Raul Leonel Uribe Garcia

Expediente 1680/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1680/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Raul Leonel Uribe Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA VII Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden de ideas, devuélvase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, la copia certificada del expediente laboral J.5/764/2014, enviado al momento de rendir su informe justificado; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal, el acuse del oficio por el cual se le haga entrega. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, párrafo tercero del acuerdo en mención). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Ahora bien, se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 126), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, aduce haber cumplido el fallo protector, a lo cual la parte quejosa no realizó manifestación en torno a que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio, se precisa que por sentencia de cuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 101 a 113), se concedió al quejoso **, el amparo y protección de la tutela constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir de la diligencia de cuatro de marzo de dos mil quince, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y las actuaciones relativas a su ejecución, exclusivamente respecto del quejoso ** Mediante auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 118 a 120), causó ejecutoria dicha resolución, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este Juzgado el treinta de enero del año en curso (foja 124), la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, remitiendo copia certificada de la constancia que a su dicho lo acreditaba. Por lo que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 126), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que hubiere expresado diversas cuestiones en torno al cumplimiento del fallo protector. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otras cosas, que el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia está cumplida o no, y si se incurrió en exceso o defecto; el suscrito procede a determinar si la sentencia dictada en el juicio en que se actúa fue cumplida en sus términos, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable en cumplimiento a dicha sentencia. Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con la constancia de la autoridad responsable, se advierte que ha dado cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    MESA VII Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, con el que comunica la forma en que cumplió con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    MESA VII Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto el cuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 101 a 113), en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, realice lo siguiente a) Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir de la diligencia de cuatro de marzo de dos mil quince, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y las actuaciones relativas a su ejecución, exclusivamente respecto del quejoso Raúl Leonel Uribe García. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumplan con la ejecutoria y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, en especial la sentencia de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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