Raul Perez Lopez

Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Raul Perez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. ESCRITO. A sus autos, el escrito signado por el quejoso Raúl Pérez López, en el que solicita se expidan a su costo copia certificada de todo lo actuado dentro de este juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, autorizando para recibirlas, a la persona que señala INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso de la medida cautelar en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es destruible, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 443/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Raúl Pérez López; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, por la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Raúl Pérez López, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos de los 1. Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 7 a 12), se admitió a trámite la demanda de amparo, con incidente de suspensión; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 18). TERCERO. Cambio de denominación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de mayo del presente año, se señalaron las nueve horas con cuarenta y seis minutos del siete de junio de dos mil veintitrés (foja 25 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Raúl Pérez López, reclama lo siguiente: -La orden búsqueda, aprehensión y detención, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME FOJAS 1. Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución de las Regiones Judiciales Centro con sede en la ciudad de Puebla, Centro Poniente, con sede en Cholula, San Martín Texmelucan y Atlixco, por conducto del Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas la Regiones Judiciales del Estado de Puebla, Oscar Olvera Galicia. NIEGA. 20. 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Fernando Fierro Aldana. NIEGA. 19. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia e integración al expediente físico. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, se determina que la presente resolución, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio, y debe constar por escrito ya que resuelve el fondo del asunto. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Pérez López, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del ministerio público de la federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la siguiente autoridad: 8 Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. II. Domicilio. Se tiene a la autoridad responsable, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el expresado en el escrito de cuenta. III. Delegados. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Reglamentaria, téngase como delegados a las personas designadas por la autoridad responsable. IV. Medios de contacto. Ténganse el correo electrónico y números telefónicos que señala la autoridad responsable, como medios de comunicación no procesal, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. V. Pruebas. Por otro lado, téngase a Marco Antonio Carrera Altamirano, apoderado legal de Socorro Romero Sánchez Sociedad Anónima de Capital Variable, remitiendo diversos escritos, en los que aporta pruebas documentales para el presente sumario. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora bien, no obstante los documentos adjuntos deberán de tenerse como copias simples, dado que la parte quejosa no realizó la manifestación bajo protesta de decir verdad que exige la fracción VI del artículo 3° del Acuerdo General 12/2020. VI. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

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