Raul Gonzalez Gutierrez
Expediente 780/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Raul Gonzalez Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el cual comunica que se ha hecho disponible el expediente electrónico del juicio de amparo 2720/2022, de su índice, para consulta de este Juzgado de Distrito. En tal virtud, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), adscrito a este Juzgado, a fin de que relacione el juicio de amparo 2720/2022, del índice de la autoridad oficiante, para su consulta. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos del que se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación de la interposición del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Raúl González Gutiérrez, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, remítase el original al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad: 1. El expediente físico del juicio de amparo 780/2023-V. 2. El original del escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios interpuesto por la parte quejosa. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 4. El sobre que contiene la factura original del vehículo marca Nissan Versa Advance, modelo 2012, placas ZAD-042-B, del Estado de Yucatán, número de motor HR16703410J y número de serie 3N1CN7AD6EL871345, de color rojo, exhibida por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Lo anterior, para la sustanciación del referido recurso. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. CÚMPLASE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el quejoso ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, entréguese copia del escrito de expresión de agravios a la autoridad responsable. Hecho lo anterior, remítase el original del escrito de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, asimismo, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para lo que la Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el expediente de amparo 2720/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para dictar sentencia y continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2720/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. En Mérida, Yucatán, siendo las once horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, Azucena Sosa García, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo; el auto de admisión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el informe justificado rendido por las autoridades responsables, el auto de radicación de siete de marzo de dos mil veintitrés y con el resto de actuaciones de trámite. Asimismo, se hace constar que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede. Enseguida, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales remitidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no formularon alegatos. El Juez: En atención a la relación secretarial que antecede, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 780/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistente en la retención del ***. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda promovida por ******************** en el Juzgado Quinto de Distrito; por lo cual, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2720/2022 y se admitió la demanda. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de la demanda respecto de nuevos actos reclamados y nuevas autoridades responsables, a saber, la emisión de las boletas de infracción ******************** y ********************, así como la retención del vehículo en mención, reclamadas a la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 2720/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 780/2023-V, y se turnó para dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad distinta de la judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitieron en su apoyo; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." De lo anterior, se obtiene que, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Sobre el primer aspecto, en atención a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 134/2018, se considera que la parte quejosa, previo al amparo, debió acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, por lo siguiente. El artículo 482 de la Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, establece: Interposición del recurso de revisión. "Artículo 482. En contra de las sanciones que se impongan por violaciones la Ley y este Reglamento, procede el Recurso de Revisión que se interpondrá ante el Juez de Vialidad que las haya impuesto. El procedimiento y la forma para interponer el recurso de revisión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán." Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: "Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto regular los actos y procedimientos administrativos previstos en las diversas disposiciones legales vigentes y establecer un único recurso para impugnar los actos administrativos que causen agravio a los particulares, y sus disposiciones son aplicables a: I.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen los órganos de la administración pública centralizada del Estado de Yucatán; II.- Los actos y procedimientos administrativos que realicen las entidades de la administración pública paraestatal del Estado de Yucatán, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el propio Estado a través de una paraestatal, y III.- La actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado. IV.- Esta Ley podrá ser aplicada por la administración pública municipal centralizada y paramunicipal en el Estado de Yucatán, en ausencia de disposiciones administrativas de observancia general emitidas por la misma, de conformidad con el artículo 177 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán." Por su parte, el diverso artículo 126 de la ley citada, establece: "Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones de las dependencias y entidades, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los particulares podrán interponer el recurso administrativo de revisión. Será optativo para el particular agotar el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Contra la resolución definitiva que se emita en el recurso administrativo de revisión, el afectado podrá acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal." En ese orden de ideas, de los preceptos recién transcritos se obtiene que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, contra las sanciones que se impongan por violaciones a la Ley de Tránsito y su reglamento, procede el recurso administrativo de revisión o bien el juicio contencioso del cual corresponde conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Ahora, sobre el segundo aspecto, en cuanto a si la suspensión en dicho medio de defensa se puede conceder en los términos que prevé la Ley de Amparo, sin establecer un mayor plazo para su resolución o mayores requisitos, se tiene que: Los artículos 16, 23 y 24 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "Artículo 16. El Tribunal admitirá la demanda tan luego le sea presentada, desechándola en los casos siguientes: I.- Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia. II.- Siendo oscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo hiciere en el plazo de cinco días. Contra los actos de desechamiento a que se refiere este artículo, procede el recurso de reclamación." "Artículo 23. La suspensión de los actos impugnados, deberá acordarse por el Magistrado en el mismo auto en que admita la demanda haciéndolo saber, sin demora, a la autoridad demandada, para su cumplimiento." "Artículo 24. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o bien cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y, entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Tribunal podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo; no obstante podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." Por otra parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de modo que se pueden establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. También prevé que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese contexto, de tales dispositivos, se desprende que el Tribunal Contencioso Administrativo admitirá la demanda tan luego le sea presentada, y en el mismo auto deberá acordarse la suspensión de los actos impugnados y que, inclusive, puede darle efectos restitutorios; en consecuencia, se debe concluir que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Razones por las que, en seguimiento a lo ya determinado por el Tribunal Colegiado referido, el suscrito considera que la parte quejosa no está exenta de observar el principio de definitividad. Cabe señalar, que la detención y retención del vehículo Nissan Versa Advance, modelo 2012, placas ********************, del Estado de Yucatán, número de motor ******************** y número de serie ********************, no es un acto de autoridad aislado, le preceden dos boleta de infracción suscrita por el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, en la cual se expusieron los fundamentos y motivos que justificaron su emisión. Además, no se actualiza una violación directa a la constitución, y acorde a lo expuesto, la procedencia del juicio administrativo no es dudosa y se encuentra prevista en una ley. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia con registro 2012670, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario." En esas condiciones, a criterio del suscrito, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de las boletas de infracción y la retención del vehículo en cuestión, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por la accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 62 y 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y otra autoridad, por las razones expresadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. [...]
- Incidental
V. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 205/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El trece de enero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En en proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se registró y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables. Igualmente se emplazó al agente de Ministerio Público de la Federación. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior ya que se reclaman dilaciones dentro de un procedimiento laboral. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural exhibida por la Presidenta de la responsable, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Son fundados los conceptos de violación del quejoso en el cual aduce que no se han realizado el emplazamiento a la Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral ****. El derecho constitucional contemplado en dicho ordinal pertenece a la especie de los derechos de seguridad jurídica, el cual en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. [...] De estos requisitos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del referido texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se disipe la controversia. Ahora bien, de las documentales públicas remitidas por la Junta responsable y que corresponden al juicio laboral *** se advierte, que el trece de diciembre de dos mil veintidós, se giró exhorto recordatorio a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, igualmente se señalaron las diez horas con treinta minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, no obra constancia alguna del emplazamiento de la demandada ***, asimismo el señalamiento de la fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se encuentra fijada fuera de los quince días del plazo que establece dicho artículo. En razón de lo anterior, es innegable la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita a que alude el normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los numerales 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que estatuyen, entre otros, el principio de Justicia pronta, lo que se traduce en una denegación de justicia pronta en perjuicio del derecho consagrado por el aludido precepto constitucional al gobernado. En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo solicitado para los efectos que enseguida se precisan SEXTO. Efectos de la sentencia En atención a lo resuelto en el anterior punto considerativo y al otorgamiento del amparo al justiciable, con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la responsable, deberá: Continuar con el procedimiento respectivo, asimismo de manera inmediata gire nuevo exhorto correspondiente a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, con el fin de que informe respecto del emplazamiento de la demandada ***. Asimismo, señale nueva fecha para la audiencia conciliación, demanda y excepciones, misma que deberá señalar en el plazo que marca el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto aunque la responsable deba diferir dicha audiencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ****, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerado quinto de este fallo, y para los efectos precisado en el sexto siguiente de esta sentencia. NOTIFIQUESE [...]
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- Raul David Colli Basto1378/2023
- Raul Enrique Chay Arjona1520/2023
- Raúl Eyden Peniche Torres491/2023
- Raúl Francisco Canto Echeverria1385/2023
- Raul Hernan Ferreiro Albertos1452/2023
- Raúl Humberto Navarrete Ortegón1558/2023
- Raúl Jesús González Hernández2129/2023
- Raul Magaña Balam1885/2023
- Raul Montalvo Vales163/2023
- Raul Royne Quintal Suarez696/2023