Raúl Ramírez Zavala
Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raúl Ramírez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Téngase por recibido el oficio, que remite la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del diverso 1899/2021, con el que se le informó que quedó firme el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio y se le devolvieron los tomos de prueba que envió al rendir su informe justificado.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los actuales, con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. ********************De la diversa certificación, se advierte que el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme.********************Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no se cuente con el acuse de recibo del oficio con el que se notificó el auto referido a las responsables, a fin de computar si le trascurrió o no el término para interponer el recurso de revisión, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponerlo, pues esta determinación no le depara perjuicio en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio respecto del acto que se les reclamó.********************Cobra aplicación a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, visible en la Página 2879, cuyo rubro es:********************"LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON."********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. ********************Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. ********************Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo.********************Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto.********************En razón de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.********************Finalmente, devuélvanse los tomos de prueba que respectivamente se formaron con motivo de las constancias que remitieron las responsables Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar con residencia en Yuriria, Guanajuato y Magistrado Supernumerario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por ser innecesaria su retención
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Agréguense en autos los oficios que suscribe la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Yuriria Guanajuato, mediante los cuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, y comunica que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitió acuerdo en el cual tuvo al aquí quejoso , por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del expediente C-221/2016, de su índice. Asimismo, con apoyo en el diverso numeral 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como prueba de su intención la documental que acompaña, la que se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, para su mejor manejo, fórmense tres tomos de prueba. Ahora bien, de la referido por la oficiante, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudble la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado Supernumerario de la Sexta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en los autos del toca 380/2020, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de liquidación de gastos y costas, pronunciada el siete de septiembre de este año, en el juicio ordinario civil número C-221/2016. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Yuriria Guanajuato, así como del escrito de la demanda presentada por el quejoso, se advierte que: El quejoso, por conducto de su mandatario judicial, promovió incidente de liquidación de sentencia en el juicio ordinario civil número C-221/2016. El siete de septiembre de dos mil veinte, se resolvió el incidente, en el que se determinó aprobar la cantidad de $30, 597.65 (treinta mil quinientos noventa y siete pesos con sesenta y cinco centavos), por concepto de gastos y costas. Inconforme con ello, el quejoso, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Magistrado Supernumerario de la Sexta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en los autos del toca 380/2020, resolvió el recurso de apelación interpuesto, modificando la determinación de primera instancia, condenando al pago de costas por la suma de $53, 677.25 (cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos con veinticinco centavos). Este es el acto reclamado en el presente asunto. El cuatro de diciembre de esta anualidad, la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Yuriria Guanajuato, emitió acuerdo en el cual tuvo al aquí quejoso Raúl Ramírez Zavala, por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del expediente C-221/2016, de su índice. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado Supernumerario de la Sexta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en los autos del toca 380/2020, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de liquidación de gastos y costas, pronunciada el siete de septiembre de este año, en el juicio ordinario civil número C-221/2016, aún y cuando dicho acto sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. En esa tesitura, aún y cuando el acto que se reclamó, subsista, dado que no ha sido invalidados expresamente por la autoridad responsable, no pueden surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma (determinar la ilegalidad en el monto fijado por el tribunal de alzada como concepto de gastos y costas), pues, el que el quejoso se haya dado por pagado de la totalidad de esas prestaciones, generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Lo anterior es así, pues al haberse aceptado como pago por la parte quejosa, el monto que estableció la Sala que modificó la cantidad fijada en primer término por el Juzgado de origen por concepto de gastos y costas, desapareció el objeto o materia del presente juicio, que consistía en determinar la ilegalidad de esa suma, debido a que el quejoso, de manera voluntaria ha aceptado ese pago. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara, ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, debido a que el quejoso ha recibido a su entera satisfacción el pago de gastos y costas cuya ilegalidad pretendió demostrar con la interposición de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional para esta data. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Incidental
ÚNICO. Se concede a ********, por conducto de ***********, en su carácter de mandatario judicial, la suspensión definitiva que solicita respecto de los actos reclamados al magistrado Supernumerario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital y a la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Yuriria, Guanajuato; por los motivos expuestos en el considerativo cuarto de la presente resolución.
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