Raúl René Ramírez Hernández
Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl René Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en que se negó la protección de la justicia federal peticionada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección de la justicia federal, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Doy fe De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 732*2021*VI, promovido por ***. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, Raúl Rene Ramírez Hernández, a través de su defensor penal público, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1*, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03*2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: 1.- El control de la legalidad de la detención realizada el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 8071*2021. 2.- El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en esa misma data, en la referida causa penal, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con el 479 de la Ley General de Salud. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación; remitiendo para tal efecto copia certificada del control de la detención y auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 8071*2021 y dos discos relativos a la audiencia inicial. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una funcionaria dotada de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en dos discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por el Juez responsable. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43*2013 10* emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455*2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58*2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto.- Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a*, de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por cuestión de técnica se analizará en primer término, la calificación de la detención determinada por la responsable. a) Análisis de la audiencia de control de la detención. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, además, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. Lo anterior, sirve de base para determinar si en un caso particular, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, lo que sucede cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Motivos razonables que únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, además, deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Ello implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica. Tampoco, pueden simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas, por eso, este mandato es la mayor garantía de los individuos contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. Ahí la necesidad que los órganos de control constitucional, deban realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras. En lo conducente, encuentra aplicación la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2018592, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: *CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención. Así como la diversa tesis de la referida Máxima Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo I, página 535, Décima Época, Registro 2003545, que se transcribe: *DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras." En ese mismo tenor, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: *Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables.* Como se advierte del numeral adjetivo inmediato citado, la audiencia de control de detención, está diseñada para que el Juez califique la legalidad de la detención de la persona que se le ha puesto a su disposición, en la que el ministerio público que consigna el caso, deberá justificar las razones de la detención y aportar para ello los datos de prueba pertinentes, con los cuales el Juez de Control procederá a su calificación, examinando el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, todo ello deberá verificarse con las formalidades procesal, entre las que se tiene que la persona detenida debe estar asistido por abogado defensor por él designado, y en caso negativo, ordenará el Juez que se le nombre un Defensor Público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. En el caso, esta juzgadora advierte que el Juez de Control ajustó su actuar al mandato constitución en consulta y, bajo las reglas a que se contrae el arábigo 308 de la ley adjetiva nacional, determinó adecuadamente que se encontraba justificada la detención del directo quejoso. Es así, porque de un análisis minucioso de la audiencia de control de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que el juez de origen preguntó al Fiscal su pretensión, quién señaló que era para calificar la detención del hoy quejoso y una vez satisfecho esto, cuestionó al detenido, si contaba con abogado para que lo representara en la diligencia, indicándole que en caso de no tener, se le asignaría un defensor público cuyos horarios serían devengados por el Estado, por lo cual designó como su defensor al licenciado ***, defensor público penal que en la misma audiencia, protestó y aceptó desempeñar fiel y legamente el cargo. Luego, superada dicha fase, y en uso de la voz el Fiscal solicitó el control de la legalidad de la detención del quejoso en base al parte informativo elaborado por Carlos Gustavo Serrano Macías y Juan Flores Rodríguez y Joe Maneses Rojas Aguirre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el que asentaron que siendo las quince horas con treinta y dos minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, al realizar un recorrido de vigilancia sobre el cruce de las calles ***, en esta ciudad, se percataron de dos sujetos, quienes al advertir la presencia policiaca corrieron aproximadamente ocho a diez metros, motivo por el cual precedieron a darles alcance y al realizarle una revisión corporal a ***, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca al parecer marihuana. Por tales hechos es que, siendo aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la detención de ***; a las diecinueve horas con diez minutos de esa data, fue puesto a disposición del Ministerio Público competente; y posteriormente a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, a disposición del Juez de Control. Derivado de ello, el juez responsable (11:20:22) válidamente afirma que la detención realizada al quejoso es acorde a lo dispuesto