Raúl Pedroza Luna
Expediente 21/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Pedroza Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 21/2023-III, promovido por *******, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el buzón la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró transgredidos los contemplados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 21/2023-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero; y, Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, con motivo de su primer acto de aplicación. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director de Análisis Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno en representación de la Gobernadora y el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo." Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Acreditación de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la afectación que la norma reclamada causa a su esfera jurídica. Al respecto, es menester tener presente el texto de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en el cual se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" La primera parte de este numeral determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. En el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los presupuestos de la acción constitucional consistente en la demostración plena del interés jurídico, lo cual no es otra cosa que la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico, entendido en su mínima expresión, cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva y directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. Por tanto, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.168/2007, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro: 170500), que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de los derechos cuya protección solicita, a fin de estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a reprochar el acto; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. El interés legítimo exige la demostración del derecho objetivo que asiste al quejoso, esto es, que de manera genérica la norma jurídica le concede y protege un derecho, por ejemplo, la posesión o propiedad de algún bien, el cual es lesionado de manera colateral por el acto de autoridad de manera indirecta o directa. Pero sobre todo, el interés legítimo exige la demostración de alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Por su parte, en el interés jurídico el amparista además de acreditar ese derecho objetivo, está constreñido a demostrar que de manera directa es afectado en su esfera jurídica, esto es, que le asiste un derecho subjetivo (facultad o potestad de exigencia). En el interés legítimo, el quejoso no es destinatario directo del acto de autoridad, sino terceros, pero de cualquier forma es indispensable la afectación personal, no directa sino indirecta, lo cual puede suceder en tres supuestos diversos: 1. Cuando el acto de autoridad establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero que impacte en forma jurídicamente relevante de manera colateral al quejoso que no es destinatario de las obligaciones. 2. Cuando el acto de autoridad determine supuestos que terceros están llamados a actualizar, pero que por su posición frente al ordenamiento jurídico los quejosos resienten algunos efectos de las consecuencias 3. Cuando el acto de autoridad regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere a un tercero de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Ya sea interés jurídico o legítimo, de cualquier manera la parte quejosa debe acreditar que su interés es agraviado con el acto de autoridad; de tal manera, el agravio es cualquier afectación real y actual, en el interés jurídico es personal y directo, mientras en el interés legítimo la afectación puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta); con la indicación que en el interés legítimo debe estar demostrada alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En conclusión, para el interés legítimo se requiere que los efectos del acto reclamado trascienden a la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, esto es, que resienta afectación la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Con base en lo establecido en el artículo 107, fracción I, Constitucional, el interés legítimo se puede generar por afectación indirecta, por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De lo dicho se desprende, que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar cualquier acto, debe determinarse en principio si el reclamo es a partir del interés jurídico o el interés legítimo, pues ambos se contraponen. Por tanto, es dable concluir que tanto el interés jurídico como el interés legítimo suponen un agravio en la esfera jurídica del quejoso; dado que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo la institución del interés legítimo individual o colectivo, condicionado a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma, para la procedencia del juicio de amparo, aun el interés legítimo requiere afectación a la esfera jurídica del quejoso. Así, el interés legítimo exige que el gobernado resienta perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma jurídica que le proporcione un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que, de acuerdo con el precepto constitucional citado, en principio no es necesario que se acredite un derecho subjetivo. De esa forma se trata de impedir que el particular sólo busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto, sin pretender la obtención de algún beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Bajo esta perspectiva, no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo colectivo y sostener que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; y, sobre todo, es necesario demostrar que la eventual concesión de la protección constitucional implica algún beneficio jurídico para el quejoso. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio, deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las y los gobernados, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Esas consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, (registro: 198200), que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Por tanto, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En el caso concreto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los Decretos LXVII/APLIE/0109/2021 I.P.O. que autoriza la Ley de Ingresos el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al Artículo Primero, en relación con el apartado de derechos, en lo referente a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, así como del Decreto LXVII/APLIE/0107/2021 I.P.O. que autoriza la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al cobro por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, específicamente el artículo 29. Debe precisarse que la parte quejosa recurrió dichas normativas con motivo del pago que dice realizó por concepto de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos, según se desprende del escrito de demanda. Así, para que el quejoso acredite su interés jurídico para acudir al amparo contra dichas normativas, es necesario que demuestre ser quien ha realizado el pago de los derechos de referencia, con la finalidad de probar que las normas se le aplicaron, y que por ello se pueda estimar que se vulnera un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Al respecto, la accionante del amparo, no exhibió documento alguno con el fin de demostrar la aplicación de las normas reclamadas. Así, se concluye que ante la falta de documental, no puede acreditar que las normas reclamadas se le aplicaron, toda vez que, como se expuso, para demostrar el interés jurídico que aduce tener debió acreditar que pagó tales derechos contenidos en los decretos reclamados. Por eso es que no está acreditado que las normas reclamadas le causan un perjuicio. Entonces, correspondía a la quejosa demostrar que las normas reclamadas le generó un perjuicio en su esfera jurídica, persona o patrimonio, acreditando fehacientemente que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. De ahí que, como no comprobó haber realizado el pago de derechos referido, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque no existe interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional. Afirmación que se sustenta en las jurisprudencias emitidas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma.". Por tanto, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque, en el caso, el quejoso no acreditó tener un interés jurídico ni legítimo para acudir a este medio de control constitucional. Considerando que el interés jurídico tiene que estar probado de manera palmaria y no inferirse de presunciones, porque el juicio de amparo salvaguarda derechos reales y objetivos, susceptibles de apreciación, no meras expectativas de derecho. No pasa desapercibido, que el quejoso en su demanda de amparo, señaló que el inmueble respecto del cual se realizó el pago de los derechos reclamados, es de su propiedad, al haberlo adquirido mediante crédito con la institución INFONAVIT, sin embargo, dicha circunstancia tampoco acredita que el quejoso sea propietario del mencionado inmueble ni que efectivamente pagó los derechos causados; máxime que el registro de dicha operación no se encuentra corroborado con prueba alguna. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento. Por otro lado, se precisa que no es necesario estudiar las demás causas de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, pues basta la actualización de una sola de ellas. Apoya, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, (registro: 195744), de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Atendiendo al sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento. Es aplicable, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en la página 93, Volumen 86, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, (registro: 254008), de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." No sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo, pues esta prerrogativa no implica excusar la aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa; en este caso, las causales de improcedencia que, legalmente, constituyen un aspecto de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1947, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.". Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron reproducidos en el contexto de la presente sentencia, se invocan con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no ser contrarias con la actual legislación de la materia.Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE:ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso *******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando cuarto del presente fallo.Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables así como al agente del Ministerio Público adscrito.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el veintiuno de febrero del año en curso, se recibió el informe justificado del Congreso del Estado de Chihuahua. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Raúl Mena Salazar238/2023
- Raúl Mena Salazar458/2023
- Raúl Mil Ambros328/2018
- Raúl Muñoz Sandoval572/2022
- Raúl Navid Montoya Montoya y Otros.506/2022
- Raúl Octavio Torresdey Ortega260/2018
- Raúl Pérez Vallecillo665/2016
- Raúl Quiñones Lozoya546/2017
- Raúl Ramses Pérez De León914/2022
- Raúl René Ramírez Hernández732/2021
- Raul Rodolfo Ceballos533/2021
- Raúl Rosas Moreno346/2022