Raul Magaña Balam

Expediente 1885/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1885/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Raul Magaña Balam

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1885/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra las omisiones que reclama del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ********************, contra las omisiones que reclama del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en Ciudad de México. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se registró y admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social al adscrito a este juzgado. Se recibió el informe justificado rendido por la responsable. Finalmente, con esta fecha, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos omisivos de autoridades distintas de la judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en Ciudad de México. La omisión de entregar el título de propiedad respecto del lote ********************de la localidad de ********************, municipio de ********************, con motivo de la solicitud ********************, realizada ante la autoridad responsable el día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados La apoderada legal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, rindió su informe justificado en el cual negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, sin embargo, se advierte que es cierto el acto dado que de sus manifestaciones se advierte su certeza. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovido en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues además de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa relativo al principio de impartición de justicia pronta y expedita que refiere el artículo 17 constitucional, el cual resulta suficiente para conocer el amparo y protección de la Justicia Federal. En principio conviene precisar que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, el derecho humano que resulta vulnerado con la conducta omisiva de la autoridad responsable, es el reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, relativo al acceso a la justicia, ya que la solicitud formulada por la parte quejosa forma parte de un procedimiento no contencioso seguido ante la autoridad administrativa. Ahora, a fin de demostrar la ilegalidad de la conducta de la autoridad, conviene tener presente el artículo 17 Constitucional que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el asunto que se analiza, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Expuesto lo anterior, respecto a la calificación registral para la inscripción, en el caso, de derechos parcelarios, y por consiguiente, la expedición de las escrituras correspondientes, cuya omisión reclama el peticionario de amparo, su tramitación se encuentra prevista en la Regla 1/07 Regla para la Regularización de la Tenencia de la Tierra que en su artículo 49, se establece: "Artículo 49. Con el objeto de que los avecindados cuenten con el tiempo necesario para realizar el pago de los costos de la regularización, éstos tendrán un plazo de hasta seis meses, contado a partir de la fecha contenida en el acuse de recibo de la solicitud de contratación presentada por el avecindado conforme a los artículos 33 y 34 de la presente Regla. Efectuado el pago, se procederá a la emisión de la escritura o título de propiedad correspondiente dentro de un plazo no mayor a seis meses, el cual contendrá como elemento de transmisión de la propiedad de que se trate a favor del avecindado las características formales de un contrato de compraventa. Cuando el interesado no pueda acudir a firmar la escritura o título de propiedad correspondiente, a fin de dar celeridad al trámite designará a la CORETT para que lo haga en su nombre y representación, debiendo ratificar esa designación a más tardar dentro de los diez días hábiles previos a la recepción de la escritura. En caso de no hacer la ratificación requerida esta designación quedará sin efecto y se repondrá el procedimiento en el cual el interesado podrá actuar por sí mismo o nombrar a quien lo haga en su nombre y representación. Concluido el trámite de inscripción de la escritura o título de propiedad ante el Registro Público de la Propiedad Local, se notificará al avecindado la fecha de entrega del documento". De dicho numeral se desprende que una vez realizado el pago de los costos de regularización el Instituto procederá en un plazo no mayor a seis meses a emitir la escritura o título de propiedad. Ahora bien, de las documentales que anexó la quejosa se advierte que desde el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno cubrió el monto total de regularización, por lo cual han transcurrido un año once meses sin que a la presente fecha se haya emitido la escritura o título de propiedad correspondiente o determinación algina en la que se haga sabedor al solicitante las razones o fundamentos por los cuales no es posible hacerlo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que al rendir su informe justificado la autoridad responsable hizo diversas manifestación en torno a que no es posible atender a la solicitud del quejoso, dado que existen diversas controversias judiciales respecto del inmueble que se pretende regularizar, sin embargo ,de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado no se advierte determinación alguna en la que de manera fundada y motivada resuelva la solicitud del quejoso. En esas condiciones, es incuestionable que se ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues se incumplió con la función registral que les está encomendada. En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para los efectos siguientes: La autoridad responsable Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en Ciudad de México, de inmediato deberá emitir de manera fundada y motivada la determinación que resuelva la solicitud del quejoso, y que caso de no ser procedente deberá determinarlo expresando los motivos y fundamentos de su determinación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra las omisiones que reclama del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en Ciudad de México, por los motivos indicados en el considerando sexto de este fallo, para los efectos referidos en el considerando último. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud a que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, con sede en Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto número ********, con número de orden 221/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. CÚMPLASE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitido por la apoderada legal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento efectuado en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, y remite copia certificada de diversas constancias, al respecto se acuerda: De una revisión de las constancias remitidas por la autoridad y de autos, se advierte que la autoridad oficiante omitió remitir copia certificadas el expediente formado con motivo del trámite realizado ante la autoridad responsable, mediante la contratación ********************, de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo en vigor y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificadas relativa al expediente formado con motivo del trámite realizado ante la autoridad responsable mediante la contratación ********************, de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la misma norma. NOTIFÍQUESE.

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