Raúl Mena Salazar
Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Mena Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 238/2023-VII, promovido por **********, a través del licenciado **********, Defensor Público Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en función de Juez de Control, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el veintiocho, día siguiente, **********, a través del licenciado **********, Defensor Público Federal, promovió juicio de amparo contra la autoridad responsable y acto reclamado, señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, párrafo segundo y 20, apartado B, fracciones I y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número 238/2023, se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fija el acto reclamado que se deduce del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: La audiencia de revisión de medida cautelar de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 1168/2020, en la cual se modificó por la diversa prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $********** (********** moneda nacional); enfatizando que se ordenaría la libertad del imputado, quejoso, hasta en tanto se exhibiera la citada garantía. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; por ello, se tiene por cierto dicho acto a la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Información que se corrobora con las documentales respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistentes en registros audiovisuales compulsados en un disco en formato DVD (disco versátil digital, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de la audiencia reclamada, y copia certificada de la transcripción de la citada audiencia reclamada, llevadas a cabo dentro de la causa penal de origen. Medios de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el criterio 43/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del presente juicio de amparo por ser cuestión de orden público y de estudio preferente. Consideración que se sustenta, en el criterio jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 87, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Materia común, Octava Época, editado en agosto de 1994, registro digital 210784, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Del precepto legal en cita se desprende que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados en un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en el mismo surja un cambio de situación jurídica, debiéndose considerar consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, la Suprema Corte en torno a la citada causa de improcedencia, estableció el siguiente criterio: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, diciembre de 1996, tesis: 2a. CXI/96, página: 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Tesis que, si bien se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el contenido normativo esencial del artículo 73, fracción X, que se interpretó, se reproduce en esencia en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la materia vigente. Ahora bien, del criterio aludido y del precepto que se interpreta, se colige que para la operancia de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Asimismo, el artículo transcrito también prevé que tratándose de violaciones a la libertad personal, consignadas en los artículos 19 o 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan el auto de vinculación a proceso y los derechos constitucionales de defensa del procesado, únicamente la resolución de primera instancia hará que aquéllas se consideren consumadas en forma irreparable. En el presente juicio, la parte quejosa reclama la audiencia de revisión de medida cautelar de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 1168/2020, que se instruye en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l., con fines de comercio, en su variante de venta; en la cual se modificó la medida de prisión preventiva, por la diversa prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $********** (********** moneda nacional); y que únicamente se ordenaría la libertad del imputado, quejoso, hasta en tanto se exhibiera la citada garantía. Sin embargo, de las constancias que remitió el juez responsable se advierte que las partes acordaron el procedimiento abreviado, y mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia condenatoria por dicho ilícito en contra del quejoso, al que impuso como pena de prisión cuatro años con seis meses. A partir de esa base, si en la causa penal de origen, el acto aquí reclamado, la audiencia de revisión de medida cautelar dictada en la referida causa penal, ha sido sustituido procesalmente por otro, a saber, la mencionada sentencia condenatoria, resulta evidente que se generó un cambio en la situación jurídica sobre su esfera jurídica. Pues, ya no es factible analizar las posibles violaciones acaecidas al considerarse consumadas de manera irreparable en razón de que la situación jurídica del impetrante de amparo pasó de tener calidad de imputado, es decir, de persona que el Ministerio Público señala como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, a sentenciado, esto es, a ser una persona contra la que ya se ha establecido una responsabilidad penal, por mérito de una sentencia, esto en términos del ordinal 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, la audiencia reclamada ha sido sustituida procesalmente por la pena privativa de libertad -de cuatro años seis meses- que le fue impuesta dentro de la causa penal 1168/2020 y, por ende, las violaciones que del citado acto reclamado se duele el quejoso han quedado consumadas de manera irreparable, por no poder abordarse sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece sobre su esfera jurídica. Sin que obste para ello que la sentencia no se dictó en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, ya que el referido artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, no hace distinción alguna en ese sentido; así debe estarse frente a una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral o por una emitida por el Juez de Control en la intermedia, en razón del trámite anticipado del procedimiento. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis III.2o.P.150P(10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, con registro digital 2019590, Decima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Asimismo, la tesis XXIII.9 P (10a), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible a página 2377, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013779, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, a través del licenciado **********, Defensor Público Federal, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último de los considerandos. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta signado por Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en su carácter de Juez de Control; atento a su contenido, con base en el artículo 64 de la Ley de amparo, téngasele informando que el dieciséis de los actuales se celebró audiencia de procedimiento abreviado, en la que se declaró penalmente responsable al aquí quejoso ********** por la comisión del delito Contra la Salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l., con fines de comercio, en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal; imponiéndole la pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de $7,819.20 (siete mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 moneda nacional). De igual manera, informa que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en la ley para su impugnación, toda vez que el allá ahora sentenciado Raúl Mena Salazar, no renunció al mismo para interponer el recurso correspondiente; por tanto, dicha sentencia aún no causa ejecutoria. Asimismo, glósese a sus autos el oficio y anexo remitido por el Defensor Público Federal Eduardo Barrón Salazar, autorizado del quejoso **********, con el que remite copia de la resolución dictada el dieciséis de los actuales, por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, actuando en funciones de Juez de Control, a fin de que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Lo anterior, además con apoyo en la tesis XXII1.9 P (10a.), Registro digital: 2013779, libro 39, febrero de 2017, Tomo 111, página 2377, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA". Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil veintitrés. Glósese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 108/2023 derivado del presente juicio de amparo, en el que se solicitó notificar al quejoso **********, el acuerdo de veintiocho de marzo, y le entregara copia de la demanda promovida a su favor por el licenciado ********** Defensor Público Federal, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en el Municipio de Buena Vista Tomatlán, lugar en el que actualmente se encuentra recluido. Remítase el acuse de recibo solicitado por la autoridad exhortada, y dese de baja dicha comunicación del libro de gobierno respectivo y del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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