por los artículos 16 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen que una detención procederá, entre otros supuestos cuando la persona esté cometiendo el delito *flagrancia*. Dicha hipótesis es una de las variantes de la detención en flagrancia, la cual es un supuesto que admite la detención sin orden judicial, ya que se justifica por la detención de quien está ejecutando un delito perfectamente apreciable por los sentidos. Aspecto que no es abiertamente irracional, sino todo lo contrario, ya que deja advertir que el juez de control pudo encontrar el punto central de su función de vigilancia judicial, sobre el fenómeno de la detención en flagrancia; para establecer la altísima probabilidad de que elementos de la policía estatal detuvieron al quejoso en posesión dentro su radio de acción -bolsa del pantalón- una bolsa de plástico transparente con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana; sustancias que al ser sometida a análisis químico, se determinó que corresponde a cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana, con un peso neto de 112.27 gramos. En este aspecto, no debe perderse de vista que, en principio, toda detención debería estar precedida por una autorización fundada y motivada bajo los requisitos constitucionales. No obstante, la detención en flagrancia constituye una excepción a dicha regla general, pues se configura cuando el autor de un delito es sorprendido mientras consuma la acción, es decir, resulta tan evidente e inconfundible que puede apreciarse con los sentidos; por lo que, no puede detenerse a una persona por la simple sospecha de que ha participado en la comisión de un delito o por su actitud sospechosa, sino que deben existir motivos suficientes para considerar evidente que esa persona ha participado en su comisión. De modo que como se anunció al principio de esta disertación, esta juzgadora de amparo debe privilegiar las consideraciones del juez responsable; constriñéndose a determinar si en el acto reclamado existe o no un aspecto abiertamente no razonable. Ya que el nuevo procedimiento penal acusatorio y adversarial, es un modelo de enjuiciamiento criminal al tiempo que es un medio de control democrático sobre la actividad judicial; en tanto que este juicio de control constitucional se limita a examinar la coherencia de la determinación del juez natural. Bajo los acontecimientos ya narrados, esta juzgadora considera que son infundados los argumentos sobre los que hace descansar el quejoso en sus conceptos de violación, pues respecto el Juez de Control, hizo un estudio oficioso y minucioso de los hechos, así como de los datos que la fiscalía aportó para justificar la detención. Es así, porque los datos analizados por el Juez, se acreditó que la detención formal del peticionario del amparo, tuvo lugar a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre del año en curso, en tanto que la puesta a disposición ante la fiscalía competente, aconteció a las diecinueve horas con diez minutos de esa data; de suerte que entre ese lapso, sólo se consumaron tres horas con treinta minutos, que se consideran razonables y justificadas, en tanto que la puesta a disposición, no implica que de forma inmediata los agentes policiacos deben llevar a los detenidos ante ministerio público, pues para ello es necesario agotar ciertos trámites administrativos, lo cual, justifica racionalmente el tiempo que transcurrió desde la detención hasta la puesta a disposición, y además, la resolución se encuentra fundada y motivada, pues como se analizó en párrafos que antecedes, se tuvo a la responsable siguiendo el procedimiento marcado en ley para la emisión de su determinación. Además, invocó los dispositivos de la Constitución y Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los controles de detención en casos de flagrancia; en tanto que, formuló los argumentos con los cuales estimó que los hechos narrados por el fiscal del Ministerio Público se ajustaban a las hipótesis de ley que citó. Ejercicio racional que es acorde a las exigencias previstas por el artículo 16 Constitucional, de modo que no se advierten violaciones formales que invoca el ahora quejoso, puesto que uno de los motivos por los cuales puede restringirse el derecho a la libertad de una persona es la detención en flagrancia, y que esta a su vez, se presenta, entre otros supuestos en el momento mismo de estar cometiendo un delito. Aunado a lo antes expuesto, es de considerarse el contenido de los criterios de emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 1a. XCIII*2015 *10a.*, con registro 2008638 y la diversa 1a. XXVI*2016 *10a.*, con registro 2010961, cuyos contenidos establecen: DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a* simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información *hechos y circunstancias* con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía.*. CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.* De tales criterios puede advertirse que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que no todo contacto de la autoridad con los gobernados deriva propiamente de una detención en flagrancia, puesto que las funciones de seguridad pública implican también que los agentes realicen actos de investigación o de prevención al delito, de ahí que puedan distinguirse tres niveles de contacto. El primero que no requiere de justificación alguna y supone la simple inmediación del agente con el particular. El segundo es la restricción temporal de un derecho, lo cual debe derivar de una sospecha razonada y datos objetivos que le permiten suponer que se está cometiendo un delito, aunado a que las circunstancias impiden en ese momento obtener el mandato de autoridad que justifique el acto de molestia; y El tercero es la detención en sentido estricto. Dicho de otra forma, el actuar de la policía está condicionado a parámetros de control provisional preventivo, los cuales además de salvaguardar su integridad física permiten corroborar la identidad de alguna persona con base en información previamente denunciada, además de que excluyen la posibilidad de efectuar detenciones sin causa justificada. Así, el control en grado menor permite a la autoridad limitar provisionalmente el tránsito de personas o vehículos, a fin de cuestionar respecto de su identidad, rutas, etcétera, estando en posibilidad de hacer alguna revisión ocular exterior de esa persona o inspeccionar el