Raul Ramirez Cruz

Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
147/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Raul Ramirez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 47), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por Raúl Ramírez Cruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el diecinueve de febrero del año en curso (fojas 10 a 16), manifiesta lo siguiente: "(.) que el acto que se reclama en el presente asunto, lo es el contenido en el auto de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, dentro del proceso penal número 06/2018, y notificado que fue conjuntamente con el acuerdo de fecha tres de enero del año en curso, hasta el día veinticuatro de enero del año que transcurre, todo esto por parte del Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula. (.) Señalo también como autoridad responsable ejecutora del mismo acto reclamado al ciudadano Director del Centro de Reinserción del Distrito Judicial de Cholula, Puebla..." En consecuencia, téngase a Raúl Ramírez Cruz, dando cumplimiento al requerimiento efectuado y precisando por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto del acto reclamado que precisó el promovente, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 6/2018 del índice del 1. Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Aunado a lo anterior, del análisis del auto que se reclama por esta vía, se advierte que el Juez de la causa de origen, ordenó nuevamente al aquí quejoso, comparecer a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, a efecto de ser identificado administrativamente, lo anterior en un término no mayor a diez días contados a partir de su legal notificación y con el apercibimiento que de no comparecer, se le impondrá una multa de diez días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En ese sentido, el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del auto que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser procesado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esas consideraciones, el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Aunado a que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena; y, que al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es recurrible a través del medio de defensa ordinario que prevé la legislación aplicable en cada entidad federativa (en la especie, recurso de revocación), cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que se analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, que en el auto reclamado se le haya apercibido al quejoso con imponerle una multa de no comparecer a ser identificado administrativamente; pues ello no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, sino que está condicionado a que el obligado, aquí quejoso, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad responsable, haga efectivo el señalado apercibimiento; por tanto ello no da al auto reclamado la naturaleza de imposible reparación En ese sentido, al no haber agotado el procesado aquí promovente el aludido medio de defensa (recurso de revocación), no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado, y por consiguiente, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se insiste, el acto aquí reclamado debió ser impugnado a través del recurso de revocación antes referido, tomando en cuenta que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos u orden de arresto. En consecuencia, en el caso es dable afirmar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA.

  3. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 14 DE MARZO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por Raúl Ramírez Cruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el diecinueve de febrero del año en curso (fojas 10 a 16), manifiesta lo siguiente: "(.) que el acto que se reclama en el presente asunto, lo es el contenido en el auto de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, dentro del proceso penal número 06/2018, y notificado que fue conjuntamente con el acuerdo de fecha tres de enero del año en curso, hasta el día veinticuatro de enero del año que transcurre, todo esto por parte del Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula. (.) Señalo también como autoridad responsable ejecutora del mismo acto reclamado al ciudadano Director del Centro de Reinserción del Distrito Judicial de Cholula, Puebla..." En consecuencia, téngase a Raúl Ramírez Cruz, dando cumplimiento al requerimiento efectuado y precisando por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto del acto reclamado que precisó el promovente, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro de la causa penal 6/2018 del índice del 1. Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Aunado a lo anterior, del análisis del auto que se reclama por esta vía, se advierte que el Juez de la causa de origen, ordenó nuevamente al aquí quejoso, comparecer a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, a efecto de ser identificado administrativamente, lo anterior en un término no mayor a diez días contados a partir de su legal notificación y con el apercibimiento que de no comparecer, se le impondrá una multa de diez días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En ese sentido, el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del auto que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser procesado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esas consideraciones, el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Aunado a que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena; y, que al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es recurrible a través del medio de defensa ordinario que prevé la legislación aplicable en cada entidad federativa (en la especie, recurso de revocación), cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que se analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, que en el auto reclamado se le haya apercibido al quejoso con imponerle una multa de no comparecer a ser identificado administrativamente; pues ello no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, sino que está condicionado a que el obligado, aquí quejoso, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad responsable, haga efectivo el señalado apercibimiento; por tanto ello no da al auto reclamado la naturaleza de imposible reparación En ese sentido, al no haber agotado el procesado aquí promovente el aludido medio de defensa (recurso de revocación), no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado, y por consiguiente, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se insiste, el acto aquí reclamado debió ser impugnado a través del recurso de revocación antes referido, tomando en cuenta que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos u orden de arresto. En consecuencia, en el caso es dable afirmar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se requirió al promovente de amparo, a fin de que compareciera a ratificar la firma que calza el escrito registrado con el número de 3582 (fojas 21 a 24), lo que en la especie ya aconteció; al respecto se provee: Atento al contenido del escrito aclaratorio, signado por el promovente Raúl Ramírez Cruz, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 16), en el que se le requirió para que: Precisara el acto u actos reclamados en esta instancia constitucional; Bajo protesta de decir verdad, aclarara la fecha en que tuvo conocimiento del acto u actos que reclama, una vez aclarados los mismos; y, En caso de que señalara como acto reclamado el auto en el que se le informa que debe comparecer ante una autoridad penitenciaria a identificarse, en relación a un proceso penal que se sigue en su contra dentro de la causa penal 108/2017 de "un Juzgado Penal del Estado" y su notificación (identificado con el inciso a), deberá precisar si es su deseo señalar al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, como autoridad responsable, pues el promovente indicó que debe comparecer ante dicha autoridad a ser identificado. Lo anterior, con el fin de que el promovente de amparo precisara los tópicos antes indicados, sin que ello significada que cambiara, modificara o ampliara su demanda. Ahora bien, del contenido integral del escrito aclaratorio signado por el promovente, se advierte que no dio cabal cumplimiento a la prevención ordenada en autos; por lo que, no ha lugar a tener por cumplido la misma, por las razones siguientes: En el referido escrito, el quejoso manifestó respecto del acto que reclama en esta vía constitucional: "1.- DEL CIUDADANO JUEZ DEL JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA RECLAMO, La mala notificación realizada por el Ciudadano Diligenciario de fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, y recibida con fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, del toda vez que en las copias que me son entregadas de notificación tal y como lo demuestro con la copia simple que acompaño, no son claras ni precisas ya que están borrosas e incompletas y como consecuencia y consecuencia me dejan en estado de indefensión. 2.- Si bien es cierto (el juzgado municipal) tiene competencia para conocer del presente asunto en materia penal según por los hechos realizados dentro del territorio donde ejerce su jurisdicción; Así como también es cierto y veraz que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla en su Título Séptimo de las disposiciones generales, capítulo I de los requisitos de origen y elegibilidad; Articulo 172.- Para ser Juez Municipal se requiere." (.) "Por lo antes descrito desconozco que dicho juez Municipal cumpla con los requisitos antes mencionados ya que me acabo de enterar que posiblemente no tiene la profesión de abogado y/o cumpla con los requisitos para ejercer dicho cargo y como consecuencia serian nulas todas y cada una de sus actuaciones. Por lo antes expuesto solicito se le requiera al Ciudadano Juez Municipal la acreditación del artículo 172 que antecede. 2.- DEL CIUDADANO JUEZ PENAL DEL MUNICIPIO DEL SAN PEDRO CHOLULA.