Raul Garibay Garibay

Expediente 867/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
867/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Raul Garibay Garibay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 27 de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se desprende que el peticionario de amparo, reclamó ante esta instancia constitucional, la falta de atención médica y el tratamiento necesario para el padecimiento de cefalea crónica agudizada que le aquejaba, y específicamente, la omisión de realizarle u ordenar la práctica de una resonancia magnética de craneoencefálica. Asimismo, de las constancias que integran el presente expediente se desprende que mediante oficio 2.11.15.4/D/546/2022 de diecinueve de agosto del año en curso el Director de la Unidad Médica de Zamora, Michoacán, manifestó, entre otras cosas, que por medio de los servicios subrogados el doce de agosto del año en curso se realizó a la parte quejosa el estudio de "resonancia magnética craneoencefálica", circunstancia que acreditó con la siguiente documental: Constancia que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así tenemos que, en el presente juicio en esencia se reclama la omisión de realizarle u ordenar la práctica de una resonancia magnética de craneoencefálica; sin embargo, de la documental inserta en el presente acuerdo se advierte que el doce de agosto del año en curso se realizó al peticionario del amparo el estudio de resonancia magnética que requería. Lo anterior, trae como consecuencia que el acto reclamado cese en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, toda vez que el acto que le causaba agravio a la parte quejosa era precisamente la omisión de realizarle u ordenar la práctica de una resonancia magnética de craneoencefálica. Por tanto, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J.6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio derelatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" Lo expuesto, en virtud de que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo anterior, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que, transcurrió el plazo de tres días, concedido en acuerdo de veintitrés de agosto del presente año a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la información proporcionada por el director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en Zamora, Michoacán, en cumplimiento a la suspensión de plano, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y se le tiene conforme con dicho cumplimiento. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se aprecia que en acuerdo de treinta y uno de agosto del presente año (notificado el uno de septiembre actual), se dio vista a las partes con el informe justificado del director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en Zamora, Michoacán,, por lo que es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que se impongan de su contenido. Por tanto, para dar lugar a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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