Raúl Herrera Maya

Expediente 1683/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1683/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Raúl Herrera Maya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. ACUSA COLEGIADO Y ADMITE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja enviado por este Juzgado de Distrito, así como las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 1683/2022 de este índice e informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, radicado con el número ********************; de lo cual se toma conocimiento y se está a la espera de lo que resuelva la superioridad. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito signado electrónicamente por el quejoso ********************, a través del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. De conformidad en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo, en el sentido de ser cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el escrito original de expresión de agravios al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil veintitrés. COLEGIADO REMITE EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente físico y electrónico para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada el treinta de marzo del año en curso, dentro del recurso de queja ********************, cuyo punto resolutivo es: ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por ********************, por derecho propio, contra el acuerdo emitido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esa ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1683/2022-VII. Por tanto, acúsese recibo al tribunal colegiado y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Ahora bien, tomando en consideración que la superioridad, declaró fundado el recurso de queja por los motivos expuestos en la ejecutoria que se remite, salvo que este juzgador advirtiera diversa causa de improcedencia. En ese contexto, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del órgano jurisdiccional y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, respecto del acto que se reclama consistente en la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la junta responsable en el ******************** en la que declaró improcedente el incidente de revisión de actos de ejecución en contra del actuario adscrito a dicha junta, respecto a la diligencia de embargo realizada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De los preceptos transcritos, se desprende que tratándose de actos realizados en el período de ejecución de sentencia, solo es procedente el amparo biinstancial cuando se interponga contra la última resolución que en esa fase se pronuncie, entendiéndose por última resolución la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre el concepto de "última resolución" a que se refiere el citado precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 32/2001, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, (Abril de 2001), página 3, con número de registro 190035, que indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo que, debe decirse que, de acuerdo a los antecedentes del juicio natural y que fueron establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución en el expediente laboral ********************, el cual no constituye la resolución que tiene por cumplido el laudo o establece que lo embargado deba ser puesto a disposición de la parte actora, pues existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embarga dinero o créditos realizables en el acto, dado que en una vez trabado el embargo se debe resolver sobre el pago al actor. Asimismo, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio relativo a que procede el juicio de amparo indirecto, en la etapa de ejecución de sentencia contra actos que sean de imposible reparación, esto es que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos; sin embargo, esos derechos sustantivos que se vean afectados deben ser ajenos a los que se puedan perturbar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, es decir, que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán ejecutarse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, (Enero de 2011), página 6, con número de registro 163152, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Precisado lo anterior, es de establecerse que el acto reclamado no afecta en perjuicio del ahora quejoso sus derechos sustantivos, y en el caso, es claro, que la citada resolución que constituye el acto reclamado, no afecta alguno de los citados derechos fundamentales, y en consecuencia tampoco puede considerarse que dicha resolución, sea un acto de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial que nos ocupa, al tratarse de una resolución que declaró improcedente el incidente de revisión de actos de ejecución en contra del actuario de la Junta responsable, la cual de conformidad con el artículo antes señalado, no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, ya que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada, por lo que únicamente podrán hacerse valer las violaciones cometidas dentro de éste, hasta que se pronuncie dicha determinación. Refuerza tal argumento, la Jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 3542, de la Décima Época, con número de registro 2020323, que indica: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda." Ello es así, porque se trata de un acto intermedio que por su propia naturaleza no es impugnable en amparo indirecto, porque entorpecería la tramitación del citado procedimiento y sólo hasta que se dicte la resolución definitiva correspondiente, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo; por lo tanto, las violaciones cometidas en dicho procedimiento deben analizarse hasta que se actualice la hipótesis descrita en líneas anteriores; por todo lo cual, el amparo es improcedente. La condicionante para su procedencia radica en que dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; y en el particular la resolución reclamada no involucra afectación a derechos sustantivos, pues lo determinado en la misma podrá ser materia de estudio al analizar la última resolución emitida en ese procedimiento y, de ser el caso, podrá repararse. Se cita por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia I.6o.T.J/89, de la Novena Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, (Marzo de 2018), página 1482, con número de registro 170134, misma que sirve de apoyo para el caso a estudio, en virtud que el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, no es opuesta a la diversa fracción III del numeral 114 de la ley de la materia abrogada; criterio que establece: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Se reitera que no representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que se han citado en esta determinación, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Por tanto, el acto que en esta vía se pretende combatir, por su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a la misma. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca en el Estado de México y otra autoridad. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el que acusa recibo del oficio 39229/2022 a través del cual fue remitido el escrito original de agravios, asimismo informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y está en espera a que el Tribunal revisor emita la resolución respectiva. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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