vehículo. Este parámetro de control que puede elevarse a un grado mayor bajo conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, que permiten a los agentes hacer revisiones más profundas para salvaguardar su integridad o prevenir algún delito, supuesto que se actualiza cuando las circunstancias objetivas y particulares del delito así como las del sujeto coinciden con las denunciadas previamente, o bien porque la persona controlada muestra un alto nivel de desafío o evasión ante los agentes de seguridad. En consecuencia, si después de realizarse este control provisional legitimo se advierte la flagrante comisión de un delito, la detención del sujeto controlado es lícita. Así, de las interpretaciones anteriores, puede afirmarse que la detención del imputado fue lícita; ello en virtud de que con posterioridad a que los elementos policiales efectuaran un control provisional preventivo, ejerciendo los niveles de contacto señalados al efecto, se percataron de que dicha persona se encontraba cometiendo un delito *flagrancia*, tal y como lo señaló el juez de control al momento de calificar la legalidad de la detención. Esto es así, ya que de acuerdo a lo expuesto en la audiencia correspondiente, la presencia policial en el lugar de los hechos deriva de un recorrido de prevención y vigilancia, en el cual se percataron de dos sujetos que al advertir la presencia policiaca comenzaron a correr. Esta situación generó la reacción de los elementos, la cual fue corroborada ante el hallazgo de una sustancia con características de narcótico en posesión del quejoso. La narración de hechos descrita en los párrafos que anteceden pone de manifiesto que elementos policiales tuvieron inmediación con el detenido, derivado del ejercicio de las funciones propias de su encargo, misma que generó una sospecha razonada que les indicó que pudieran estar ante la presencia de hechos con apariencia de delito, lo que justificó su intervención y posterior hallazgo de una sustancia con las características propias del narcótico afecto, lo que justificó su detención, en virtud de que estaba cometiendo un delito. De ahí que se afirme que contrario a lo expuesto en los conceptos en análisis, el juzgador no convalidó la actuación ilícita de los elementos aprehensores, pues como antes se explicó, esta se ajustó a la norma Constitucional y procesal de la materia, además de cumplir con los requisitos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en casos concretos como el que ahora nos ocupa. Tampoco puede decirse válidamente que el parte informativo que se tomó en cuenta para calificar de legal la detención del imputado carece de razonabilidad o congruencia porque no fue desvirtuado con algún medio de prueba. Lo anterior se afirma, porque contrario a lo referido por el directo quejoso, los medios probatorios ofertados sí fueron justipreciados por el Juez responsable, los cuales consideró aptos para corroborar circunstancialmente la forma en que se realizó la intervención policial, la identificación del lugar de los hechos y demás datos que hacen razonable la referida detención. En estas condiciones, es pertinente declarar la constitucionalidad del acto reclamado que el quejoso hizo consistir en el control de detención verificada en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno. Por las consideraciones que contiene, sirve de sustento la tesis de a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratándose de la flagrancia, esta Primera Sala ha puntualizado que la misma constituye una protección a la libertad personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder defenderla ante el juez respectivo. Ahora bien, por cuanto se refiere al derecho fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es dable concluir que dentro del régimen general de protección contra detenciones que prevé el artículo 16 constitucional, se puede derivar la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación. En suma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la violación al derecho fundamental de "puesta a disposición del indiciado ante el Ministerio Público sin demora" genera como consecuencias: a) la anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la autorización de este último. No obstante, debe precisarse que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención del inculpado que determinen que ésta sea considerada inconstitucional." Así como la diversa tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2505, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2013126, que enseguida se transcribe: *PUESTA A DISPOSICIÓN. ALCANCES DE LAS EXPRESIONES *SIN DEMORA* O *DE MANERA INMEDIATA* Y *AUTORIDAD COMPETENTE*, RELATIVIDAD DE SU VALORACIÓN DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICANTES DEL CASO. Las expresiones: *sin demora* o *de manera inmediata" no pueden entenderse como medidas o unidades de tiempo, concretas y específicas en dimensión o duración, sino como referencia de acción respecto del actuar de quien realiza una detención, que es la acción (verbo) de "poner a disposición de la autoridad competente"; la que en sí misma lleva implícita la previa y necesaria realización de todas las condicionantes para lograr una *puesta a disposición* en términos de legalidad, pues poner a disposición no significa simplemente dejar en manos de alguien al detenido, sino necesariamente de una autoridad que tampoco puede ser cualquiera, sino competente, es decir, del Ministerio Público que además también debe ser competente por razón de fuero, materia y adscripción, turno o especialización según el caso, conforme a la normatividad aplicable que en principio es igualmente de observancia obligatoria en el contexto de un orden jurídico integral presuntamente válido. Por tanto, el tiempo para llevar a cabo esa puesta a disposición de manera legal, es decir material y formalmente correcta, es relativo y debe entenderse como el necesario para su realización de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto y a un criterio básico de razonabilidad que debe atender, en cada supuesto, a la presencia de factores y circunstancias concurrentes como la hora, las vías y medios de comunicación, la distancia, las condiciones de lugar, tiempo y forma de la detención, los aspectos de seguridad (tanto del detenido como de los agente de la autoridad), y en general aquellas que en el supuesto específico incidan en la valoración concreta para la calificación del acto de puesta a disposición. Por ello, aun y cuando en efecto no puede establecerse que en términos generales la ilegalidad de una dilación prolongada dependa de que quedara probado que su finalidad sea inflingirle una lesión o tortura al detenido o bien obtener una confesión de los hechos que se le atribuyen; sin embargo, dado que no puede partirse del establecimiento de una regla temporal específica, no basta que exista determinado tiempo transcurrido, siempre y cuando éste no sea notoriamente excesivo, para que indefectiblemente deba estimarse que se incurrió en una ilegal detención prolongada e injustificada, pues para ello debe existir algún dato objetivo que así lo acredite, o bien carecerse de las circunstancias fácticas que en función del caso particular puedan hacer razonable y, por ende, justificado el tiempo transcurrido entre la detención material y la correcta puesta a disposición.