personas a las que se les hubiere suministrado la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y hayan transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, pues en este caso ya no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. Bajo ese contexto, mientras las personas que se ubiquen en la hipótesis de vulnerabilidad, a saber, "toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática", no reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y haya transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, seguirán ubicándose en el grupo de población de riesgo o vulnerables, por lo que deberán seguir en resguardo domiciliario a efecto de proteger su salud. Por tanto, con lo anterior, es que se cumple con la obligación de otorgar protección a la parte quejosa, al brindársele la seguridad de que la contingencia sanitaria que actualmente impera en nuestra nación, lejos de agravar su situación con motivo del cuadro clínico que presenta, pues aduce ha sido diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, además bajo protesta de decir verdad refiere que a la fecha no ha sido vacunado contra el virus SARS-COV-2, circunstancia que está sujeta a prueba a cargo de las partes durante la tramitación de este juicio constitucional y en su caso variar esta medida cautelar, ya que se resuelve hasta el momento con lo que el impetrante expone en su demanda. En la inteligencia que la suspensión de plano se dicta atendiendo a la urgencia y gravedad del caso, derivado de que la salud e inclusive la vida de la parte quejosa se encuentran en riesgo, lo cual implica que este juzgador tenga que adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que cese cualquier acto que pudiera generar daños de imposible reparación a la esfera jurídica del impetrante. Sin embargo, se hace la precisión que el quejoso tiene la responsabilidad de acudir a que se le suministre la respectiva vacuna, pues resulta un hecho notorio que en esta Entidad, el estado Mexicano ha llevado a cabo y continúa el plan de vacunación por etapas según la edad de los gobernados e inclusive se les proporciona a aquellas personas que en su momento no acudieron en la fecha que les correspondía, de ahí que se considera no existe impedimento para que el quejoso cumpla con esa obligación ciudadana no solo para salvaguardar su salud y vida, sino de las demás personas que lo rodean, y no sea ello un pretexto para que no se le cite a cumplir con su obligación laboral por la cual recibe una remuneración económica. En consecuencia, la autoridad responsable deberá informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibida que de no acatar lo ordenado se le sancionará en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO ESPECIAL Se instruye a la autoridad responsable para que en caso de que la denominación de la autoridad señalada por el impetrante del amparo sea incorrecta y con motivo de ello se niegue a acusar recibo del oficio correspondiente, en obvio de dilaciones innecesarias y a efecto de no vulnerar derechos de las partes, SE LE REQUIERE para que en el plazo de veinticuatro horas informe si es correcto o no como lo cita el quejoso, o bien, aclare la denominación actual de la misma a fin de que pueda ser debidamente emplazada. Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro de la temporalidad concedida, se hará acreedora una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente, de conformidad de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las referidas medidas de contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con el mismo fundamento, apercíbase que de no enviar su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veinte, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de la autoridad el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las trece horas con treinta y un minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, para la audiencia constitucional, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que a esta fecha no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez estime trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se estima que en este asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció medios de prueba. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándola de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, continuando con el trámite del juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Primero de Mayo sin número, localidad Boca del Río de Salina Cruz, Oaxaca; y como autorizado para tal efecto a Tomás Zárate Orozco, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditadas ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico el oficio que se expida en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón que se levante de imposibilidad para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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