Raúl Melchor Palma Salazar

Expediente 508/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
508/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Raúl Melchor Palma Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de septiembre del presente año, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido por el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión 08GUA154849/12AMDL18, de su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, así como de su notificación realizada a **********, autorizado del impetrante. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, la omisión de notificar el título de concesión *********** emitido con motivo de la resolución contenida en el oficio ************, de doce de enero de dos mil dieciocho. Del Titular del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de inscribir el título de concesión producto de la resolución contenida en el oficio antes descrito. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitieron las respondables, se desprende que: El doce de enero del año en curso, se emitió el oficio BOO.910.01.1/000038, que dio respuesta a la petición realizada por el quejoso el veintisiete de abril del año en cita, declarándose procedente su solicitud de concesión. Con motivo de lo anterior se emitió el título de concesión *************, el cual quedó debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua, el trece de agosto pasado. La emisión de dicho título, así como su inscripción, se notificó a **********, autorizado del impetrante, el treinta de agosto del presente año. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable con sede en esta ciudad emitió el título de concesión 08GUA154849/12AMDL18, y se realizó la correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión en respuesta a su solicitud presentada, así como con la notificación a la parte quejosa de su emisión y su correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior, encuentra sustento por su contenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, se cita la tesis I.16o.A.1K emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1665 del tomo XXV, Marzo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio remitido por el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión 08GUA154849/12AMDL18, de su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, así como de su notificación realizada a **********, autorizado del impetrante. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, la omisión de notificar el título de concesión *********** emitido con motivo de la resolución contenida en el oficio ************, de doce de enero de dos mil dieciocho. Del Titular del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de inscribir el título de concesión producto de la resolución contenida en el oficio antes descrito. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitieron las respondables, se desprende que: El doce de enero del año en curso, se emitió el oficio BOO.910.01.1/000038, que dio respuesta a la petición realizada por el quejoso el veintisiete de abril del año en cita, declarándose procedente su solicitud de concesión. Con motivo de lo anterior se emitió el título de concesión *************, el cual quedó debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua, el trece de agosto pasado. La emisión de dicho título, así como su inscripción, se notificó a **********, autorizado del impetrante, el treinta de agosto del presente año. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable con sede en esta ciudad emitió el título de concesión 08GUA154849/12AMDL18, y se realizó la correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión en respuesta a su solicitud presentada, así como con la notificación a la parte quejosa de su emisión y su correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior, encuentra sustento por su contenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, se cita la tesis I.16o.A.1K emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1665 del tomo XXV, Marzo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese en autos el telegrama remitido por la Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que procedió a la inscripción del título de concesión ************ emitido a favor del quejoso **********, por lo que una vez que quede liberado electrónicamente, lo remitirá al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, para que realice la entrega y notificación al impetrante. Por tanto, en aras de corroborar la actualización de una posible causa de improcedencia, o bien, descartar su configuración, ya que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo su estudio es oficioso; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, solicítese al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días legalmente computado, informe si ya procedió a la notificación del título de concesión ***************, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias correspondientes; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le podrá imponer una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo y al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como su complemento del día siguiente.

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