*. Ahora, no se soslaya que el quejoso al esgrimir sus conceptos de violación refiere que en el control de la detención realizada por el juez de origen, no se cumplieron los requisitos legales, toda vez que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación no contaban con referencias o datos objetivos para revisarlo y posteriormente proceder a detenerlo, considerando que correr no consistía en una actitud evasiva. Sin embargo, no asiste la razón al aquí quejoso, toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que la actuación de la policía al practicar la revisión de la impetrante, no resulta violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9, puntos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los diversos 7, numerales 1 y 2 y 11, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que interesa disponen lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. . Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. *Artículo 9. *1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. ... *4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. ...* *Artículo 7. Derecho a la libertad personal. ... 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. ...* *Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad ... 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. ...* De las transcripciones de la parte conducente de los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, así como del precepto constitucional señalado, se desprende que el artículo 16 de la Carta Magna, si bien dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta aplicable el párrafo cuarto de dicho numeral, en el cual se dispone que, en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; por lo que, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a una persona cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, en el caso concreto, los agentes de la Agencia Estatal de Investigación en su carácter de autoridades válidamente detuvieron a la hoy quejoso, toda vez que entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la policía, también tiene facultades para la prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Por tanto, en la resolución que constituye el acto reclamado, con apego al orden constitucional, la autoridad responsable determinó que la actuación de los agentes aprehensores, sí tuvo un fundamento legal, pues respecto a las competencias y objetivos fijados para esa autoridad policial, los artículos 2, 40 y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen: *Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...* *Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: ... VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; ... XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; ... XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. ...* *Artículo 41. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: *... "III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; ...* En ese contexto normativo, es evidente que los agentes que pertenezcan a las fuerzas policiacas, dentro del ámbito de la competencia administrativa que constitucionalmente se les otorga, están facultados para realizar acciones que garanticen la seguridad pública y prevengan la comisión de delitos. De ahí que, contrario a lo estimado por la parte quejosa, los elementos aprehensores estaban actuando dentro de las atribuciones, que les son conferidas constitucional y legalmente y, en ese sentido, al realizar un recorrido de vigilancia sobre sobre el cruce de las calles ***, de la colonia , en esta ciudad, se percataron de dos sujetos, quienes al advertir la presencia policiaca corrieron aproximadamente ocho a diez metros, motivo por el cual precedieron a darles alcance y al realizarle una revisión corporal a Raúl Rene Ramírez Hernández, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca; motivo por el cual, quedó detenido el peticionario del amparo. Resulta importante puntualizar que, la actuación de los agentes aprehensores en un primer momento no fue una detención arbitraria del quejoso; sino que se trata de momentos distintos, que concurren en la actuación de los elementos policiacos; el primero, consistente en la revisión que los agentes pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública *que en este caso se motivó en el señalamiento de la mujer que les indicó que metros atrás se realizaba la venta de droga*, y el segundo y consecuencia del primero, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de dicha revisión observan la comisión de algún delito. De lo contrario y estimar que la actuación de los agentes aprehensores, siempre debe estar precedida por mandamiento escrito, podría llevar al extremo de impedir a los agentes policiacos que llevaran a cabo una parte importante de las funciones para las que fueron creadas y, sobre todo, implicaría que cualquier actuación de los policías sería apreciada como una detención, lo cual no es acorde con la lógica, puesto que en caso de no advertir la comisión de un delito flagrante, no se actualizaría el segundo momento del que se hablaba con antelación consistente precisamente en la detención. Máxime que la referida actuación policial no contraviene en perjuicio de la impetrante, sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 constitucional, así como en los numerales 7.2, 7.3, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, puntos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que el quejoso no fue