Raúl Eyden Peniche Torres

Expediente 491/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Raúl Eyden Peniche Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, agréguense a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio telegráfico enviado por el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, en el que realiza diversas manifestaciones respecto a las constancias que le fueron requeridas; ello en virtud, de lo acordado en párrafos anteriores respecto a la firmeza de la sentencia dictada en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 491/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. (...) SEXTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: [.] Establecidas esas premisas, se considera actualiza la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa reclama la omisión de contestar el escrito presentado en la oficialía de partes del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, el doce de mayo de dos mil veintidós; sin embargo, de las constancias allegadas se advierte el oficio *** de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud del quejoso presentada el doce de mayo de dos mil veintidós. En relación con lo anterior, al rendir su informe con justificación, las responsables, anexaron copia certificada del oficio *** de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que atendió la solicitud del quejoso presentada el doce de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado, ya que la responsable atendió la solicitud del quejoso, lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de petición, por lo que hace a la omisión de contestar el escrito presentado en la oficialía de partes del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, el doce de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: [.] Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando tercero y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con el que atiende el requerimiento realizado en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho oficio y anexo y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito remitido electrónicamente por ***, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, mediante el cual informa que el quejoso ha recibido la respuesta a su solicitud hecha a la autoridad responsable y lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la respuesta dada a la parte quejosa que constituye la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes. Apercibida las autoridades requeridas, que de no remitir la documentación solicitada, dentro del término indicado o no informar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, en relación con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diez de febrero del cursante, para que manifestara a qué autoridad quiso referirse al señalar como responsable en estos autos al "Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 5, Delegación Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en la Ciudad de México", sin que hasta la presente fecha hubiera hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por tanto, continúese el trámite del presente juicio de amparo, sin tener como autoridad responsable al "Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Número 5, Delegación Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en la Ciudad de México", y suspéndase toda comunicación con la misma, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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