Raul Ramirez Cruz

Expediente 1426/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1426/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Raul Ramirez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de junio al dieciséis de julio de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en copias certificadas del proceso penal 108/2017 de su índice, devuélvasele el anexo I, que se formó con dicha documental y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 135), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada mediante escrito presentado ante este juzgado el siete de junio actual. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 53 a 72), se concedió el amparo a Raúl Ramírez Cruz para efecto que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, procede conceder a RAÚL RAMÍREZ CRUZ, el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 108/2017, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso Raúl Ramírez Cruz, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Explicará de manera fundada y motivada como es que el quejoso ocupó "un bien inmueble de su propiedad", esto es, de manera motivada diga si el bien inmueble objeto del despojo era propiedad o no de Raúl Ramírez Cruz, y con qué pruebas se justifica, ya que el propio juez señaló en la resolución reclamada que el bien era propiedad de Alejandro Toriz García (ex esposo de la agraviada); y, b) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, esto es, cuáles fueron las actividades que en concreto realizó para "ocupar un bien inmueble de su propiedad" y que le permitió la realización del ilícito, debiendo especificar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, así como el análisis y valoración de las pruebas con las que justifique tal extremo. Asimismo, debe decirse que se reserva plenitud de jurisdicción al juez penal responsable para que, en su caso, si fuere procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal, sin alterar los hechos materia de la consignación, y se continúe la instrucción. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió el amparo por vicios formales. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (.) Finalmente, debe decirse que está concesión de amparo en nada incide en el cumplimiento que el juez responsable dará en el diverso juicio de amparo 1424/2017, del índice de este juzgado de distrito, ya que éste fue promovido por diverso quejoso, y el auto de formal prisión también se emitió en diversa fecha, a pesar de que ambos deriven de la misma causa penal 108/2017, del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla; máxime que los efectos de la concesión también son diferentes para cada quejoso." Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 92 a 94), se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3544 de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 107), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma data, en la causa penal 108/2017 de su índice, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, como el juez responsable no observó los efectos de tal ejecutoria, por lo que en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 119), se requirió nuevamente al citado juzgador para que cumpliera cabalmente con todos los efectos del fallo protector. Mediante oficio 3714 de uno de junio de dos mil dieciocho (foja 123), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha en la causa penal 108/2017 de su índice (fojas 142 a 150). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizó lo siguiente: 1. En resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete (acto reclamado), así como el diverso de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (con el que pretendió cumplir con la sentencia de amparo), en el proceso penal 108/2017 de su índice (fojas 124 y 134) 2. Con libertad jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, pues decretó auto de formal prisión contra Raúl Ramírez Cruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 134), en la que el juez responsable, conforme los lineamientos del fallo protector: a) Señaló que carece de competencia legal para conocer de la causa penal 108/2017, en virtud de que, aun cuando resulta competente por razón de materia, fuero y territorio, estableció que no lo es atendiendo a la penalidad máxima del ilícito que se trata en ese proceso, dado que la mayor penalidad contemplada para ese injusto no supera cinco años de prisión, por lo que consideró que la autoridad competente para conocer del asunto es el Juez Municipal de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 124 vuelta y 125). b) Motivó los elementos constitutivos del cuerpo del delito de despojo que consideró acreditado, previsto en la fracción II del artículo 408 del Código Penal del Estado de Puebla y señaló que, según su apreciación, éste se conforma por los siguientes (foja 125): i) Una conducta de acción, consistente en ocupar un inmueble propiedad de alguno de los agentes activos del delito, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona. ii) Que dicha conducta se cometa con el empleo de determinados medios comisivos en la ejecución de la acción, en específico, furtivamente. iii) Que la conducta se cometa contra una persona mayor de sesenta años (agravante). Explicó que, en relación con el primero de los elementos del delito, el inmueble objeto del delito es propiedad de uno de los sujetos activos, que el hecho como tal es indivisible, así como el