sometida a una detención arbitraria, debido a que se llevó a cabo de acuerdo con las causas fijadas en la ley, a saber, por virtud de la flagrancia delictiva que se observó, una vez que se realizó una revisión de la bolsa de plástico transparente que guardaba en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía, misma que contenía el narcótico afecto; supuesto que, indudablemente, actualizó la hipótesis de flagrancia contemplada en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, es de considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3*2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales, estableció lo siguiente: "... que la seguridad pública a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados, una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública, por tanto, el acto policiaco, al ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera ser legítima ... que el acto de policía en ocasiones es restrictivo de derechos, aun cuando se trate de restricciones legales y justificadas. Así, en principio, las actividades de seguridad pública y policía deben tender a prevenir situaciones violentas o restrictivas de derechos; sin embargo, cuando no se logra evitar llegar a situaciones que justifiquen la intervención más intensa de los cuerpos de seguridad pública y, por ende, más restrictiva de los derechos de las personas involucradas, sólo deben restringirse los atinentes al caso, debiendo velarse porque los demás no resulten violentados ... que para ser constitucional, el acto de policía está sujeto a que las restricciones se justifiquen bajo un criterio de razonabilidad, modulado a las circunstancias del caso ..." De los anteriores argumentos derivó la tesis P. XLVIII*2010, visible en la página cincuenta y cuatro, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: *FUERZA PÚBLICA. LOS ACTOS POLICIACOS, AL CONSTITUIR ACTOS DE AUTORIDAD, ESTÁN SUJETOS PARA SU REGULARIDAD A LOS MANDATOS, LÍMITES Y REVISIÓN CONSTITUCIONAL QUE LOS RIGEN. La seguridad pública a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados. Una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública. Por tanto, el acto policiaco, al ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera ser legítima. Además, son actos revisables en cuanto a la necesidad de su realización y la regularidad legal de su ejercicio, sin menoscabo de que de tal revisión deriven o no efectos vinculatorios.* *Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: ***. Secretaria: ***. *El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número XLVIII*2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.* Ahora bien, aun cuando el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la Comisión designada en el expediente, versó específicamente, sobre el uso desmedido de la fuerza desplegada por elementos de seguridad pública, se estima oportuno destacar que los criterios precisados por el Pleno del Máximo Tribunal del País sirven de base -en términos generales- para verificar que las actuaciones de los entes policiales se ciña al respeto de los derechos fundamentales. Así, de lo reproducido se obtiene lo siguiente: La seguridad pública a cargo del Estado, es una función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gobernados. Los actos de policía pueden restringir los derechos fundamentales. Dicha restricción, para ser constitucional, deberá estar justificada en la legislación y atender a un criterio de razonabilidad, atentas las circunstancias del caso. Para establecer el parámetro de razonabilidad, se acude a la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 2146/2005, donde estableció que al fijar el alcance o límite de una garantía individual, el legislador debe: a) Perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. b) Ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido. c) Ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado. d) Estar justificada en razones constitucionales. En esa tesitura, si como se estableció, la seguridad pública, en la que se comprenden la prevención y persecución de delitos, de acuerdo con la Carta Magna, es una función del Estado, cuyo fin es velar por la armonía y desarrollo integral de la colectividad; por tanto, la restricción de los derechos fundamentales, o bien, su limitación debe tener justificación en un criterio de razonabilidad que atienda a los requisitos antes precisados, en relación con el frente que debe hacer el Estado, ante la proliferación de la delincuencia, articulando en su contra a todas las autoridades, sin excluir a ninguna de las que tenga, dentro de sus atribuciones, coadyuvar a lograr los objetivos de seguridad pública, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. Bajo esa premisa, puede concluirse que, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen, sino que se condicionan recíprocamente pues, por un lado, el Estado debe respetar los derechos fundamentales de las personas, sin embargo, las garantías que el Estado ofrece para su observancia o efectividad, no deben servir como medio o conducto para la comisión de delitos; y, por otro, el Estado tiene la obligación de prevenir la comisión de delitos y perseguirlos en caso de consumarse, sin que ello le faculte para emitir todo tipo de arbitrariedades sin razón o relación con las circunstancias del caso. Lo anterior encuentra congruencia con lo establecido en el artículo 22, numerales 3 y 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen: "Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede ser asimismo, restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público." De lo transcrito se observa que, el derecho de tránsito no es irrestricto, sino que dicha garantía puede limitarse para la prevención de infracciones ya sean penales o administrativas, incluso por cuestiones de orden público o seguridad de los derechos de los demás. En ese contexto, se tiene que el fin perseguido y que es constitucionalmente válido es la seguridad pública; el acto de autoridad consistente en la "revisión precautoria", la cual implica una restricción momentánea de la libertad de tránsito, está prevista en la legislación nacional y ésta es congruente con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; y, finalmente se cumple con el requisito de razonabilidad, pues, la simple revisión precautoria que se efectúe sobre una persona, respecto de la cual existen indicios de que está