Raúl Martínez Gónzalez

Expediente 21/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
21/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Raúl Martínez Gónzalez
  • Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Con Residencia En Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA V. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, acusa recibo del oficio 6464/2018, a través del cual se le remitieron las constancias que exhibió como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º agréguese a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, teniendo por cumplido el requerimiento de acuse, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que mediante proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 127 y 128), se ordenó remitir al archivo el presente juicio de amparo; sin embargo, se advierte que no fue devuelto el anexo que remitió el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, como complemento a su informe justificado, por lo que mediante oficio, remítanse a la citada autoridad, las copias certificadas de la causa penal 250/2013. De ahí que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley que rige la materia, se requiere a la citada autoridad que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibida que de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V. Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido por las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Se comunica al quejoso que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido al quejoso para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el referido peticionario de amparo no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 76 a 86), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****************************** contra los actos y autoridades señaladas en los considerandos segundo y tercero de ésta sentencia, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución. Cuyos efectos fueron los siguientes: a) Dejar intocada la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, pronunciada en los autos de la causa penal *******, ahora ********, en virtud de que al tratarse el indiciado de un homónimo del aquí quejoso, esta resolución no abordó el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. b) Emita un acuerdo en el que ordene a las autoridades facultadas para ejecutar dicha orden, no la realicen contra el aquí quejoso que responde al nombre de *******************, nacido el quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, con clave única de población ****, hijo del matrimonio celebrado el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, entre ***************y *****************, y cuyos abuelos maternos son ***************** e ********************; pues de no hacerlo se violarían sus derechos fundamentales. En tanto a las autoridades ejecutoras Fiscal General de Justicia del Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación deberán abstenerse de ejecutar la indicada orden de aprehensión contra el mencionado quejoso, cuyos datos de identificación quedaron anotados en el párrafo anterior. En la inteligencia de que esta concesión de amparo, no impide a las autoridades responsables la ejecución de dicha orden de aprehensión contra quien se libró, y cuyos datos de identificación obran en los autos de la causa penal **** del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Así las cosas, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 97 y 98), causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las responsables para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dieran cabal cumplimiento a tal resolución. En esa tesitura, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (foja 104 y 107), el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México y del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, comunicaron mediante diversos oficios de veintitrés de dos mil dieciocho, que se dejó sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión librada en la causa penal número ****. Posteriormente el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copias certificadas del auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el que ordenó a las autoridades facultadas para ejecutar la orden de aprehensión girada en contra del quejoso ****************************, abstenerse de dar cumplimiento material a la misma en la persona del antes mencionado, nacido el quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, con clave única de población *************************, hijo del matrimonio celebrado el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, entre ******************** y de **********************, y cuyos abuelos maternos son *********************** e **************************, lo anterior sin perjuicio de cumplimentarse dicha orden de aprehensión librada en contra de *******************************, cuyos datos de identificación obran en la causa penal ******************, ahora **********. En ese contexto, el quejoso fue omiso en realizar manifestación alguna en el plazo concedido para tal efecto; por tanto, se procede a realizar el análisis de las constancias citadas, de las cuales se advierte que las autoridades responsables realizaron lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, las autoridades responsables, dejaron sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión librada en la causa penal ***************. 2. Por otra parte, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordenó a las autoridades abstenerse de dar cumplimiento a la orden de aprehensión respecto del aquí quejoso, nacido el quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, con clave única de población ****, hijo del matrimonio celebrado el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, entre ************* y de ***************, y cuyos abuelos maternos son ***************** e ***********************, así como de dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra de Raúl Martínez González por el delito de homicidio, cuyos datos de identificación obran en la causa penal número ***************, ahora ********** del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, misma que dejó intocada. Así las cosas, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, pero dejando subsistente dicha determinación en contra de su homónimo en la carpeta de investigación 185/2014, ahora 250/2013 del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de las autoridades responsables, se advierte que ha dado cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.

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