delito y que lo que podría variar es la responsabilidad de cada una de las personas involucradas; y, para comprender el elemento consistente en "un inmueble propiedad de uno de los agentes activos del delito" señaló que tanto el aquí quejoso Raúl Ramírez Cruz como el dueño del inmueble y una persona más, desplegaron una conducta ilícita, concurriendo todos en la comisión del delito mediante una distribución de trabajo con la que ocuparon un inmueble propiedad de uno de los sujetos activos, por lo que, a pesar de existir una pluralidad de sujetos y que solo uno de ellos es dueño del inmueble objeto del delito -Alejandro Toriz García- se configura la autoría conjunta, pues todos participaron en la ejecución del delito, por lo que se configura el elemento de "un inmueble de su propiedad", ya que a pesar de ser ajeno a la propiedad de Raúl Ramírez Cruz si forma parte de la esfera patrimonial de su coparticipe, lo que consideró suficiente para tener por actualizado el delito que se trata (foja 126 vuelta). Motivó qué elementos de convicción consideró idóneos para tener por demostrados los elementos del delito de despojo (fojas 126 a 129 vuelta); así como con qué medios de prueba acreditó la actualización de la agravante que consideró demostrada (foja 130 vuelta); así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito de despojo, pues señaló que la conducta que se reprocha a Raúl Ramírez Cruz es la que desplegó el siete de abril de dos mil diecisiete, alrededor de la una o una y media de la tarde, cuando aprovecharon la ausencia de los moradores de la casa ubicada en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García) para introducirse furtivamente en dicha vivienda sin tener derecho a ello (foja 131 vuelta). c) Especificó la conducta en concreto que desplegó el aquí quejoso, pues señaló que la conducta de acción consistió en ocupar un inmueble propiedad de uno de los activos, cuando no estaba permitido por la ley, por hallarse en poder de otra persona (foja 145), señaló que Raúl Ramírez Cruz desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), por lo que el peticionario de amparo, junto con Alejandro Toriz García, aprovecharon tal situación para ingresar furtivamente a dicho bien raíz, a pesar de que la ley no les permite tomar posesión del mismo, en virtud de que la posesión le corresponde a Emma Castro Cano, al haberlo convenido así en el juicio de divorcio voluntario 276/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (foja 132) En el apartado de la probable responsabilidad motivó el grado de participación del inculpado Raúl Ramírez Cruz, ya que el juez responsable señaló que tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta, en el que, junto con Alejandro Toriz García, tuvo el dominio directo, mientras que Alejandro Ramírez Cruz, coadyuvó a la producción del resultado típico, por lo que consideró todos ellos participaron en la ejecución del delito. Así mismo, señaló los medios de prueba que consideró eficaces para tener por demostrada la participación del peticionario de amparo en el evento delictivo, y especificó que obra en su contra un señalamiento directo tanto por la denunciante Emma Castro Cano como por los testigos Jenipher Maribel Toriz Castro y Pedro Luis Ramírez Cruz (fojas 131 y 131 vuelta). Por otra parte, en relación con el escrito presentado por el quejoso Raúl Ramírez Cruz el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 138 a 142), mediante el cual realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues al efecto, manifestó que la sentencia no fue cumplida por la autoridad responsable, en virtud de que el juez responsable no señaló cuál fue la conducta desplegada por cada uno de los sujetos activos en la comisión de delito de despojo. Tal manifestación deviene infundada, en virtud de que, como se relató, el juez responsable señaló que el aquí quejoso desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), y que éste último aprovechó tal situación para ingresar furtivamente a ese domicilio, a pesar de que la ley no le permite tomar posesión del mismo, en virtud de que ésta le corresponde a Emma Castro Cano. Así mismo, el quejoso señaló que el juez de la causa no consideró que dentro del domicilio se encontraba un trabajador de nombre Alfonso Quechol Gómez, por lo que no se acredita el elemento de furtividad; aduce que las pruebas que existen en la causa no son idóneas para demostrar la edad de la agraviada y por ende que no se acredita la agravante que el juez responsable tuvo por actualizada, pues la prueba idónea para demostrar tal extremo es el acta inscrita en el Registro Civil de las Personas y no aquellas consideradas por la autoridad responsable para tener por demostrado tal extremo. Resultan infundadas sus afirmaciones en virtud de que los argumentos reseñados están encaminados a combatir el fondo de la resolución reclamada, lo que no es susceptible de ser vigilado en el presente expediente, dado que la protección constitucional se concedió para efecto que el juez de origen subsanara vicios formales destacados en la propia sentencia, pero no se realizó pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. Finalmente, refiere el quejoso Raúl Ramírez Cruz que el juez de la causa no señaló cuál es su grado de participación; sin embargo, como se estableció, el juez responsable señaló que éste tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta y que tuvo el dominio directo, por lo que consideró que participó en la ejecución del delito. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 14 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 135), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada mediante escrito presentado ante este juzgado el siete de junio actual. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 53 a 72), se concedió el amparo a Raúl Ramírez Cruz para efecto que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, procede conceder a RAÚL RAMÍREZ CRUZ, el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 108/2017, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso Raúl Ramírez Cruz, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Explicará de manera fundada y motivada como es que el quejoso ocupó "un bien inmueble de su propiedad", esto es, de manera motivada diga si el bien inmueble objeto del despojo era propiedad o no de Raúl Ramírez Cruz, y con qué pruebas se justifica, ya que el propio juez señaló en la resolución reclamada que el bien era propiedad de Alejandro Toriz García (ex esposo de la agraviada); y, b) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, esto es, cuáles fueron las actividades que en concreto realizó para "ocupar un bien inmueble de su propiedad" y que le permitió la realización del ilícito, debiendo especificar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, así como el análisis y valoración de las pruebas con las que justifique tal extremo. Asimismo, debe decirse que se reserva plenitud de jurisdicción al juez penal responsable para que, en su caso, si fuere procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal, sin alterar los hechos materia de la consignación, y se continúe la instrucción. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió el amparo por vicios formales. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (.) Finalmente, debe decirse que está concesión de amparo en nada incide en el cumplimiento que el juez responsable dará en el diverso juicio de amparo 1424/2017, del índice de este juzgado de distrito, ya que éste fue promovido por diverso quejoso, y el auto de formal prisión también se emitió en diversa fecha, a pesar de que ambos deriven de la misma causa penal 108/2017, del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla; máxime que los efectos de la concesión también son diferentes para cada quejoso." Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 92 a 94), se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3544 de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 107), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma data, en la causa penal 108/2017 de su índice, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, como el juez responsable no observó los efectos de tal ejecutoria, por lo que en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 119), se requirió nuevamente al citado juzgador para que cumpliera cabalmente con todos los efectos del fallo protector. Mediante oficio 3714 de uno de junio de dos mil dieciocho (foja 123), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha en la causa penal 108/2017 de su índice (fojas 142 a 150). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizó lo siguiente: 1. En resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete (acto reclamado), así como el diverso de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (con el que pretendió cumplir con la sentencia de amparo), en el proceso penal 108/2017 de su índice (fojas 124 y 134) 2. Con libertad jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, pues decretó auto de formal prisión contra Raúl Ramírez Cruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 134), en la que el juez responsable, conforme los lineamientos del fallo protector: a) Señaló que carece de competencia legal para conocer de la causa penal 108/2017, en virtud de que, aun cuando resulta competente por razón de materia, fuero y territorio, estableció que no lo es atendiendo a la penalidad máxima del ilícito que se trata en ese proceso, dado que la mayor penalidad contemplada para ese injusto no supera cinco años de prisión, por lo que consideró que la autoridad competente para conocer del asunto es el Juez Municipal de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 124 vuelta y 125). b) Motivó los elementos constitutivos del cuerpo del delito de despojo que consideró acreditado, previsto en la fracción II del artículo 408 del Código Penal del Estado de Puebla y señaló que, según su apreciación, éste se conforma por los siguientes (foja 125): i) Una conducta de acción, consistente en ocupar un inmueble propiedad de alguno de los agentes activos del delito, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona. ii) Que dicha conducta se cometa con el empleo de determinados medios comisivos en la ejecución de la acción, en específico, furtivamente. iii) Que la conducta se cometa contra una persona mayor de sesenta años (agravante). Explicó que, en relación con el primero de los elementos del delito, el inmueble objeto del delito es propiedad de uno de los sujetos activos, que el hecho como tal es indivisible, así como el delito y que lo que podría variar es la responsabilidad de cada una de las personas involucradas; y, para comprender el elemento consistente en "un inmueble propiedad de uno de los agentes activos del delito" señaló que tanto el aquí quejoso Raúl Ramírez Cruz como el dueño del inmueble y una persona más, desplegaron una conducta