cometiendo un delito (como es el hecho de que al percatarse de la presencia policiaca comenzaron a correr e intentar ingresar a un domicilio), se considera una medida suficiente, para lograr la finalidad de prevención del ilícito. Por ende, es inconcuso que sí existen disposiciones legales que facultan a los policías para prevenir la comisión de los delitos que funden la necesidad de su intervención; de ahí, que si en el caso concreto, los policías aprehensores realizaban un recorrido de control y vigilancia, cunado observaron a dos sujetos, que al notar su presencia comenzaron acorrer, su fin era lícito, ya que constituía precisamente la prevención de una conducta delictiva. Además, cabe precisar que en el ejercicio de sus funciones, los policías están legitimados para, en defensa de su integridad personal, realizar un registro preventivo, como técnica de intervención corporal en la que, mediante una revisión física rigurosa de la persona detenida, indumentaria, objetos que lleve consigo, para localizar e incautar, en su caso, armas u objetos susceptibles de causar un daño físico. Por tanto, si durante la revisión corporal ***, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca, que resultó ser marihuana, es evidente que en ese momento se descubrió la conducta probablemente constitutiva de delito sobre la cual los policías son testigos directos, dado que la posesión de narcóticos, es un delito de carácter permanente que se consuma durante todo el tiempo que se tienen bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata la droga afecta, esto es, que se encuentre al alcance del sujeto activo y con lo cual se pone en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma, la salud pública. En esas condiciones, existe obligación de detener a la persona que sea descubierta en la comisión de un hecho ilícito, como lo es la posesión de narcóticos, sin el permiso correspondiente, de lo cual, los policías se enteraron en el ejercicio de sus funciones de prevención de delito, que la propia Constitución y la legislación federal les otorgan, y éstos se ciñeron al procedimiento y la llevaron ante el representante social; por tanto, y opuesto a lo afirmado por el defensor del quejoso, existió flagrancia delictiva, por lo que no se vulneraron sus derechos fundamentales. Al respecto, es dable destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias emitidas en los casos Acosta Calderón contra Ecuador y López Álvarez contra Honduras, sostuvo la legalidad de revisiones y detención que se dieron en supuestos similares a los antes relatados. Así, en sentencia emitida el veinticuatro de junio de dos mil cinco, al resolver el fondo del caso Acosta Calderón contra Ecuador, la Corte señaló lo siguiente: "... 50. Después de analizados los elementos probatorios, la declaración del perito, así como los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte considera probados los siguientes hechos:-50.1. El señor ***, de nacionalidad colombiana, nació el 20 de agosto de 1962 y tenía 27 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Residía en Putumayo, Colombia, y se dedicaba a la agricultura. ... En relación con la detención y el proceso penal seguido contra el señor Acosta Calderón. 50.2. El señor Acosta Calderón fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la Policía Militar de Aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. El parte policial rendido ese día indica que en una maleta incautada a la presunta víctima se halló una sustancia que la policía presumió era 'pasta de cocaína' ... Alegatos de la Comisión. 51. En relación con el artículo 7 de la Convención Americana la Comisión alegó que: a) el arresto del señor Acosta Calderón 'fue efectuado in flagrante delicto (sic), cuando la Policía Militar de Aduana halló una sustancia que posiblemente tenía la apariencia de una droga prohibida, en cuyo caso la Comisión no podría decir que el arresto de por sí haya sido arbitrario'; ... Alegatos de los representantes. 52. En relación con el artículo 7 de la Convención Americana, los representantes hicieron suyas las alegaciones hechas por la Comisión y además señalaron que: a) la presunta víctima fue detenida sin 'una orden de prisión preventiva o de detención dictada por un Juez. ... La policía no podía realizar la detención bajo una presunción, ... no podía «presumirse» que se trataba de una sustancia sujeta a control, el deber de la policía era determinar, en el mismo acto, que la (supuesta) sustancia (incautada a la presunta víctima) era ilegal'; b) al no existir prueba alguna en contra del señor Acosta Calderón 'nunca pudo existir flagrancia, que habría sido la causa legal para la detención'; c) 'la ley doméstica no establece que la mera posibilidad de una eventual infracción sea causa para realizar la detención, por el contrario, el delito debe encontrarse perpetrando al momento de la detención o haberse perpetrado inmediatamente antes. Toda detención que no cumpla con este requisito es arbitraria'; ... 56. Esta Corte ha señalado que la protección de la libertad salvaguarda 'tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal'. 57. Asimismo, este tribunal ha manifestado, en relación con los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Convención, relativo a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, que: según el primero de tales supuestos normativos (artículo 7.2 de la Convención) nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto (artículo 7.3 de la Convención), se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. 58. La Constitución Ecuatoriana vigente en el momento del arresto de la presunta víctima disponía en su artículo 19.17.h que: nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por más de 24 horas ... . 59. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal del Ecuador de 1983, vigente en la época de los hechos, establecía en su artículo 174 que: en caso de delito flagrante cualquier persona puede aprehender al autor y conducirlo a presencia del Juez competente o de un agente de la Policía Nacional o de la Policía Judicial. En este último caso, el agente inmediatamente pondrá al detenido a órdenes del Juez, junto con el parte respectivo. ... 60. A su vez, el artículo 175 del mismo Código de Procedimiento Penal disponía que el flagrante delicto (sic) se produce cuando un delito: ... se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos o documentos relacionados al delito recién cometido. 