Raúl Martínez Maravillo

Expediente 1102/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1102/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Raúl Martínez Maravillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1102/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La determinación asumida en audiencia de sustracción a la acción de la justicia llevada a cabo en el causa penal ******************** el veintitrés de noviembre del año en curso, por el Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región de esta ciudad, en la que declaró el abandono de la defensa del quejoso, al no haberse presentado a dicha audiencia y, como consecuencia, ordenó la designación oficiosa de un defensor público. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del quejoso previstos en la Constitución Federal, ya que con ella no se impide el ejercicio de la facultad de elegir libremente a un defensor, tal y como lo establece el artículo 120 del Código Nacional de Procedimientos Nacional establece: "Artículo 120. Renuncia y abandono. Cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro defensor; sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un defensor público." Por tanto, la asignación oficiosa de un defensor público no transgrede su derecho a elegir a un diverso defensor (pudiendo ser el inicialmente designado, como lo es en el caso que nos ocupa), al celebrarse la audiencia correspondiente. Se afirma lo anterior, ya que en el sistema jurídico mexicano los particulares pueden realizar todo aquello que la norma no les prohíba; por lo que, si el imputado decide que para ejercer su derecho de defensa debe de contar con varios profesionales del derecho, la autoridad tendrá que tenerlos por nombrados, siempre y cuando éstos satisfagan las exigencias establecidas para ello. Motivos por los cuales, se estima que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, ya que su derecho a nombrar libremente a su defensor puede ejercerse en cualquier momento del procedimiento de origen. Sin que en el caso resulte aplicable de la tesis II.3º.P.96 P (10a) de rubro: "DEFENSA ADECUADA. LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, ANTE LA INCOMPARECENCIA DEL ABOGADO PARTICULAR, A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL IMPUTADO, PUEDE VULNERAR AQUEL DERECHO HUMANO Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en la audiencia celebrada el veintitrés de los actuales en la causa penal de origen no existió oposición por parte del aquí quejoso para la designación de un defensor de oficio, al no haber acudido a la misma, por lo que, en todo caso, la trasgresión a sus derechos fundamentales podría materializarse al manifestar su oposición y la reiteración del juez de la causa de nombrarle un defensor de oficio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************al contar con cédulas profesionales ******************** y ********************, respectivamente registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngasele proponiendo el correo electrónico ********************, así como el número telefónico ********************, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II,0 del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1102/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La determinación asumida en audiencia de sustracción a la acción de la justicia llevada a cabo en el causa penal ******************** el veintitrés de noviembre del año en curso, por el Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región de esta ciudad, en la que declaró el abandono de la defensa del quejoso, al no haberse presentado a dicha audiencia y, como consecuencia, ordenó la designación oficiosa de un defensor público. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del quejoso previstos en la Constitución Federal, ya que con ella no se impide el ejercicio de la facultad de elegir libremente a un defensor, tal y como lo establece el artículo 120 del Código Nacional de Procedimientos Nacional establece: "Artículo 120. Renuncia y abandono. Cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro defensor; sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un defensor público." Por tanto, la asignación oficiosa de un defensor público no transgrede su derecho a elegir a un diverso defensor (pudiendo ser el inicialmente designado, como lo es en el caso que nos ocupa), al celebrarse la audiencia correspondiente. Se afirma lo anterior, ya que en el sistema jurídico mexicano los particulares pueden realizar todo aquello que la norma no les prohíba; por lo que, si el imputado decide que para ejercer su derecho de defensa debe de contar con varios profesionales del derecho, la autoridad tendrá que tenerlos por nombrados, siempre y cuando éstos satisfagan las exigencias establecidas para ello. Motivos por los cuales, se estima que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, ya que su derecho a nombrar libremente a su defensor puede ejercerse en cualquier momento del procedimiento de origen. Sin que en el caso resulte aplicable de la tesis II.3º.P.96 P (10a) de rubro: "DEFENSA ADECUADA. LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, ANTE LA INCOMPARECENCIA DEL ABOGADO PARTICULAR, A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL IMPUTADO, PUEDE VULNERAR AQUEL DERECHO HUMANO Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en la audiencia celebrada el veintitrés de los actuales en la causa penal de origen no existió oposición por parte del aquí quejoso para la designación de un defensor de oficio, al no haber acudido a la misma, por lo que, en todo caso, la trasgresión a sus derechos fundamentales podría materializarse al manifestar su oposición y la reiteración del juez de la causa de nombrarle un defensor de oficio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************al contar con cédulas profesionales ******************** y ********************, respectivamente registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngasele proponiendo el correo electrónico ********************, así como el número telefónico ********************, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II,0 del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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