ilícita, concurriendo todos en la comisión del delito mediante una distribución de trabajo con la que ocuparon un inmueble propiedad de uno de los sujetos activos, por lo que, a pesar de existir una pluralidad de sujetos y que solo uno de ellos es dueño del inmueble objeto del delito -Alejandro Toriz García- se configura la autoría conjunta, pues todos participaron en la ejecución del delito, por lo que se configura el elemento de "un inmueble de su propiedad", ya que a pesar de ser ajeno a la propiedad de Raúl Ramírez Cruz si forma parte de la esfera patrimonial de su coparticipe, lo que consideró suficiente para tener por actualizado el delito que se trata (foja 126 vuelta). Motivó qué elementos de convicción consideró idóneos para tener por demostrados los elementos del delito de despojo (fojas 126 a 129 vuelta); así como con qué medios de prueba acreditó la actualización de la agravante que consideró demostrada (foja 130 vuelta); así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito de despojo, pues señaló que la conducta que se reprocha a Raúl Ramírez Cruz es la que desplegó el siete de abril de dos mil diecisiete, alrededor de la una o una y media de la tarde, cuando aprovecharon la ausencia de los moradores de la casa ubicada en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García) para introducirse furtivamente en dicha vivienda sin tener derecho a ello (foja 131 vuelta). c) Especificó la conducta en concreto que desplegó el aquí quejoso, pues señaló que la conducta de acción consistió en ocupar un inmueble propiedad de uno de los activos, cuando no estaba permitido por la ley, por hallarse en poder de otra persona (foja 145), señaló que Raúl Ramírez Cruz desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), por lo que el peticionario de amparo, junto con Alejandro Toriz García, aprovecharon tal situación para ingresar furtivamente a dicho bien raíz, a pesar de que la ley no les permite tomar posesión del mismo, en virtud de que la posesión le corresponde a Emma Castro Cano, al haberlo convenido así en el juicio de divorcio voluntario 276/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (foja 132) En el apartado de la probable responsabilidad motivó el grado de participación del inculpado Raúl Ramírez Cruz, ya que el juez responsable señaló que tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta, en el que, junto con Alejandro Toriz García, tuvo el dominio directo, mientras que Alejandro Ramírez Cruz, coadyuvó a la producción del resultado típico, por lo que consideró todos ellos participaron en la ejecución del delito. Así mismo, señaló los medios de prueba que consideró eficaces para tener por demostrada la participación del peticionario de amparo en el evento delictivo, y especificó que obra en su contra un señalamiento directo tanto por la denunciante Emma Castro Cano como por los testigos Jenipher Maribel Toriz Castro y Pedro Luis Ramírez Cruz (fojas 131 y 131 vuelta). Por otra parte, en relación con el escrito presentado por el quejoso Raúl Ramírez Cruz el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 138 a 142), mediante el cual realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues al efecto, manifestó que la sentencia no fue cumplida por la autoridad responsable, en virtud de que el juez responsable no señaló cuál fue la conducta desplegada por cada uno de los sujetos activos en la comisión de delito de despojo. Tal manifestación deviene infundada, en virtud de que, como se relató, el juez responsable señaló que el aquí quejoso desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), y que éste último aprovechó tal situación para ingresar furtivamente a ese domicilio, a pesar de que la ley no le permite tomar posesión del mismo, en virtud de que ésta le corresponde a Emma Castro Cano. Así mismo, el quejoso señaló que el juez de la causa no consideró que dentro del domicilio se encontraba un trabajador de nombre Alfonso Quechol Gómez, por lo que no se acredita el elemento de furtividad; aduce que las pruebas que existen en la causa no son idóneas para demostrar la edad de la agraviada y por ende que no se acredita la agravante que el juez responsable tuvo por actualizada, pues la prueba idónea para demostrar tal extremo es el acta inscrita en el Registro Civil de las Personas y no aquellas consideradas por la autoridad responsable para tener por demostrado tal extremo. Resultan infundadas sus afirmaciones en virtud de que los argumentos reseñados están encaminados a combatir el fondo de la resolución reclamada, lo que no es susceptible de ser vigilado en el presente expediente, dado que la protección constitucional se concedió para efecto que el juez de origen subsanara vicios formales destacados en la propia sentencia, pero no se realizó pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. Finalmente, refiere el quejoso Raúl Ramírez Cruz que el juez de la causa no señaló cuál es su grado de participación; sin embargo, como se estableció, el juez responsable señaló que éste tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta y que tuvo el dominio directo, por lo que consideró que participó en la ejecución del delito. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 135), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada mediante escrito presentado ante este juzgado el siete de junio actual. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 53 a 72), se concedió el amparo a Raúl Ramírez Cruz para efecto que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, procede conceder a RAÚL RAMÍREZ CRUZ, el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 108/2017, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, funde y motive su competencia, resuelva la situación jurídica del ahora quejoso Raúl Ramírez Cruz, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Explicará de manera fundada y motivada como es que el quejoso ocupó "un bien inmueble de su propiedad", esto es, de manera motivada diga si el bien inmueble objeto del despojo era propiedad o no de Raúl Ramírez Cruz, y con qué pruebas se justifica, ya que el propio juez señaló en la resolución reclamada que el bien era propiedad de Alejandro Toriz García (ex esposo de la agraviada); y, b) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, esto es, cuáles fueron las actividades que en concreto realizó para "ocupar un bien inmueble de su propiedad" y que le permitió la realización del ilícito, debiendo especificar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, así como el análisis y valoración de las pruebas con las que justifique tal extremo. Asimismo, debe decirse que se reserva plenitud de jurisdicción al juez penal responsable para que, en su caso, si fuere procedente, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal, sin alterar los hechos materia de la consignación, y se continúe la instrucción. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que si bien el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, también lo es que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió el amparo por vicios formales. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (.) Finalmente, debe decirse que está concesión de amparo en nada incide en el cumplimiento que el juez responsable dará en el diverso juicio de amparo 1424/2017, del índice de este juzgado de distrito, ya que éste fue promovido por diverso quejoso, y el auto de formal prisión también se emitió en diversa fecha, a pesar de que ambos deriven de la misma causa penal 108/2017, del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla; máxime que los efectos de la concesión también son diferentes para cada quejoso." Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 92 a 94), se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3544 de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 107), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma data, en la causa penal 108/2017 de su índice, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, como el juez responsable no observó los efectos de tal ejecutoria, por lo que en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 119), se requirió nuevamente al citado juzgador para que cumpliera cabalmente con todos los efectos del fallo protector. Mediante oficio 3714 de uno de junio de dos mil dieciocho (foja 123), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma fecha en la causa penal 108/2017 de su índice (fojas 142 a 150). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizó lo siguiente: 1. En resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete (acto reclamado), así como el diverso de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (con el que pretendió cumplir con la sentencia de amparo), en el proceso penal 108/2017 de su índice (fojas 124 y 134) 2. Con libertad jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, pues decretó auto de formal prisión contra Raúl Ramírez Cruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción II, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 134), en la que el juez responsable, conforme los lineamientos del fallo protector: a) Señaló que carece de competencia legal para conocer de la causa penal 108/2017, en virtud de que, aun cuando resulta competente por razón de materia, fuero y territorio, estableció que no lo es atendiendo a la penalidad máxima del ilícito que se trata en ese proceso, dado que la mayor penalidad contemplada para ese injusto no supera cinco años de prisión, por lo que consideró que la autoridad competente para conocer del asunto es el Juez Municipal de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 124 vuelta y 125). b) Motivó los elementos constitutivos del cuerpo del delito de despojo que consideró acreditado, previsto en la fracción II del artículo 408 del Código Penal del Estado de Puebla y señaló que, según su apreciación, éste se conforma por los siguientes (foja 125): i) Una conducta de acción, consistente en ocupar un inmueble propiedad de alguno de los agentes activos del delito, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona. ii) Que dicha conducta se cometa con el empleo de determinados medios comisivos en la ejecución de la acción, en específico, furtivamente. iii) Que la conducta se cometa contra una persona mayor de sesenta años (agravante). Explicó que, en relación con el primero de los elementos del delito, el inmueble objeto del delito es propiedad de uno de los sujetos activos, que el hecho como tal es indivisible, así como el delito y que lo que podría variar es la responsabilidad de cada una de las personas involucradas; y, para comprender el elemento consistente en "un inmueble propiedad de uno de los agentes activos del delito" señaló que tanto el aquí quejoso Raúl Ramírez Cruz como el dueño del inmueble y una persona más, desplegaron una conducta ilícita, concurriendo todos en la comisión del delito mediante una distribución de trabajo con la