61. De conformidad con los artículos 19.17.h de la Constitución Política y 174 y 175 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, vigentes al momento de los hechos, se requería orden judicial para detener a una persona, salvo que haya sido aprehendida en delito flagrante. Tal y como lo señala la Comisión y, contrario a lo señalado por los representantes, el arresto del señor Acosta Calderón fue efectuado en supuesto flagrante delicto (sic), tal y como lo establece el derecho interno ecuatoriano. La Policía Militar de Aduana realizó el arresto al hallar al señor Acosta Calderón con una sustancia que tenía la apariencia de una droga prohibida, por lo que el arresto de por sí no fue ilegal. 62. Esta Corte recuerda que, de conformidad con la misma legislación interna, en el presente caso se debieron seguir los procedimientos relativos a la comprobación de los elementos del tipo penal aplicado que pudieran dar pie a la subsistencia de las causales de la detención en supuesta flagrancia y la apertura de un proceso penal en contra de la persona detenida. ..." Por otra parte, en sentencia emitida el uno de febrero de dos mil seis, al resolver el caso López Álvarez contra Honduras, la Corte Interamericana señaló lo siguiente: "... Respecto de la detención del señor ***. 54.9. El 31 de marzo de 1997 la Dirección de Investigación Criminal recibió una llamada telefónica de una persona no identificada, quien indicó que 'el señor *** era vendedor de cocaína en grandes cantidades'. En esa fecha, oficiales de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico 'empezaron a realizar las pesquisas del caso, recibiéndose otras llamadas telefónicas sobre los movimientos del acusado (señor Sunny Loreto Cubas)'. El 27 de abril de 1997 la DIC recibió una nueva llamada telefónica de 'fuente no identificada', que señaló que ese mismo día '(el señor) *** (***) se encontraría con dos personas en la playa'. Consecuentemente, los oficiales ***, *** montaron vigilancia en las inmediaciones del Hotel Puerto Rico, ciudad de Tela, Honduras. 54.10. El 27 de abril de 1997 el señor *** buscó al señor ***, mecánico, para obtener la reparación de su automóvil, que no funcionaba. Aquél le informó que sería preciso remolcar el automóvil para repararlo. Dado que no era posible trasladar el vehículo en ese momento a la ciudad de Tela, la presunta víctima 'tomó un jalón' con el señor ***, hacia las cercanías del Hotel Puerto Rico en dicha población. 54.11. El mismo 27 de abril de 1997, en horas de la tarde, oficiales de la Lucha contra el Narcotráfico revisaron el vehículo en el que viajaban los ***y *** y encontraron y decomisaron dos paquetes que contenían un polvo blanco. Seguidamente detuvieron a dichos señores en el estacionamiento del Hotel Puerto Rico. Al momento de la detención el señor *** no fue informado de sus derechos como detenido, ni de los hechos que se le imputaban. Ese día los oficiales de la DIC detuvieron al señor *** en las cercanías del Hotel Puerto Rico ... 55. Alegatos de la Comisión a) Respecto de las características de la detención: i) el señor *** fue detenido por agentes del Estado el 27 de abril de 1997 sin orden judicial expedida por autoridad competente. El Estado no ha demostrado que se trataba de una detención infraganti; los agentes a cargo de la detención buscaban personas con características físicas diferentes de las del señor *** y no se ha probado su participación en los hechos que se le imputaban. Existen indicios para considerar que la privación de libertad del señor López Álvarez fue realizada con el objetivo de inhibirlo de su participación como defensor de las tierras comunitarias de su pueblo, y que del procedimiento penal seguido en contra de la presunta víctima se desprende que los tribunales de justicia no investigaron la posibilidad de que la potestad pública pudiera haber sido utilizada para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante actos dotados de apariencia legal, que tendieron a privar al señor *** de su libertad personal; ... 57. Alegatos del Estado: Es falsa la afirmación de que la detención del señor *** fue consecuencia de un montaje realizado en virtud de su desempeño como dirigente social, ya que antes del juicio penal seguido en su contra se desarrolló un procedimiento policial e investigativo para capturar a la presunta víctima infraganti. ... 59. La Corte ha señalado que la protección de la libertad salvaguarda tanto la libertad física de las personas como su seguridad personal, en una situación en que la ausencia de garantías puede subvertir la regla de derecho y privar a los detenidos de protección legal. 60. El artículo 7.2. de la Convención establece las condiciones materiales y formales para la privación de libertad. 61. El artículo 84 de la Constitución Política vigente cuando se detuvo al señor *** establece que: nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección. 62. El artículo 11 del Código de Procedimientos Penales, Decreto No. 189 de 1984, vigente en la época de los hechos, establecía que: El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido deberá ser informado en el acto con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección. Se entenderá delincuente infraganti quien fuere hallado en el acto mismo de perpetrar el delito o de acabar de cometerlo, o bien cuando todavía lo persigue el clamor popular como autor o cómplice, o se le sorprende con las armas, instrumentos, efectos o papeles que hicieren presumir ser tal. ... . 63. De conformidad con los referidos artículos 84 de la Constitución y 11 del Código de Procedimientos Penales, vigentes al momento de los hechos, se concluye que para detener a una persona es preciso que exista orden judicial, salvo que se trate de flagrante delito. 64. En la detención infraganti legítima es preciso que exista un control judicial inmediato de dicha detención, como medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de la medida. 