- RECLAMO: el Juzgado de lo penal del Estado es totalmente competente para el asunto penal que nos ocupa, pero no lo es el que se ostenta como Ciudadano Juez, ya que me acabo de enterar que no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; como a la letra dice: " (.) Por tanto causa una de sus actuaciones son NULAS y carecen de legalidad Jurídica además de que no precia su nombre completo en cada una de sus actuaciones poniendo en duda y en tela de juicio su supuesta HONORABILIDAD. Así mimo se presume la confabulación con el Juez Municipal para evadir la responsabilidad legal y Jurídica que le corresponde al se ostenta como Ciudadano juez. Por lo que solicito a su Señoría, solicite tanto al Ciudadano Juez Municipal, Licenciado AHAREHEL PEREZ LAVI; y, asimismo como al Ciudadano Juez del Estado; JOSE REFUGIO ALEJANDRO LEON FLORES y/o ALEJANDRO LEON FLORES, quien se ostenta como Juez en el Municipio de san Pedro Cholula Puebla. Ambos acrediten su personalidad su personalidad Jurídica para ostentar el cargo que ocupan. 3.- Niego categóricamente el delito que se imputa ya que el acto como la autoridad competente, no prueba no justifica y no motiva el delito que se presume. Por tal motivo y por lo antes descrito no hay sostentabilidad para que yo me presente a dar mi generales al centro de reinserción social que describe en su notificación. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; manifiesto que los hechos y abstenciones que con antelación se exponen me constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación." De lo anterior, se advierte que el promovente no desahoga de manera correcta el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 16), pues contrario a éste, pretende ampliar los actos reclamados en su escrito de demanda, sin que precise los puntos referentes a la prevención formulada, esto es, aclare el acto u actos que por esta vía reclama los cuales únicamente son: a) notificación del auto en que se le comunica que debe comparecer en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla a efecto de ser identificado dentro de la causa penal 108/2017 de "un Juzgado Penal del Estado", b) el contenido del auto en el que se le informa que debe comparece ante una autoridad penitenciaria a identificarse, en relación a un proceso penal que se sigue en su contra dentro de la causa penal 108/2017 de "un Juzgado Penal del Estado; y, c) auto de incompetencia del Jugado Penal del Estado, radicado en el Distrito Judicial de San Pedro, Cholula, Puebla, que también se le notificó. Además de no precisar qué acto u actos reclama de la autoridad responsable, tampoco refiere la fecha de su emisión, la autoridad que lo emite, su respectivo contenido, si los mismos contienen un apercibimiento y en que consiste esté, pues si bien adjunta a su escrito aclaratorio diversas constancias, esta autoridad Federal no puede presumir que se trata del acto que reclama, pues el quejoso debe precisarlo como le fue requerido en el auto de prevención; aunado a que, si bien refiere que del Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, reclama "la notificación realizada el dos de julio de dos mil dieciocho y recibida el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve", ello no es congruente, pues de la documental que anexó se advierte que la fecha de dos de julio de dos mil dieciocho, corresponde al auto emitido por dicho Juez Municipal. Respecto del apartado SEGUNDO y TERCERO del proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 16), el promovente omitió referir bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto u actos que reclama, ni tampoco se encargó de manifestar si es su deseo señalar al Director del Centro de Reinserción Social del Estado como autoridad responsable o bien, manifestar expresamente si no es su deseo señalarla como autoridad responsable, lo anterior siempre y cuando señalara como acto reclamado b) el contenido del auto en el que se le informa que debe comparece ante una autoridad penitenciaria a identificarse, en relación a un proceso penal que se sigue en su contra dentro de la causa penal 108/2017 de "un Juzgado Penal del Estado; por tanto: Requiérasele nuevamente para que cumpla de manera integral al auto de prevención de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin que ello signifique que cambie, modifique o amplié su escrito inicial de demanda, de manera tal que los actos reclamados queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. No obstante, de actuaciones se advierte que el auto de diecinueve de febrero del año en curso, se notificó personalmente al quejoso el veintidós de febrero del año en curso, surtió efectos el veinticinco siguiente, por lo que el plazo de cinco días transcurriría del veintiséis de febrero al cuatro de marzo de la presente anualidad, descontándose los días dos y tres de marzo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles de conformidad en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud de que el escrito registrado con el número 3582 (fojas 21 a 24) con el cual pretendió desahogar fue presentado en este Juzgado de amparo el veintiocho de febrero del año en curso, aún cuenta con tres días para desahogar íntegramente la prevención de mérito. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." (...)

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