que ocuparon un inmueble propiedad de uno de los sujetos activos, por lo que, a pesar de existir una pluralidad de sujetos y que solo uno de ellos es dueño del inmueble objeto del delito -Alejandro Toriz García- se configura la autoría conjunta, pues todos participaron en la ejecución del delito, por lo que se configura el elemento de "un inmueble de su propiedad", ya que a pesar de ser ajeno a la propiedad de Raúl Ramírez Cruz si forma parte de la esfera patrimonial de su coparticipe, lo que consideró suficiente para tener por actualizado el delito que se trata (foja 126 vuelta). Motivó qué elementos de convicción consideró idóneos para tener por demostrados los elementos del delito de despojo (fojas 126 a 129 vuelta); así como con qué medios de prueba acreditó la actualización de la agravante que consideró demostrada (foja 130 vuelta); así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito de despojo, pues señaló que la conducta que se reprocha a Raúl Ramírez Cruz es la que desplegó el siete de abril de dos mil diecisiete, alrededor de la una o una y media de la tarde, cuando aprovecharon la ausencia de los moradores de la casa ubicada en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García) para introducirse furtivamente en dicha vivienda sin tener derecho a ello (foja 131 vuelta). c) Especificó la conducta en concreto que desplegó el aquí quejoso, pues señaló que la conducta de acción consistió en ocupar un inmueble propiedad de uno de los activos, cuando no estaba permitido por la ley, por hallarse en poder de otra persona (foja 145), señaló que Raúl Ramírez Cruz desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), por lo que el peticionario de amparo, junto con Alejandro Toriz García, aprovecharon tal situación para ingresar furtivamente a dicho bien raíz, a pesar de que la ley no les permite tomar posesión del mismo, en virtud de que la posesión le corresponde a Emma Castro Cano, al haberlo convenido así en el juicio de divorcio voluntario 276/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (foja 132) En el apartado de la probable responsabilidad motivó el grado de participación del inculpado Raúl Ramírez Cruz, ya que el juez responsable señaló que tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta, en el que, junto con Alejandro Toriz García, tuvo el dominio directo, mientras que Alejandro Ramírez Cruz, coadyuvó a la producción del resultado típico, por lo que consideró todos ellos participaron en la ejecución del delito. Así mismo, señaló los medios de prueba que consideró eficaces para tener por demostrada la participación del peticionario de amparo en el evento delictivo, y especificó que obra en su contra un señalamiento directo tanto por la denunciante Emma Castro Cano como por los testigos Jenipher Maribel Toriz Castro y Pedro Luis Ramírez Cruz (fojas 131 y 131 vuelta). Por otra parte, en relación con el escrito presentado por el quejoso Raúl Ramírez Cruz el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 138 a 142), mediante el cual realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues al efecto, manifestó que la sentencia no fue cumplida por la autoridad responsable, en virtud de que el juez responsable no señaló cuál fue la conducta desplegada por cada uno de los sujetos activos en la comisión de delito de despojo. Tal manifestación deviene infundada, en virtud de que, como se relató, el juez responsable señaló que el aquí quejoso desplegó movimientos físicos consistentes en que Alejandro Ramírez Cruz a través de una llamada telefónica hizo saber a Raúl Ramírez Cruz que no se encontraban los moradores del inmueble ubicado en calle Texmelucan, número 507 de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla (inmueble propiedad de Alejandro Toriz García), y que éste último aprovechó tal situación para ingresar furtivamente a ese domicilio, a pesar de que la ley no le permite tomar posesión del mismo, en virtud de que ésta le corresponde a Emma Castro Cano. Así mismo, el quejoso señaló que el juez de la causa no consideró que dentro del domicilio se encontraba un trabajador de nombre Alfonso Quechol Gómez, por lo que no se acredita el elemento de furtividad; aduce que las pruebas que existen en la causa no son idóneas para demostrar la edad de la agraviada y por ende que no se acredita la agravante que el juez responsable tuvo por actualizada, pues la prueba idónea para demostrar tal extremo es el acta inscrita en el Registro Civil de las Personas y no aquellas consideradas por la autoridad responsable para tener por demostrado tal extremo. Resultan infundadas sus afirmaciones en virtud de que los argumentos reseñados están encaminados a combatir el fondo de la resolución reclamada, lo que no es susceptible de ser vigilado en el presente expediente, dado que la protección constitucional se concedió para efecto que el juez de origen subsanara vicios formales destacados en la propia sentencia, pero no se realizó pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. Finalmente, refiere el quejoso Raúl Ramírez Cruz que el juez de la causa no señaló cuál es su grado de participación; sin embargo, como se estableció, el juez responsable señaló que éste tomó parte en la comisión del injusto penal en grado de autoría conjunta y que tuvo el dominio directo, por lo que consideró que participó en la ejecución del delito. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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