65. En el presente caso, de acuerdo con los hechos establecidos (supra párr. 54.11), el señor *** fue detenido en condiciones que permiten suponer, razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin por la legislación interna, tomando en cuenta que la detención coincidió con el decomiso por parte de los agentes del Estado de una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida; por ello, la detención no fue ilegal en sí misma. ..." De los criterios reproducidos, claramente puede advertirse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que -cuando la legislación interna así lo prevé- las detenciones realizadas con motivo de la flagrancia delictiva no son ilegales en sí mismas; máxime, si ésta coincide con el aseguramiento de objetos ilícitos. Por ende, si en la especie -como se demostró- la detención del quejoso se efectuó en virtud de que los elementos aprehensores, al realizar un recorrido de vigilancia sobre el cruce de las calles ***, en esta ciudad, se percataron de dos sujetos, quienes al advertir la presencia policiaca corrieron aproximadamente ocho a diez metros, motivo por el cual precedieron a darles alcance y al realizarle una revisión corporal a ***, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca; entonces, es evidente que la detención está justificada legalmente. Por lo antes señalado, este tribunal considera que los policías actuaron conforme a las potestades que les confiere el artículo 21 constitucional, que en lo que interesa establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función ...", pues únicamente se limitaron a hacer uso de sus facultades como autoridad preventiva de la comisión de conductas delictuosas, con el fin de preservar la seguridad pública; por ello, se insiste, la detención del impetrante sí estuvo justificada, pues fue sorprendida en flagrante posesión del psicotrópico y estupefaciente mencionados. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y uno, Volúmenes 181-186, Séptima Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de contenido siguiente: "SALUD, DELITO CONTRA LA, FLAGRANCIA EN EL. Aun cuando el inculpado haya sido privado de su libertad sin que existiera orden de aprehensión dictada en su contra, ello no significa que no se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, si fue detenido por agentes de la Policía Judicial Federal cuando tenía en su poder la droga afecta a la causa, lo que implica lógicamente la urgencia y necesidad de su detención por la flagrancia del hecho delictivo. Como consecuencia del criterio aquí sostenido, tal como se anunció, es infundado el argumento por la parte quejosa pues como se ha visto, la actuación de la policía al practicar la revisión del impetrante, no resulta violatoria de sus derechos fundamentales, ni su posterior detención; precisamente porque ello fue en ejercicio de las facultades de prevención del delito, que se encuentran encomendadas a esa autoridad policiaca. Es puntualmente aplicable, la Jurisprudencia (V Región)5o. J/5 (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2210, que establece lo siguiente: DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito. b) Análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente Raúl Rene Ramírez Hernández, acompañado de su defensor público penal, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, previo su conocimiento de derecho a declarar o no hacerlo, el imputado asistido de su defensor público se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Control encuadró la conducta a lo previsto por el artículo 477, en relación con el 479 de la Ley General de Salud, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. En la especie, la responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con el 479 de la Ley General de Salud, toda vez que tuvo por acreditado que el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el cruce de la calles ***, en esta ciudad, Raúl Rene Ramírez Hernández, fue quien probablemente poseyó 112.27 gramos de marihuana; cantidad inferior a la que resulta de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla (cinco kilogramos), sin la autorización de las autoridades correspondientes. Lo anterior, tomando en consideración los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, consistentes en el parte informativo elaborado por Carlos Gustavo Serrano Macías y Juan Flores Rodríguez y Joe Maneses Rojas Aguirre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el que en esencia manifestaron que siendo las quince horas con treinta y dos minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno al realizar un recorrido de vigilancia sobre el cruce de las calles ***, en esta ciudad, se percataron de dos sujetos, quienes al advertir la presencia policiaca corrieron aproximadamente ocho a diez metros, motivo por el cual precedieron a darles alcance y al realizarle una revisión corporal a ***, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca al parecer marihuana; y dictamen pericial en materia química, elaborado por Diana Belén Solís Ríos, en el que se concluyó que el narcótico con peso neto de 112.27 gramos, corresponde a cannabis sativa, conocido comúnmente como marihuana. Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 132 y 274 y 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que la Ley General de Salud, considera como delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en parte informativo elaborado por *** y *** y ***, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el que en esencia manifestaron que siendo las quince horas con treinta y dos minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno al realizar un recorrido de vigilancia sobre las calles ***, al advertir la presencia policiaca corrieron aproximadamente ocho a diez metros, motivo por el cual precedieron a darles alcance y al realizarles una revisión corporal a ***, se le localizó en la bolsa izquierda de la pantalonera que vestía una bolsa de plástico trasparente con hierba verde y seca; y dictamen pericial en materia química, elaborado por ***, en el que se concluyó que el narcótico afecto con peso neto de 112.27 gramos, corresponde a cannabis sativa. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con el 479 de la Ley General de Salud; y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó; con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Raúl Rene Ramírez Hernández, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal 8071/2021, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy quince de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el informe justificado del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de alegatos 68/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre del actual, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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